El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha trasladado a los diputados la situación de los debates de la reforma de la PAC que, previsiblemente, «culminará durante la actual Presidencia irlandesa de la UE con la aprobación de los nuevos reglamentos por el Consejo y la Eurocámara, por primera vez mediante el procedimiento legislativo de codecisión».
Un factor fundamental para la Reforma de la PAC es la negociación del Marco Financiero Plurianual. «España, junto con sus aliados, está liderando la defensa del presupuesto de la PAC», ha explicado el ministro, que confía que se alcance un «acuerdo satisfactorio» en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 7 y 8 de febrero, en Bruselas.
«Una reforma de la PAC como la que estamos abordando precisa de un presupuesto suficiente y, para lograrlo, el Gobierno continuará realizando todos los esfuerzos necesarios para que el Marco Financiero que se adopte «mantenga el nivel de participación de España en el porcentaje de gasto global y refleje el peso y la importancia que la agricultura española tiene en el conjunto de la UE», ha explicado.
PAGOS DIRECTOS FRENTE A PAGO ÚNICO
El responsable de Agricultura ha detallado el conjunto de medidas propuestas por la Comisión en relación con los pagos directos, sobre lo que, ha explicado, se trabaja desde el Gobierno para que el resultado final «responda a la diversidad de las orientaciones productivas españolas, evitando que se produzcan desigualdades territoriales y sectoriales». «La posición negociadora del Gobierno ha contado con una base muy sólida que no es otra que la acordada con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado 15 de junio».
En cuanto a los pagos directos, el ministro ha explicado que la propuesta de la Comisión contempla la sustitución del sistema de ayudas actual por un pago básico, que debería alcanzar un nivel uniforme dentro de un Estado miembro en 2019; un pago adicional vinculado al componente verde; un pago para agricultores situados en zonas con limitaciones naturales; una ayuda asociada voluntaria para determinadas producciones; un pago para jóvenes agricultores y un régimen simplificado para los pequeños agricultores.
Arias Cañete ha destacado, como uno de los elementos más controvertidos, la evolución hacia un sistema de ayudas uniforme por Estado miembro o región. Un tránsito, ha indicado el Ministro, que puede provocar, en países como España, un trasvase significativo de ayudas entre regiones, sectores y agricultores y ganaderos «que puede llegar a poner en peligro la viabilidad de las explotaciones de estos últimos, si no se adoptan medidas».
Frente a esta propuesta, el Ministro ha explicado que España pide «que la aproximación de las ayudas no sea total, y que las pérdidas y ganancias a nivel de beneficiario puedan limitarse», empleando para ello un modelo similar al empleado para la aproximación de las ayudas entre Estados miembros, en lo que se llama proceso de convergencia externa.
Con respecto a la superficie potencialmente elegible, Arias Cañete ha señalado que la Convergencia debe llevar aparejada la limitación de las superficies elegibles a unas cifras similares a las utilizadas por la Comisión, en el cálculo de la Convergencia externa entre los Estados Miembros, lo que en el caso de España supone una cifra entorno a los 21 millones de hectáreas.
«España solicita que la superficie sobre la que se aplique el nuevo sistema de ayudas pueda limitarse a la superficie sobre la que se ejerce una verdadera actividad agrícola y ganadera, evitando que superficies improductivas o que nunca han recibido ayudas puedan recibir ahora pagos directos, en detrimento de agricultores y ganaderos que vienen recibiendo estas ayudas y que verían reducidos sus importes», ha descrito.
Otro aspecto importante de la Reforma es el pago verde o «greening», sobre el que se negocia para conseguir una aplicación más flexible y que sólo comiencen a aplicarse a partir de un umbral. «Desearíamos que se fijara en 20 ha, tanto para el cumplimiento del requisito de diversificación de cultivos, como para el requisito de destinar un porcentaje de la explotación a superficie de interés ecológico».
A este respecto ha indicado que España solicita que el importe se calcule de forma individual, como un porcentaje del Pago Base que reciba cada agricultor o ganadero, en lugar de un mismo importe o «tasa plana» igual para todos los agricultores, como propone la Comisión, «pues entendemos que el nivel de exigencia debe ser proporcional al importe de ayuda que recibe cada agricultor», ha subrayado.
Arias Cañete ha destacado que una de las principales prioridades españolas es el mantenimiento de un sistema de ayudas acopladas a la producción. Ha explicado que España es uno de los países de la UE que podría llegar a superar el 10% de los fondos asignados en esta medida en la actual propuesta, por lo que se trabajará para garantizar que se satisfagan los requerimientos de todos aquellos sectores que puedan necesitar este apoyo. «Es indispensable que España disponga de una dotación financiera suficiente, al menos igual a la actual», ha puntualizado.
LA APLICACIÓN DE LA REFORMA EN ESPAÑA
Otro aspecto abordado en su comparecencia ha sido la aplicación de la Reforma en España. A este respecto ha indicado que una vez que se produzca la aprobación de los textos legales por el Parlamento Europeo y el Consejo, será necesario elaborar el modelo de aplicación de la Reforma en España con las comunidades autónomas.
Para ello ha señalado que desde el Gobierno se propondrá la aplicación de un modelo cuyos criterios se acuerden a escala nacional, tanto en lo referido a las ayudas desacopladas como a las ayudas acopladas, «con el objeto de que territorios y sectores similares reciban tratamientos similares, o, dicho de otro de modo, para que los agricultores reciban por su actividad el mismo apoyo con independencia de dónde estén ubicadas sus explotaciones».
Así, ha señalado el ministro, «propondremos un acuerdo para la aplicación del Pago Base en el que las regiones y el ritmo de aproximación de las ayudas se definan con el mismo criterio en todo el Estado». En cuanto a las ayudas acopladas, ha explicado que se propondrá un diseño desde la óptica sectorial para que las explotaciones de un determinado sector productivo reciban el mismo apoyo con independencia de su ubicación.
«Este modelo, con las suficientes flexibilidades para contemplar las distintas realidades productivas, deberá establecerse con el mayor grado de consenso posible y, para lograrlo, se continuará trabajando en la Conferencia Sectorial de agricultura y con las organizaciones profesionales», ha concluido.
