España ha empezado a perfilar las bases de la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que el Gobierno quiere tener lista en esta legislatura e incluir en ella la participación de toda la sociedad, del conocimiento científico, del sector privado, de las distintas administraciones que deberán aplicar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Con este objetivo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado este jueves las jornadas ‘Juntos por el Clima’ para recabar las prioridades, posiciones y peticiones de los distintos sectores y recopilar las opiniones respecto a la futura política de Estado contra el calentamiento global que permita a España cumplir con los objetivos adquiridos en el marco de la Unión Europea y tras ratificar el Acuerdo del Clima de París.
Este jueves, tres mesas de trabajo han analizado tanto la mitigación, desde el sector agrícola, ganadero, forestal y la alimentación; la importancia y la adaptación al cambio climático en España y, en tercer lugar las soluciones a las ciudades.
Las cuestiones han sido debatidas por el sector académico y científico, la sociedad civil, el sector privado, las administraciones públicas y territoriales y los grupos políticos, que han aportado sus conclusiones para la futura normativa.
En concreto, todas las partes han coincidido en el mensaje de la necesidad de que la futura ley apueste por una coordinación vertical de las estrategias, con respeto a las competencias de las distintas administraciones, estatal, autonómica y municipal que, a su vez sea coherente y establezca objetivos ambiciosos, indicadores cuantificables y evaluables y que permita una transición hacia una economía descarbonizada sin dejar de lado la búsqueda de la justicia social y la educación.
Desde la sociedad civil han reclamado que la futura norma cuente con una evaluación independiente y con objetivos e indicadores sociales agregados, como por ejemplo género, sensibilización social; de transición agroecológica, como la disminución de químicos o ganadería industrial, que promueva una dieta sostenible y la reducción del malgasto de alimentos. En definitiva, instan a elaborar una hoja de ruta con un proceso participativo que incluya un espacio físico para el debate con tiempo y medios suficientes.
Mientras, el sector privado ha defendido que el sector agroalimentario y el forestal son «estratégicos» para el cambio climático y que la ley debe estar, a su juicio, basada en un «principio incentivador y no sancionador», que requiera esfuerzos, pero que se pueda cumplir y que aporte seguridad jurídica y evite la falta de coherencia entre el Gobierno, las comunidades autónomas y municipales para afrontar el cambio climático. Además, recuerda que todo ello debe permitir la «obligación» de alimentar a la sociedad y permitir la competitividad del sector, al tiempo que pide una discriminación positiva de las renovables.
Por su parte, desde las Administraciones territoriales, considera que la mitigación debe establecerse con esfuerzos de reducción sectoriales, con una ley que incluya objetivos específicos cuyo cumplimiento sea obligatorio y que permita, a su vez, mecanismos flexibles de regulación.
En todo caso, la estrategia –y esto ha sido una constante en las distintas mesas de debate y sectores– debe ser transversal, de modo que afecte a todas las áreas que de manera integrada se reorganicen de forma coherente, con unos presupuestos adecuados y con políticas que vinculen a todos los sectores y, por otro lado, vertical, es decir que se aplique en todas las administraciones (estatal, autonómica y municipal) de forma que se complementen pero que cada uno «tenga claro» las competencias de cada uno.
También este sector aboga por medidas de fiscalidad, de transparencia y de promoción de la agricultura ecológica, las energías renovables, las políticas forestales y el consumo incentivado de huella de carbono y ve fundamental la comunicación con los ciudadanos.
Desde el sector financiero, se pretende que en la futura ley y estrategia para combatir el cambio climático en España primero se evalúe la situación para después legislar y, posteriormente, evaluar de nuevo las políticas que se apliquen y que la fiscalidad, los incentivos y los impuestos ecológicos sirvan para alcanzar los objetivos pero que tengan «vocación de desaparecer» una vez logrados. También, el sector financiero ha trasladado su apuesta por los préstamos más que por las ayudas porque, advierte que, en la actualidad hay «mucha» financiación que no se está utilizando.
