La eurodiputada ha subrayado que el acuerdo es positivo para España y los intereses de los sectores productivos españoles, porque “cumple con sus demandas”. En rueda de prensa con los medios de comunicación, Aguilera ha desgranado los detalles más reseñables del acuerdo. Por un lado, habrá un techo de ayudas o «capping», voluntario para los EEMM,  de hasta 100.000 euros por explotación, con un decrecimiento que irá de los 60.000 a los 100.000 euros, de los cuales el agricultor podría deducirse hasta el 50% del total de los gastos salariales, incluidos los gastos de su propio trabajo. “No queremos que el empleo contabilice en negativo”, ha remarcado.

“La obligatoriedad de un sistema redistributivo de ayudas que hará de esta una PAC  más justa”, ha señalado la eurodiputada, que ha matizado que se destinara hasta el 10% al pago redistributivo a las primeras hectáreas de  las pequeñas explotaciones, “que tendrán una ayuda adicional y, además, será obligatorio para todos los Estados miembros”.

Dimensión social y medioambiental

Aguilera ha subrayado que el acuerdo contempla por primera vez a la mujer como objetivo prioritario de la PAC: “los planes estratégicos nacionales deberán tener en cuenta las políticas de género”. Además, las ayudas para los jóvenes ascenderán al 3%.

Asimismo, dentro de dimensión social, el avance más novedoso radica en que las posibles infracciones de la normativa laboral tendrán consecuencias en la percepción de los pagos. “A partir de 2025 se cruzarán las actas de las inspecciones laborales con las ayudas agrícolas y aquellos que incumplan la normativa tendrán problemas a la hora de percibir ayudas agrarias”, sostiene la eurodiputada.

También se refuerza la sostenibilidad medioambiental a través de “inversiones verdes” centradas en la innovación y la investigación, “los ejes principales para avanzar en el Pacto Verde Europeo”. Aguilera argumenta que, así, “conseguiremos impulsar la competitividad de las explotaciones y evitar la competencia desleal de terceros países”. En este sentido, ha recordado que, “sin agricultores, no será posible alcanzar los objetivos del Pacto Verde”.

La eurodiputada ha resaltado que la reforma incluya como ayuda para los agricultores el pago único, la renta básica para la sostenibilidad. “Los Estados miembros tendrán que definir qué es un agricultor activo o genuino, es decir, aquel agricultor que pueda recibir ayudas agrarias”, ha dicho. “También tendrá que definir qué es nuevo agricultor”, ha señalado Aguilera, que ha insistido en que estas definiciones “son esenciales para recibir esa renta básica de sostenibilidad”.

En cuanto a los ecoesquemas, pieza clave de la arquitectura verde de esta reforma, junto con las medidas climáticas  del Desarrollo Rural, gozarán de dos años de prueba, entre 2023 y 2024, durante los cuales contaran con un porcentaje de «aprendizaje» del 20%. A partir de 2025 se aplicará el 25%.

OCM única

Aguilera ha destacado que esta reforma concluye, por primera vez en décadas, con avances hacia la regulación en la OCM única, es decir, la que recoge las normativa específica de los distintos  sectores agrícolas. “Hemos incluido varias normas regulatorias que demandaban los sectores, en lugar de desregular, como era la tónica de las sucesivas reformas de la PAC ”, ha señalado la diputada, que ha puesto en valor que la aceituna de mesa se incluya dentro del almacenamiento privado. En cuanto al vino, los derechos de plantación van a continuar hasta 2045 y se reconoce al vino desalcoholizado o parcialmente desalcoholizado; también se incorpora el etiquetado del valor calórico y la lista de ingredientes vía soporte electrónico.

Del mismo modo, cualquier indicación geográfica protegida o denominación de origen, no solo del vino, el queso y el jamón, van a poder gestionar su oferta y decir cuánto producto lanzan al mercado cada año.

Una vez aprobado el acuerdo para la reforma de la PAC, los Estados miembros deberán presentar sus planes estratégicos antes del 31 de diciembre de 2021. La Comisión Europea tendrá 6 meses, hasta el 30 de junio de 2022 para darles luz verde, con el fin de que entren en vigor el 1 de enero de 2023.