Ante el previsible acuerdo la próxima semana sobre el Marco Financiero Plurianual del que depende el presupuesto de la futura Política Agrícola Común, cuyas propuestas legislativas se presentarán en breve, Unión de Uniones ha trasladado a la Comisión Europea, a los Eurodiputados, a los grupos parlamentarios en las Cortes, al Gobierno estatal, así como a las CC.AA, las principales orientaciones que debería contemplar la renovada PAC para conseguir llegar a sus objetivos y garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola.
Unión de Uniones ha desarrollado un documento con las principales propuestas compartidas por todas las Uniones territoriales, donde se refleja la necesidad de una PAC verdaderamente simplificada que, según la organización, parece que nunca llega, así como unas normas que vayan encaminadas a las personas, a los agricultores y ganaderos profesionales y no a los llamados agricultores de sofá.
En este sentido, la organización no pide más financiación, sino una mejor distribución de los recursos que pasaría por una reforma profunda en las reglas del juego, tanto definiendo la figura del agricultor activo de manera efectiva como una ordenación en la Cadena Alimentaria.
Esta ordenación debería ir encaminada a proteger más a los eslabones débiles a través de la identificación de posición de dominio, la prohibición de prácticas desleales como la venta a pérdidas, no contemplada en la reciente propuesta de Directiva de la Comisión, así como evitar la concentración de grandes empresas en un sector para impedir la creación de monopolios y productores cautivos.
Unión de Uniones destaca que la PAC supone para el país 6.500 millones anuales que van destinados al medio rural, por lo que no se debe bajar la guardia y estos recursos financieros deben ir a quien trabaja en el campo y en la explotación, huyendo también de los derechos históricos, cuando puedan no estar justificados en la actualidad.
Asimismo, la organización considera que las ayudas deberían ir encaminadas a mejorar la renta de los agricultores y ganaderos, aunque su base fundamental debería alimentarse de un reparto equilibrado del valor añadido generado a lo largo de la cadena alimentaria, por lo que sería necesaria una reforma profunda en este sentido que garantice esto.
Unión de Uniones, además, destaca que un 36 % de los beneficiarios de la PAC tienen más de 65 años, lo que pone en evidencia que las pensiones que percibe el sector no son suficientes para obtener una jubilación digna que permita retirarse a muchos mayores facilitando así el necesario relevo a las generaciones sucesivas.
“El trabajo en el campo y en explotaciones ganaderas ha requerido a lo largo de la vida laboral, un gran esfuerzo físico y requiere el manejo de maquinaria pesada”, afirman miembros de la organización, “Creemos que, aunque sea sólo por humanidad y seguridad, las personas que han llegado a la edad legal de jubilación, no deberían verse obligadas a tener que seguir trabajando”, concluyen.
La organización cree que la nueva PAC y los Estados miembros deben también remover algunos obstáculos que se encuentran los jóvenes en su incorporación al sector, como el tratamiento fiscal de las ayudas, entre otros.
