La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha presentado hoy en comisión parlamentaria las principales líneas de actuación de su Departamento para los próximos años que, según ha señalado, «están en sintonía con el compromiso asumido por el actual Gobierno andaluz de dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos, a través de una política más cercana a su realidad cotidiana».
En esa línea, y desde la necesidad de superar la actual crisis económica, Víboras ha hecho firme su apuesta de «promover una mayor competitividad del sector agroalimentario y pesquero andaluz, para contribuir a la creación y consolidación de empleo». Un sector del que ha resaltado su fortaleza, con un volumen de negocios superior a los 13.000 millones y más de 5.400 empresas alimentarias, que lo sitúan en el primer puesto de la industria regional.
Igualmente, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz de apoyar una nueva etapa en la aplicación del enfoque Leader, «para mejorar el desarrollo de los espacios rurales y aprovechar las oportunidades de empleo que brindan estos territorios», y ha señalado como otros de sus retos -anunciado en el discurso de investidura de la Presidenta de la Junta-, la creación de un Observatorio de Tierras, para planificar la gestión de las tierras públicas titularidad de la Junta.
Según ha indicado Víboras, «por nuestra parte aportaremos a dicho Observatorio nuestra experiencia en la gestión de tierras de nuestra titularidad. Tras el proceso de acceso a la propiedad y uso de dichas tierras, puesto en marcha a lo largo de las últimas décadas, en la actualidad, la Consejería tiene adscritas para su gestión directa alrededor de 4.800 hectáreas, con un valor agronómico que representa el 0,1% de la Superficie Agraria Útil de Andalucía y cuya gestión genera 5.000 jornales al año».
En opinión de Víboras, el impulso al sector agroalimentario andaluz pasa por conseguir una mayor diferenciación de sus producciones y potenciar la investigación, innovación y transferencia de tecnología -labor que la Consejería desarrolla fundamentalmente desde el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)-, para seguir avanzando en materia de calidad y seguridad alimentaria.
También ha destacado la importancia de potenciar una Administración más ágil que ponga su foco de atención en el ciudadano, culminando el salto cualitativo que en ese sentido viene desarrollando la Junta de Andalucía. «Un proceso de mejora -ha puntualizado- que nos sitúa como la primera Comunidad Española en pagos y beneficiarios de los Fondos Europeos Agrícolas, de los que gestionamos una media anual superior a los 1.500 millones de euros de ayudas directas, y que nos está permitiendo anticipar su cobro en los últimos años, siendo la actual, la quinta campaña consecutiva, tras la reciente aprobación del adelanto de estos incentivos por parte de la Comisión Europea».
El respaldo del Gobierno andaluz al sector agroalimentario queda patente, según Víboras, en el impulso a su modernización, para proporcionarle el entorno estructural y productivo más adecuado. «Así -ha afirmado- vamos a continuar fomentando actuaciones como las orientadas a mejorar los caminos rurales, colaborando con las corporaciones locales responsables. Esta labor de apoyo a los Ayuntamientos ha beneficiado desde 2011 a 505 municipios, con 1.096 kilómetros de caminos mejorados. En los dos próximos ejercicios, completaremos la ejecución de 273 actuaciones en el marco del Plan de Choque por el Empleo, con una inversión de 40 millones euros».
Dentro de las actuaciones de mejora de las estructuras agrarias, también se incluirá al regadío. «No en vano representa más del 60% de la producción agraria y concentra el 63% del empleo agrario andaluz», ha resaltado Víboras.
La consejera también se ha referido a la importancia de apoyar el espíritu empresarial de los jóvenes, para garantizar el relevo generacional en el sector agrario, una de las reivindicaciones andaluzas en el debate nacional de la reforma de la PAC. «Finalmente -ha aclarado- se ha decidido apoyar con el máximo de porcentaje acordado en el ámbito comunitario, un 2% del sobre de ayudas directas, a los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria».
Apoyo al sector hortofrutícola
Asimismo, la consejera ha asegurado que se mantendrá el fondo reembolsable de apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), creado en 2009 con una dotación de 120 millones de euros, y ha manifestado su respaldo a la vertebración del sector y la concentración de la oferta, apoyando todos los procesos que conduzcan a mejorar la dimensión del tejido empresarial andaluz y fomentar la cooperación y alianzas empresariales, con un acento especial en la Economía Social (cooperativas y asociacionismo agrario). «Entre otras actuaciones, y en la tónica de nuestro respaldo a un sector tan estratégico como el hortofrutícola -que en Andalucía mueve más de 5.000 millones de euros, contribuyendo en un 50% a la Producción de la Rama Agraria Andaluza-, alentaremos su apuesta por la integración, prestando apoyo a las 105 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que en el actual ejercicio ya han dispuesto de 68,7 millones en ayudas para ejecutar sus programas de inversión».
Elena Víboras también ha hecho extensivo su compromiso con el sector agroalimentario a las áreas del medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria. «Abogamos por reforzar los modelos de producción sostenible en los que Andalucía es referente nacional, como es el caso de la Producción Integrada o la Producción Ecológica, dando especial impulso a medidas como las agroambientales y complementando la aportación realizada por los Fondos Europeos».
Según ha señalado, «el respaldo que han supuesto dichas ayudas, junto al II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica ha permitido que el sector ecológico haya crecido, desde 2007, un 76,6% en superficie. Con el fin de que la producción ecológica en Andalucía alcance todas sus potencialidades, vamos a poner en marcha el III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica para el período 2014-2020».
Víboras también ha avanzado un esfuerzo especial en pro de un sector clave como es el ganadero -atenazado por las fluctuaciones de precios de los piensos, las dificultades de acceso a la financiación y la contracción de la demanda-, al que ha calificado de «motor económico y generador de empleo, con más de 130.000 explotaciones y una producción anual de 1.500 millones, el 15% del valor de la producción agraria». Asimismo, ha hecho público su compromiso con el sector del algodón y otros en especiales dificultades como la remolacha en el Bajo Guadalquivir.
Otra de las principales líneas de actuación estratégica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se refiere a la nueva etapa del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020. «En estos momentos, estamos llevando a cabo un proceso de reflexión interna sobre los contenidos de dicho Programa, esperando contar con la participación, a partir de otoño de los agentes sociales, económicos, institucionales y académicos implicados, cuya experiencia será clave para la consecución de los objetivos trazados».
Víboras ha destacado el papel de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en este modelo de gestión de las políticas públicas en las zonas rurales. «Actualmente operan en Andalucía 52 Grupos, cuya labor desde que iniciaron su actividad en 2009 se traduce en la puesta en marcha de 5.205 proyectos de emprendedores, que han generado un total de 16.971 empleos».
Prioridades de la PAC
En el marco de la nueva Política Agrícola Común (PAC), la consejera ha asegurado que aunque el acuerdo alcanzado el 25 de julio pasado entre Comunidades Autónomas y Ministerio permite fijar un modelo general de aplicación de la PAC en Españ
a, que sienta las bases para que Andalucía mantenga el nivel de ayudas que recibe anualmente -unos 2.000 millones de euros-, «quedan por definir cuestiones determinantes, entre ellas, los criterios para el reparto de los fondos de desarrollo rural entre comunidades autónomas».
Así, sobre el planteamiento propuesto por el Ministerio en relación con la distribución entre Comunidades Autónomas de los recursos de las ayudas de desarrollo Rural, Elena Víboras ha manifestado su preocupación, «al tratarse de una simulación que, de confirmarse, arrojaría un resultado sumamente lesivo para Andalucía. En todo este trabajo que aún tenemos por delante, mi intención es defender de manera férrea nuestros intereses en esta reforma y mostrar la máxima contundencia con objeto de asegurar el mejor escenario final para Andalucía».
Respecto al sector pesquero y acuícola andaluz -que en Andalucía mueve más de 480 millones de euros y da empleo a unas 21.000 personas-, Elena Víboras ha señalado entre los principales desafíos de su Gobierno la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), sobre la que ha asegurado que luchará por una financiación fuerte y suficiente para Andalucía que permita la continuidad y el desarrollo de su actividad pesquera. También ha abogado por la protección de los recursos pesqueros, la regeneración de los caladeros y la sostenibilidad de las empresas del sector; el incremento de su rentabilidad y competitividad, favoreciendo las iniciativas de transformación y comercialización y la obtención de mayor valor añadido; la defensa de los intereses del sector en acuerdos internacionales y en las relaciones con otros países (Marruecos, Mauritania, Conflicto con Gibraltar), y el impulso de una acuicultura sostenible, generadora de riqueza.
