El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado los nuevos aranceles impuestos por el Gobierno de EEUU a tres empresas andaluzas que exportan aceituna de mesa negra a este país, a las que dos compañías norteamericanas acusan de dumping (cuando un productor vende en un país por debajo del precio al que lo hace en su mercado nacional), subrayando además que las nuevas tasas (del 17,13%) son “desproporcionadas”. Estas medidas antidumping afectan no sólo a las tres demandadas (Aceitunas Guadalquivir, Agro Sevilla y Ángel Camacho), sino que son de aplicación a todo el sector y se suman a otras antisubvención (del 4,47%) vigentes desde el pasado mes de noviembre. La suma de ambos aranceles encarece la exportación a EE UU de tal manera que, si se aplican de manera definitiva (el proceso sigue abierto y por lo tanto son provisionales), en la práctica puede suponer la expulsión de este mercado de los productores andaluces.
Sánchez Haro ha recordado que un procedimiento antidumping no es competencia de la Administración porque se trata de un proceso que atañe exclusivamente al ámbito empresarial, pero que aún así “continuaremos ofreciendo el máximo apoyo a las empresas denunciadas”. A su juicio, no estamos ante una situación de competencia desleal de las compañías andaluzas, sino que su posición dominante obedece al “mayor desarrollo de nuestra industria, nuestra gran tradición exportadora y al conocimiento de los mercados exteriores” que tiene el sector.
El consejero considera que, aprovechando la política proteccionista que está desarrollando la Administración presidida por Donald Trump, las compañías demandantes “quieren obtener una ventaja competitiva” ante unas empresas andaluzas que tienen un posicionamiento del 30% en el mercado. La aplicación definitiva de estos derechos antidumping y antisubvención supondría en la práctica el cierre del mercado de EEUU para las aceitunas negras andaluzas, con lo que están en riesgo dos millones de jornales, 300 empresas y en torno a 8.000 trabajadores y trabajadoras fundamentalmente de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla. Estas medidas podrían prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga (posibilidad que recoge la legislación norteamericana) y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.
Medidas antisubvención
Los aranceles impuestos son todavía provisionales y suponen un paso más de un proceso cuya resolución se prevé que no se conocerá hasta el próximo mes de julio y que tuvo su primer impacto el pasado noviembre, cuando se empezaron a aplicar medidas antisubvención al considerar las demandantes que las ayudas que reciben las empresas andaluzas les dan una ventaja competitiva. Sánchez Haro insiste en que estas acusaciones son infundadas ya que estos incentivos son perfectamente legales y se atienen a lo que estipula la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que “cuestionarlas supone poner en duda todo el sistema de ayudas de la Unión Europea”.
La gravedad del proceso antisubvención abierto por el Departamento de Comercio de EEUU ha llevado a que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural esté trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa). Este frente común, que ha sido secundado por las organizaciones agrarias andaluzas (Asaja, Coag y UPA) y por Cooperativas Agro-alimentarias, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, que defiende la legalidad de estas ayudas.
Sánchez Haro considera en este sentido que hay que seguir trabajando unidos, subrayando que la colaboración con el Ministerio y la Comisión Europea “ha sido total”. Asimismo, ha recordado que un equipo de alto nivel de la Consejería de Agricultura lleva meses trabajando en la ingente cantidad de información que se ha aportado en defensa de las empresas andaluzas, miles de documentos relativos a más de 40 empresas y que se remontan incluso a la década de los 80.
Las medidas puestas en marcha contra las empresas andaluzas tienen además un carácter “discriminatorio”, ya que no se aplican a otros exportadores a Estados Unidos como Egipto, Turquía, Marruecos o Argentina, o incluso de otros países de la Unión Europea como Grecia y Portugal. Esto les sitúa en una posición muy favorable en el mercado, lo que supone un importante agravio comparativo.
Las exportaciones de aceituna negra española a EE UU suponen un 36% en volumen, con 32.000 toneladas en 2016 y un valor de 70 millones de euros al año.
