El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, propuso a sus homólogos de las otras comunidades autónomas la elaboración de una posición común estatal para «alinear» el documento consensuado en la Comisión Sectorial del pasado mes de abril con la nueva comunicación de Bruselas sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC).
Así lo trasladó en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola mantenida recientemente en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde explicó que este estrategia nacional debe dirigirse a «reclamar un presupuesto europeo suficiente» para garantizar la lucha de la agricultura contra el cambio climático, la protección de los agricultores frente a unos precios mundiales «muy volátiles» y la fijación de la población al territorio.
Sánchez Haro lamentó que los cambios anunciados desde Bruselas provocan «incertidumbre y preocupación» en el sector agrario andaluz al suponer una «reforma radical» que, entre otras modificaciones, parece conllevar implícitamente una desaparición de los derechos de pago básico al vincularlos al cumplimiento de objetivos ambientales. Además, el consejero también lamentó que el informe «no rechaza de forma expresa la cofinanciación de los pagos directos», lo que supone una renacionalización de la PAC a la que se opone el Gobierno andaluz porque «sería una ruptura del mercado único europeo».
El titular de Agricultura discrepa también con que se achaque toda la responsabilidad del problema del cambio climático a la agricultura, si bien reconoce que esta actividad «es parte de la solución y debe fomentarse su contribución a mitigar las consecuencias». En este mismo sentido, recalcó que no comprende como un problema global como éste «se pueda dejar a la deriva de la cofinanciación y de la capacidad presupuestaria de cada Estado miembro».
Rodrigo Sánchez echó en falta medidas de regulación de mercados «que puedan constituir una efectiva red de seguridad para los casos que no pueden cubrirse con la gestión de riesgos” y ha puesto de relieve que, aunque se profundiza en la figura de agricultor activo, “no sabemos cómo quedará esta condición después de dos años de su aplicación opcional con el Reglamento Ómnibus».
El único aspecto positivo que resaltó el consejero es la consideración que hace la Comisión de las pequeñas explotaciones y la agricultura familiar en esta comunicación que persigue adaptar la PAC a la nueva situación de los mercados y los retos de la Unión Europea.
