La masa forestal española es, tras la de Suecia, la más grande e importante de Europa, y una fuente de riqueza y de empleos, pero también de servicios ecológicos y sociales difícilmente evaluables y cuantificables.Porque esos bosques capturan carbono, contribuyen a la regulación hídrica, a combatir la erosión del suelo, a mejorar la calidad del aire y a conservar la diversidad biológica española, la más rica y variada de Europa.
Y aunque los productos y servicios que presta el monte son muchos (turismo, resinas, trufas, setas, etc), sólo el de la madera genera unos 90.000 empleos directos y la cantidad que cada año se extrae de los bosques llenaría dos veces un estadio como el Santiago Bernabéu.
Hacerlo de una forma ordenada y regulada no sólo es rentable económicamente, sino que también lo es desde el punto de vista social o medioambiental, porque una adecuada gestión forestal contribuye, además de a sostener un potente sector industrial como el de la madera, a prevenir incendios forestales o plagas.
Nada tiene que ver un correcto aprovechamiento forestal y una ordenada extracción de madera de los bosques con la denostada «deforestación», y los expertos señalan como ejemplo que los lugares donde esos aprovechamientos están más arraigados desde hace varios siglos (Valsaín o El Espinar, en Segovia) son también ejemplo de conservación, de uso racional y de compatibilidad entre intereses económicos y protección medioambiental.
En España prácticamente toda la madera que se extrae del bosque -sobre todo la que procede de montes públicos- pasa por un proceso de subasta que genera cada año un volumen de negocio que ronda los 100 millones de euros.
Según datos de «Maderea», una plataforma dedicada a fomentar el mercado de la madera nacional y a centralizar la información sobre los centenares de subastas que cada año se realizan en España, el pasado año se licitaron casi tres millones de metros cúbicos de madera en un total de 706 subastas.
Isabel María Lorente, ingeniera forestal y responsable de esta plataforma, ha subrayado que los montes «son seres vivos» y están más sanos y saludables cuanto más cuidados y atención reciben; «gestionarlos bien, sacar la madera vieja y rejuvenecerlos es muy positivo para la fauna y para la flora».
En declaraciones a EFE, Lorente ha observado que en España existe «una gran masa forestal, pero escasa cultura forestal», ha señalado que la capacidad de aprovechamiento de madera es muy superior a la que se hace en la actualidad y ha advertido de que ese desaprovechamiento y una mala gestión conducen al abandono del monte, con el consiguiente aumento del peligro de incendios o de plagas.
Ha insistido la ingeniera forestal en la importancia económica y social de la industria de la madera, y ha observado que las casi 13.000 empresas del sector emplean de forma directa a unas 90.000 personas y en que prácticamente todos esos empleos están localizados en zonas rurales -las que más sufren la despoblación- y próximas a las masas forestales.
«Esas empresas y trabajadores son los primeros interesados en cuidar las masas forestales de España porque de ellas depende su materia prima», ha manifestado Isabel María Lorente, y ha incidido en que todas las talas que se realizan en España están sometidas a rigurosas normas y controles para determinar las condiciones de cada extracción; «talar no es deforestar, más bien al contrario, es dar vida al bosque».
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, casi la mitad de la superficie forestal de España (unos 11 millones de hectáreas) se encuentran en áreas protegidas (parques nacionales, naturales o espacios de la red Natura 2000), y para dinamizar el sector el Gobierno ha impulsado el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal con hasta 75 medidas concretas que abarcan hasta el año 2020.
Entre otros objetivos, el plan pretende incrementar el número de empleos relacionados con la actividad forestal, mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural que están vinculados a ese sector y aumentar también el número de explotaciones forestales «ordenadas y gestionadas».
