Diversas asociaciones agroganaderas del norte de la provincia de Granada
y Almería han presentado alegaciones a las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a apoyar el uso de servicios de asesoramiento a las
explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.
Entre las entidades que han presentado alegaciones se encuentran la
Asociación de Productores y Consumidores de Productos Ecológicos (ARIECO),
la Asociación de Productores Ecológicos del Altiplano de Granada y Almería
(APEAGA) y la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (AGAPRO).
Estas asociaciones, entre otros fines, pretenden la defensa de los intereses de las
comarcas del norte de la provincia de Granada y Almería, los cuales
históricamente se han visto discriminados con respecto al resto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Según José Antonio Azor, Presidente de AGAPRO, “las bases reguladoras
para el asesoramiento agrario vuelven a orientarse, como en las convocatorias
anteriores, hacia la monopolización de estos servicios por ASAJA, COAG, UPA y
FAECA, condenado a otras entidades locales o provinciales que vienen
ejerciendo estas funciones a la desaparición por la pérdida de competencias”, ha
indicado.
Una vez más se origina una desventaja competitiva en perjuicio de
pequeñas entidades, que aún careciendo de la dimensión y alcance de los
grandes sindicatos, vienen realizando un asesoramiento de calidad, real y
personalizado.
Las asociaciones denuncian que los servicios de asesoramiento quedarán
“monopolizados”, vulnerándose el principio de igualdad y creando una situación
muy distante de la deseable, esto es, la existencia de un amplio y diverso abanico
de entidades, que de forma versátil y adaptada a las particularidades de cada
territorio, presten lo servicios de asesoramiento de una forma real y eficaz.
Y es que las grandes entidades no tienen por qué estar vinculadas a un
asesoramiento eficiente, real y de calidad, sobre todo en territorios alejados de las
capitales de provincia, donde los beneficiarios de los servicios tienen que
desplazarse a las grandes ciudades ocasionando pérdida de tiempo y recursos.
Por su parte, Javier Martínez, Tecnico de ARIECO, ha indicado que “las
bases reguladoras están enfocadas para que los grandes sindicatos obtengan
una vez más las máximas puntuaciones de la concurrencia competitiva de las
subvenciones a pesar de que en el pasado la aplicación de los procedimientos y
metodologías de los servicios de asesoramiento se llevó a cabo de forma
deficiente y no se canalizaron los recursos de forma adecuada para que el
agricultor/ganadero recibiese la formación necesaria de una forma real y eficaz”.
Las asociaciones solicitan que se tenga en cuenta y se valore a las
entidades de ámbito de actuación reducido con sede y ámbito de actuación en
municipios con riesgo de despoblamiento, ya que son estas entidades las que se
ubican de forma permanente en estos municipios y tienen un conocimiento
profundo de sus particularidades y necesidades, dotándolos de servicios que
contribuyen a evitar el despoblamiento. En contra de esto, el sistema de
valoración que se propone puede suponer la concentración de los servicios de
asesoramiento en las grandes entidades anteriormente citadas, que no están
arraigadas al territorio y cuyas oficinas tienen un carácter temporal, al ser oficinas
satélite dependientes de centrales que se ubican fuera del territorio, generalmente
en las capitales, y que no contribuyen a generar una infraestructura permanente
que permita luchar contra el despoblamiento.

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