La Unión de Uniones considera básico modificar la decisión adoptada en el 2008 con el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en la que se establecía que los derechos de plantación terminaban el 31 de diciembre de 2015, si los EEMM así lo decían, o el 31 de diciembre de 2018. Así mismo considera necesario dejar clara la interpretación del artículo 67 de dicho Reglamento, como vía para la autorregulación de la masa vegetal por parte de las Denominaciones de Origen.
La revisión de la OCM vitivinícola prevista para finales de este ejercicio debe tener en cuenta la opinión mayoritaria del sector, soslayar el ánimo desregulador de las negociaciones en el marco de la OMC, reorientar la PAC hacia la necesaria regulación de un sector básico en el tejido socioeconómico de muchas regiones en el Estado y en la UE y hacerse eco de la presión que el sector en su conjunto está formulando.
Dicha opinión se ha manifestado no sólo a través de las organizaciones agrarias y cooperativas, Consejos Reguladores de las D. O., sino también a través de las posiciones de quince de los veintisiete Estados Miembro de la Unión Europea, tras la incorporación de Bulgaria al grupo de los Estados que se oponen a esta decisión.
Por otra parte en su última reunión la Asociación de Regiones Europeas Vitícolas (AREV) presentó las conclusiones de un «Estudio sobre los impactos socioeconómicos y territoriales de la liberalización de los derechos de plantaciones vitícolas» en el cual se señala entre otras conclusiones que los derechos de plantación no suponen una carga económica que impida competir con otros modelos productivos de los nuevos países productores, que el mercado libre no evita crisis de sobreproducción – Argentina y Australia, así lo han demostrado recientemente – , que la supresión de tales derechos de producción sólo ha tenido lugar en aquellos territorios incapaces de cumplir las reglas de autorregulación y que el sistema de derechos de plantación ha permitido establecer estructuras socioeconómicas altamente competitivas, como lo demuestran las cifras de exportación de los vinos españoles y europeos.
Asímismo el estudio concluye con las nefastas consecuencias económicas, sociales, medioambientales, territoriales y paisajísticas que el cambio de modelo traería como consecuencia de una desregulación basada en productividades y volúmenes de producción no ligados a la calidad.
Por tanto la liberalización supone una desregulación que va a incidir en la disminución de los precios de uva y vino, mermando las rentas tras años de crisis en el sector. La regulación del sector mediante la existencia de dichos derechos ha generado un modelo de producción abierto a los mercados tanto nacionales como internacionales, logrando competir en calidad con otros modelos desregulados, generando riqueza, tejido socioeconómico, paisaje y siendo respetuoso con el medio ambiente.
Por otra parte, el modelo vitivinícola europeo ha permitido fijar población en áreas con notables dificultades para optar por otras alternativas productivas, buscando el equilibrio y atendiendo a las peculiaridades productivas de cada región. Este encaje de intereses mutuos entre las partes ha permitido generar un tejido industrial agroalimentario que en muchas ocasiones ha superado la ausencia de una auténtica política vitivinícola tanto a nivel del Estado como de la UE, no generando coste alguno a las arcas de la UE.
Es preciso que ante esta situación el sector recupere su capacidad de presión y en este sentido la Unión de Uniones hará llegar al nuevo Ministro sus justificadas demandas que permitan modificar la decisión adoptada en 2008. Es el momento de mostrar un apoyo definitivo y justificado que permita la continuidad del régimen de derechos de plantación, no sólo para el viñedo con denominación sino de todo el viñedo más allá de los plazos señalados en el OCM de 2008.
