La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cuestiona las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel del Vino (GAN) para regular las plantaciones de viñedo a partir de 2015 porque no garantizarán el equilibrio de la producción y podrían dar pie a una deslocalización y sobreproducción de vino que haría peligrar la rentabilidad de la mayor parte de explotaciones vitivinícolas españolas. Este grupo de expertos se constituyó en abril pasado a petición del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para analizar el futuro de los derechos de plantación.
La Unión de Uniones indica que se ha suavizado la propuesta inicial de los expertos para liberalizar los derechos de plantación de viña, pero aún así la única solución debería pasar por mantener el actual sistema, además de mejorarlo, porque es el único mecanismo de control sobre las plantaciones. Por ello reclama al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que defienda los intereses del sector productor español y no se deje influenciar por los grandes grupos que existen en el sector español del vino.
Joan Santó, responsable del sector de la viña y el vino de la Unión de Uniones, opina que «la propuesta del GAN comportaría una reducción importante de las pequeñas explotaciones en las zonas tradicionalmente productoras, así como la deslocalización de la producción, una excesiva industrialización de la viticultura europea y una sobreproducción de vino, además de la disminución de la calidad y el valor de la producción».
El sistema que propone el GAN se basará en autorizaciones administrativas para nuevas plantaciones de vid, administrado por los Estados miembros y acompañado de un mecanismo de salvaguardia a nivel de la UE, que fijaría anualmente el porcentaje de nuevas plantaciones autorizadas. A la Unión de Uniones le preocupa enormemente el control de estas autorizaciones y los criterios de preferencia a la hora de adjudicar los nuevos derechos de plantación, ya que si el criterio es puramente económico la adjudicación de nuevos derechos sólo aprovecharía para aumentar producción y no fijar a la población en las zonas rurales o defender el paisaje y el territorio. Al contrario, tendría efectos negativos al reducir la renta de agricultores menos competitivos por su localización geográfica o por su falta de capacidad de inversión.
Las autorizaciones que propone el GAN serían gratuitas, no transferibles y válidas para un periodo limitado de tres años. La gratuidad producirá una pérdida importante del patrimonio de muchos viticultores, ya que hasta ahora los derechos formaban parte de ese patrimonio agrícola y podrían ser vendidos. Ahora se pierde la posibilidad de venta y por tanto la pérdida de valor de las explotaciones vitivinícolas tradicionales.
Este nuevo sistema se aplicaría posiblemente durante un periodo de seis años, con una posible cláusula de revisión. La Unión de Uniones cree que esta circunstancia crea indefensión entre el agricultor que no sabe lo que le puede pasar en ese periodo de tiempo, pues ninguna inversión agrícola o industrial tiene un margen de amortización tan largo. Por ello la Unión apuesta por el mantenimiento actual de los sistemas de derechos de plantación.
