La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha intervenido esta tarde en el foro ‘Krisen richtig managen’ –’La gestión adecuada de la crisis’- organizado por la revista Fruchthandel Magazin en el marco de la vigésima edición de la feria Fruit Logística, donde ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar el actual sistema de gestión de crisis y hacer críticas constructivas al funcionamiento del mismo, dada la gran trascendencia económica y de salud pública que pueden generar las alarmas recogidas en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, siglas en inglés).
En este encuentro han tomado parte también el portavoz del ministerio alemán de Alimentación, Agricultura y Defensa del Consumidor, Robert Schaller, y la asesora de Política Alimentaria de Freshfel Europe, Raquel Izquierdo de Santiago.
Durante su intervención, Aguilera ha hecho hincapié en que la inadecuada gestión de una crisis puede generar graves consecuencias en la reputación de los productos afectados, conseguida a base del esfuerzo continuado de los productores durante años ofreciendo alimentos con la máxima calidad y seguridad. Por este motivo, es indispensable que se llevan a cabo mejoras en el sistema para permitir «un correcto uso de la información, garantizando la seguridad del consumidor y el productor».
En este sentido, la consejera ha destacado que la Unión Europea cuenta con una de las normativas de seguridad alimentaria más estrictas diseñada para reaccionar con rapidez ante las incidencias o riesgos que puedan registrarse en la RASFF pero que, antes de comunicar una alerta, los miembros afectados por estas situaciones «deben evaluar los riesgos» que conlleva esta acción. Desde su punto de vista, sería recomendable que el proceso de notificación de las alertas respetase un procedimiento establecido y común para todos los implicados basado, entre otras premisas, en la imposibilidad de activar una alerta no probada amparándose únicamente en el principio de cautela, y en la vigilancia de que las alertas no sirvan para beneficiar intereses privados. En el caso concreto en que se realicen notificaciones a la RASFF sin garantías sobre la trazabilidad de las partidas donde se ha originado, «no se debe designar el origen de las mismas hasta no contar con plena certeza de su procedencia», ha recalcado Aguilera.
Además, la consejera ha añadido que sería necesario que se guardaran siempre varias muestras de laboratorio cuando se realice un control de calidad, tanto oficial como propio, para que «los propietarios de los lotes que sean objeto de notificaciones puedan defenderse a través de un contra-análisis» en caso de que éstas no se ajusten a la realidad. En este mismo sentido juega también un importante papel el sistema de trazabilidad, que en el caso de Andalucía ha demostrado ser una herramienta muy útil cuando existen riesgos, ya que permite conocer la localización exacta de los productos y tomar decisiones en consecuencia.
Ejemplo andaluz
Aguilera ha expuesto a los participantes la experiencia vivida recientemente por los productores andaluces ante la alerta sanitaria de mayo de 2011 surgida en Alemania y en la que se señalaba a los pepinos andaluces como posible foco de las infecciones por E.coli. «Andalucía se ha visto amenazada por estas situaciones de las que hemos salido fortalecidos, reforzando aún más los valores en los que venimos trabajando desde hace años y que caracterizan nuestro sistema productivo: apostar por la máxima calidad, seguridad, control y protección del medio ambiente».
Gracias al buen funcionamiento del sistema de trazabilidad impuesto en la Comunidad, se localizaron los lotes señalados por las autoridades alemanas en sólo 24 horas y se procedió inmediatamente a realizar los análisis que demostraron que los pepinos de Andalucía estaban libres de contaminación por esta bacteria. A pesar de ello, varios países cerraron sus fronteras a las frutas y hortalizas de nuestra región e incluso, en algún caso, este veto se extendió a la producción hortofrutícola española.
Tras esta prueba de las secuelas del incorrecto funcionamiento del sistema de alertas, la UE ha tenido que habilitar compensaciones económicas dirigidas a los productores afectados por esta injusta acusación que en Andalucía alcanzaron los 33 millones de euros. Una cantidad en la que «no se incluyeron otros productos que indirectamente también se vieron afectados por la crisis», ha matizado la consejera.
La preocupación del sector andaluz por la sanidad vegetal se muestra, además, en la apuesta de los productores por modelos de producción sostenibles, como la agricultura ecológica, y la implantación de técnicas de lucha contra las plagas y las enfermedades que respetan el entorno, como es el caso del control biológico.
Cambios en la futura PAC
Con el fin de mejorar el actual sistema de gestión de crisis, entre otras cuestiones, la Administración andaluza propone que la futura Política Agrícola Común (PAC) contemple la creación de un nuevo mecanismo de gestión de retirada que se desencadene de forma inmediata en el caso de crisis graves. En el caso de que una de estas situaciones se produjera, sería precisa también la puesta en marcha, por un lado, de mecanismos excepcionales que permitieran que las ayudas procedentes de la Comisión Europea se completaran con subvenciones nacionales específicas; y por otro lado, de acciones de comunicación y promoción dirigidas a fomentar el consumo.
Asimismo, desde la Consejería de Agricultura y Pesca se defiende también la idoneidad de adaptar las normas de competencia con el fin de reforzar el peso de las Organizaciones de Productores mejorando al mismo tiempo su poder de negociación en la cadena alimentaria y la exigencia de reciprocidad en los productos importados de terceros países.
En referencia a este flujo de mercado, Aguilera ha recordado hoy que debe garantizarse el cumplimiento de los precios de entrada contemplados en los acuerdos comerciales internacionales y, en caso de ser necesario, proceder a su actualización en función de los costes de producción. Otra de las demandas andaluzas para la nueva PAC es la posibilidad de ofrecer compensaciones a los sectores afectados por las ventas de alimentos procedentes de países no incluidos en la UE.
