La organización agraria UPA ha constatado que en los últimos meses el precio de venta más utilizado por las grandes superficies (Carrefour, Mercadona y Alcampo) es de 1,99 euros/kg., «algo que sin duda supone poner en el mercado un producto por debajo de lo que cuesta producirlo», ya que el coste de producción del pollo se situaba en 2010 –los últimos datos disponibles- entre 2,4 €/kg y 2,7 €/kg, según el propio Ministerio de Agricultura.
En opinión de UPA, estos costes «todavía deberían ser mayores» en la actualidad teniendo en cuenta el aumento del precio de los piensos, y que en la fase de producción el coste de la alimentación supone alrededor del 70% de los costes totales de dicha fase.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los hipermercados y supermercados venden casi el 60% de la carne de pollo que se comercializa, mientras que las tiendas tradicionales apenas alcanzan el 31%.
Para UPA, este «nuevo ataque» de la gran distribución al sector primario español, es «todavía más incomprensible» cuando en estos años la producción de carne de pollo se ha mantenido constante, y el consumo de la misma ha estado caracterizada por ligeros aumentos. Según el panel de consumo de Ministerio, el consumo de pollo en 2012 en hogares ha ascendido un 1,8% con respecto a 2011, siendo la carne fresca que más ha aumentado por detrás del pavo.
Con esta estrategia, «la distribución está poniendo en peligro a unos de los pocos sectores productivos que estaba consiguiendo mantener la actividad y el empleo en nuestro país, ya que ante la grave crisis económica el consumidor ha apostado por esta fuente de proteína animal», han criticado desde UPA.
Para evitar este tipo de prácticas, UPA está llevando un intenso programa de trabajo con los representantes de los distintos partidos políticos, para avanzar en la mejora de la Ley de la cadena alimentaria, que en estos momentos se encuentra comenzando su trámite parlamentario.
En este sentido, UPA propone que los grupos parlamentarios enmienden el Proyecto de Ley en aspectos tales como la venta a pérdidas, el incumplimiento de los plazos de pago, la existencia de un régimen sancionador y de un sistema de arbitraje en caso de conflicto, y que los precios cubran los costes de producción.
