La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras realizar un análisis de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Agricultura en relación a la cesta de la compra, insiste en las graves disfunciones en la cadena alimentaria cuyos efectos perjudican tanto a los productores como a los consumidores.
Denuncia que el IPC de los alimentos se ha incrementado en los últimos 3 años en un 3,1 %, mientras que ha bajado un 3,2 % el de precios pagados a los agricultores y ganaderos, lo que revela el gran desequilibrio en la cadena alimentaria.
Entre los años 2012 y 2015 el Índice General de Precios al Consumo ha entrado en deflación, con una bajada del 1,4 %. En ese mismo período, el IPC de la Alimentación ha seguido, por el contrario, una clara tendencia creciente; lo que ha hecho que a finales de 2015 los consumidores estuvieran pagando un 3,1 % más por la cesta de la compra que a principios de 2012. Este incremento de los precios al consumo en los alimentos contrasta con la evolución general de los pagados al agricultor y ganadero, que si bien han tenido una recuperación en el año 2015, en el conjunto del último trienio se han recortado en un 3,2 %.
Así mismo, considera que esta situación se debe a las disfunciones existentes en la cadena alimentaria, cuya notable evidencia impulsó hace dos años la aprobación de la ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria: «Esta medida, sin embargo, no está corrigiendo como debiera los desequilibrios existentes, con negativas consecuencias tanto para los productores como para los consumidores.» – señalan desde la organización. – «Una prueba de ello son estos datos; parece que alguien se está forrando a causa de los agricultores y los consumidores y aquí nadie dice nada» – critican.
La organización, en las discusiones de la Ley promovió, sin encontrar eco en el Gobierno, la necesidad de definir la posición de dominio de los operadores en el mercado con el fin poder identificar aquellas prácticas abusivas que se ejercieran desde la misma. La ausencia de esta definición es uno de los elementos que limitan las actuaciones de la Ley.
Unión de Uniones ha expuesto en los documentos que ha hecho llegar a las distintas formaciones políticas, que de cara a la próxima legislatura, la revisión de la Ley y el refuerzo de sus instrumentos, debe estar en la agenda con el fin de hacerla realmente útil.
Por otro lado, advierte de las negativas consecuencia que tendrán, en este contexto de precios bajos a los productores y precios altos a los consumidores, el avance de negociaciones de acuerdos internacionales con terceras potencias comerciales, tipo Mercosur o TTI: «Mientras las deficiencias de la cadena alimentaria no se reparen, los desarmes arancelarios para facilitar el comercio y la importación de producciones más baratas, con menos calidad y menos garantías, acabarán sacrificando nuestros sectores primarios productivos y destruyendo empleo, sin que los consumidores de beneficien de precios más bajos»..
La organización considera que los Estados deberían dejar fuera de estos acuerdos a la alimentación, que por su valor de derecho esencial debe diferenciarse claramente de las commodities destinadas al uso comercial y huir de la especulación.
