Antes de finales de 2012, el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea creado para estudiar el funcionamiento de la última reforma del mercado del vino tiene que emitir un dictamen sobre los «derechos de plantación» reguladas en la actual OCM del sector hasta 2015 y que los estado miembros pueden ampliar hasta 2018. En dicho informe la Comisión podría decantarse por un nuevo mecanismo de regulación del potencial productivo y los actuales derechos de plantación podrían pasar a ser «autorizaciones» en manos de entidades como las organizaciones de productores y las interprofesionales. Parece que los servicios de la Comisión serían partidarios de esta propuesta donde la gestión podría ser diferente según el tipo de vino y anualmente se incrementaría un porcentaje de nuevas plantaciones en función de la superficie del Estado miembro.
ASAJA se opone rotundamente a estos planes porque en esta situación el viticultor está en manos de intereses de unos y otros, intereses que incluso pueden estar enfrentados, en una situación donde el productor pierde el control sobre los que hasta son «sus derechos», un patrimonio de los viticultores y de la agricultura europea.
Nuestra Organización ve con preocupación la posibilidad de que se desmantele el actual sistema de plantación de derechos, un sistema que ha permitido conformar un modelo productivo puntero en el mundo y que correría serio peligro si desaparecieran los derechos de plantación. La eliminación del sistema de derechos tendría consecuencias dramáticas para el equilibrio entre oferta y demanda de vino y para los precios de las uvas y del vino, lo que pondría en serio peligro la viabilidad de las explotaciones vitivinícolas, con las graves consecuencias que eso tiene para el empleo y para la fijación de la población rural.
ASAJA apuesta firmemente por el mantenimiento de los derechos porque este régimen se ha demostrado, productiva y cualitativamente, eficaz frente a la competencia de vinos procedentes de países terceros y en este sentido pidió en la reunión de ayer al MAGRAMA que la delegación permanente de España en Bruselas presione ante las instancias de la Comisión para lograr mantener el actual sistema de derechos de plantación de viñedo.
