El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado este lunes que España intentará «limitar» los cambios que plantea Bruselas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que más «lesivos» son para los intereses del campo español, como los criterios para fijar la superficie elegible que recibirá ayudas a partir de 2014 o la convergencia interna.
A la entrada del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra este lunes y martes en Bruselas, Arias Cañete ha manifestado a los periodistas que «el Gobierno se propuso dar la vuelta a la propuesta de la Comisión, que era muy lesiva para los intereses españoles y, ahora, tenemos un Consejo para dar la vuelta completamente y consolidar una reforma adecuada». «Tenemos que garantizar determinados puntos clave», ha insistido para explicar que pretendemos cerrar un acuerdo político sobre los reglamentos que integran la Política Agraria Común (PAC).
Como ha explicado el ministro, «España quiere hacer valer en las negociaciones que no todos los Estados miembros tienen las mismas características agronómicas y que es necesario flexibilizar las medidas para no hacer una PAC que pueda perjudicar a ningún Estado miembro».
El ministro ha explicado que la agricultura española es «muy diversa» y requiere niveles diferentes de ayudas y por eso ha explicado que para España «no sería deseable» que se produjera un «desplazamiento en intensidades altas» de los fondos europeos de unos sectores a otros. «El texto que plantea la presidencia de la UE, que este semestre ocupa Irlanda, para flexibilizar esa convergencia es una propuesta que gusta a España, pero que podría encontrar fuerte oposición en otros países como Alemania», ha explicado. «No será fácil, pero queremos un menor flujo de fondos de unos sectores a otros, de una CCAA a otra, necesitamos estabilidad en este ámbito», ha añadido.
Asimismo, Arias Cañete ha explicado como España también abogará en las negociaciones por incluir los cultivos permanentes con prácticas agronómicas «racionales» en el llamado pago verde o greening, que condicionará el 30% de las ayudas a esfuerzos medioambientales concretos, porque cree necesario «garantizar la rentabilidad» de sectores leñosos, como el olivar y la viña.
Arias Cañete también ha explicado que otra petición española es que se pueda elevar al 15 % el porcentaje de subsidios acoplados -vinculados a la producción- en sectores clave para el país como la ganadería, «que no está bien tratada en la reforma». El ministro ha anunciado que pedirá extender las medidas del paquete lácteo, que refuerza la capacidad de negociación de los productores frente a las grandes cadenas, a «todos los demás sectores». También se ha referido a la necesidad de consolidar los apoyos a los regadíos para que sigan recibiendo financiación para su modernización.
La prórroga de los derechos de plantación de viñedos y el mantenimiento de las cuotas de azúcar, para evitar la liberalización prevista para estos dos sectores en los próximos años, es también una de las demandas que España va a defender.
