Determinadas cuestiones tales como la reducción del presupuesto, la «tasa plana» para el cobro de las ayudas directas, el reverdecimiento, la intervención bajo mínimos de los mercados, el desinterés por el equilibrio de la cadena alimentaria y la volatilidad de los precios, la complejidad burocrática o las concesiones a terceros países, comprendidas o latentes en las propuestas legislativas de la nueva Política Agraria Común (PAC), centraron las preocupaciones de los agricultores y ganaderos durante el año 2012 y aún en el presente. Tras las continuas negociaciones y debates se consiguieron algunas mejoras en el Parlamento Europeo como el rechazo a la uniformidad de los pagos o la prórroga del régimen de derechos de plantación de viñedos aunque no se ha logrado mantener en los niveles actuales el presupuesto de la PAC, consolidando el reciente acuerdo sobre el marco financiero plurianual la prevista reducción del 13,1%.
Quedan por reconducir, además, muchos aspectos negativos que mantienen incongruencias respecto de la realidad y necesidades del sector agropecuario europeo. Solo una vez aprobados los reglamentos de aplicación y tomadas las decisiones a nivel interno sobre los beneficiarios, superficies elegibles para los pagos directos, el reparto por regiones o la transferencia de fondo entre pilares se podrá analizar la repercusión de las nuevas ayudas para España, que de todas formas no serán operativas hasta el año 2015 siendo 2014 un año de transición según la idea que baraja el comisario Ciolos.
Balance provincial
El incremento de los costes y la bajada de los precios (uno u otro aspecto o ambos a la vez) en la mayoría de las producciones han seguido menoscabando la rentabilidad de los agricultores y ganaderos y sus esfuerzos por subsistir son cada vez más gravosos. Con todo, el sector agroganadero ha sido el que mejor comportamiento está teniendo en esos momentos de graves dificultades económicas y han asomado también algunas luces entre las sombras.
El vacuno de leche fue el ramo más seriamente castigado y Granada no se ha salvado de la funesta realidad que lo atenaza, pues mientras el precio de la leche en origen se estanca entre 0.27 y 0.31 euros/litro los costes de alimentación (según un estudio de la cadena de valor y formación de precios del Ministerio de Agricultura) suben entre 0.34 euros/litro y 0.386 euros/litro. Las medidas adoptadas hasta ahora a través de la aprobación del «paquete lácteo» (obligatoriedad de los contratos, reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales lácteas) no han dado sus frutos, e industria y distribución siguen campando a sus anchas distorsionando la ley de la oferta y la demanda en perjuicio de los ganaderos, el eslabón más débil de la cadena.
No le fue mejor al olivar que también arrastra su particular crisis. Se obtuvo en nuestra provincia una cosecha récord de más de 120.000 toneladas de aceite pero los precios cayeron a límites extremos (1,78 euros/litro el virgen extra y 1,59 euros/litro el virgen), lo que hizo que la Unión Europea activara por dos veces el sistema de almacenamiento privado de aceite retirando del mercado 200.000 toneladas. Esta medida de incentivo de los precios no resultó suficiente para salvar la campaña. Las expectativas en 2013 no son tampoco muy halagüeñas dado que la cosecha se estima un 70% más reducida. Con más del 95% de la aceituna recogida la producción de aceite se calcula en 36.000 toneladas, una de las más cortas que se recuerdan. Los jornales se reducirán notablemente (de 1.300.000 en un año normal pasan a 375.000) y el previsible repunte de precios no compensará a la gran mayoría de olivareros. Las pérdidas económicas en la provincia podrían superar los 135.000.000 de euros. Faltará aceite en las dos próximas campañas para abastecer el mercado español dado que la reducción de cosecha es generalizada.
La sequía y las heladas se sumaron al capítulo de adversidades, sobre todo en el cereal de secano con una merma del 50% de la producción final esperada. Esta bajada de producción no repercutió en el alza de los precios que se mantuvieron en cotas similares a las de años anteriores: el trigo entre 0,26 y 0,28 euros/kilo; la cebada entre 0,23 y 0,25 euros/kilo, la avena entre 0,23 y 0,24 euros/kilo y el maíz entre 0,22 y 0,24 euros/kilo y así muchos agricultores sufrieron graves pérdidas económicas al recoger finalmente muchos menos kilos (calculamos en total pérdidas por valor de 21.550.000 de euros) incluso algunos dejaron de cosechar al ser los costes de recolección mayores que los del propio producto. La almendra también sufrió merma de la cosecha por estos fenómenos climáticos pero en este caso los precios, entre 0,90 y 1,20 euros/kilo en cáscara sí resarcieron en general a los productores granadinos.
Se mantuvieron con algo de desahogo el caprino, en torno a los 0,60 euros/litro de leche; el ovino, a una media aceptable de 60 euros/animal y el vacuno de carne a una media los terneros de sacrificio, como referencia, en torno a 3,80 euros/ kilos en canal, precios con los que los ganaderos se podían haber defendido mucho mejor de no ser una vez más por el encarecimiento de las materias primas para la alimentación del ganado que finalmente mermaron sus beneficios. El porcino blanco obtuvo también buen precio: 1,30 euros/kilo pero nula rentabilidad debido una vez más a los costes en alimentación y también a las inversiones para adaptar las naves a la última normativa de bienestar animal, que muchas explotaciones no han podido asumir.
En hortícolas se siguió la estrategia de aumentar la producción y alargar cosechas para compensar los altibajos en los precios. Las secuelas de la crisis de la E-coli se hicieron sentir en sus inicios con una paralización del mercado exterior que posteriormente se normalizó. Se hizo notar también la competencia del tomate marroquí tras la entrada en vigor del acuerdo UE-Marruecos vendiendo a precios por debajo del precio mínimo establecido. La facturación de las cooperativas hortofrutícolas mejoró en líneas generales más de un 7% respecto del año anterior.
Recortes y crisis financiera
Se ha hecho ciertamente un gran esfuerzo por parte del sector para mantener la actividad y el empleo pese al denominador común del incremento de costes y la bajada de precios, a lo que se añade como factor obstaculizador la reducción de los presupuestos (el Ministerio de Agricultura recortó un 8,9% y la Junta de Andalucía en un 3%) afectando a muchas partidas. Destacamos entre ellas la desaparición de la ayuda autonómica a los seguros agrarios y la ausencia de convocatorias para las ayudas a la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, el cese anticipado de la actividad agraria o el Plan Renove de maquinaria. Sigue siendo una incógnita si los programas de saneamiento ganadero serán financiados en 2013 por la Junta de Andalucía. Lo cierto es que no se han abonado las ayudas correspondientes a 2011 y 2012.
A esta situación de falta de inversión se añadió una mayor dificultad para el acceso al crédito por parte de agricultores y ganaderos empeorándose las posibilidades de mejorar, innovar y modernizar las explotaciones agroganaderas.
Ley de la Cadena Alimentaria
Se empezó a perfilar La Ley de la Cadena Alimentaria en 2012 poniendo un rayo de esperanza a la tan deseada y demandada transparencia en la formación de los precios que reciben los agricultores y ganaderos. El año finalizó, no obstante, sin poder ver la Ley en funcionamiento y se inició con la propuesta de la Comisión Nacional de la Competencia de restringir algunos aspectos que proponían suavizar nuevamente la posición de los productores. El proyecto se ha aprobado muy recientemente y a la espera de conocer a fondo su contenido el s
ector sigue confiando en que sirva para reequilibrar las relaciones entre los distintos operadores de la cadena e incrementar la competitividad del sector en su conjunto.
Pasos atrás
Los regantes de la Costa siguen sin poder llevar agua a sus campos porque las canalizaciones de la presa de Rules no se han hecho. Un asunto que se arrastra desde hace años y que empeora con el tiempo, toda vez que la Junta de Andalucía dice no saber dónde está el dinero que el Gobierno central envió para ese proyecto: 80.000.000 euros, pidiendo además la firma de un nuevo convenio con más dotación presupuestaria y un nuevo plazo de ejecución.
Se enmaraña también el asunto de la gestión de la Cuenca del Guadalquivir. El Tribunal Constitucional anuló las competencias de la Junta de Andalucía sobre el río pero la Junta de Andalucía se empeña seguir creando confusión y cometiendo injusticias. La Agencia Andaluza del Agua acumuló miles de expedientes sancionadores que deberían ser invalidados si están en proceso de recurso, pero en lugar de responder con la anulación de la sanción responde sin más con la inadmisión del recurso abocando a los usuarios a un nuevo procedimiento judicial, estrategia ilegal (contraviene la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) que pretende dejar una puerta abierta para una posible reapertura de expediente de sanción y vuelta a empezar.
Las infraestructuras de carreteras sufren también retardos aumentando los problemas de aislamiento e inaccesibilidad que padecen los agricultores y habitantes en general del mundo rural frenando, además, el desarrollo de los pueblos. Siguen sin terminarse las obras de acondicionamiento de las carreteras A-323 (Guadahortuna-Iznalloz), A-402 (Moraleda de Zafayona-Alhama) A-4154 (Loja-Priego) iniciadas respectivamente en 2008, 2011 y 2008 incluidas perversamente dentro del PLAN MÁSCERCA (Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía).
Robos en el campo
Agricultores y ganaderos asisten impotentes a una sucesión continua de robos en nuestro medio rural sin que las autoridades ofrezcan una respuesta eficaz a esta lacra. Se trata de un problema fuera de control, agravado por la crisis, que requiere para ponerle coto de más medios humanos y técnicos, así como del endurecimiento del Código Penal.
