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Asaja demanda que la nueva PAC atienda la diversidad productiva de regiones como Andalucía

Una delegación de ASAJA-Andalucía encabezada por el presidente de la organización, Ricardo Serra, se ha reunido en Bruselas con eurodiputados, miembros del Parlamento Europeo y miembros de la Comisión para instarles a que la nueva PAC contemple las singularidades y las especificidades del sector agrario andaluz, que por su diversidad no encuentra fácil ajuste en el nuevo modelo de PAC que en estos momentos está en su última fase de debate en el Parlamento Europeo.

 

La Política Agraria Común (PAC) y el mantenimiento del nivel de apoyo que esta brinda a los agricultores es hoy para España y para Andalucía más importante que nunca, puesto que ante el endeudamiento de la administración nacional y autonómica y en la actual situación de crisis, en la que nuestra agricultura soporta la doble presión del incremento del coste de los inputs y el hundimiento de los precios en origen, el pago único de la PAC constituye el único «salvavidas» al que pueden agarrarse más de 250.000 agricultores y ganaderos andaluces que luchan por mantener esta actividad.

Así se lo ha transmitido ASAJA al Jefe de Gabinete del Comisario de Agricultura, Georg Hausler, a la representante de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y co-ponente de la propuesta sobre OCM Única, Iratxe García, al director adjunto de la Dirección General de Agricultura, Joao Pacheco, y a los responsables de Desarrollo Rural, de Perspectiva y Análisis y de Frutas y Hortalizas y Aceite de Oliva de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.

ASAJA ha defendido un presupuesto suficiente para la PAC, premisa ineludible para dar satisfacción a los compromisos que ha de afrontar la agricultura europea en el periodo 2014-2020 y requisito fundamental para España, máxime si tenemos en cuenta que en los próximos años los Fondos Agrícolas constituirán la única vía de retorno de los fondos que aporta nuestro país a la UE.

ASAJA ha demandado la máxima flexibilización del «greening» o «pago verde», que no puede ser una carga adicional para los agricultores, y se ha mostrado contraria a la extensión a toda la superficie de un país de las hectáreas admisibles para el cobro de las ayudas de la PAC, pues si esta propuesta se lleva adelante corremos el riesgo de deslegitimar los pagos de la PAC al adjudicar derechos de pago base a hectáreas improductivas y sin dedicación agroganadera, penalizando con ello a las hectáreas de labor.

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha demandado que la nueva PAC no abandone los mecanismos de gestión de mercado, ya que las últimas crisis alimentarias han puesto sobradamente de manifiesto que las materias primas agroalimentarias no pueden quedar expuestas a la volatilidad de precios motivada por factores que escapan a la propia dinámica de la actividad agraria, y ha instado a que la nueva PAC promueva activamente el equilibrio de fuerzas que llevan a la formación del precio de los productos alimentarios, adaptando la política de competencia a la realidad de la actividad agrícola para lograr un reparto del valor añadido de la producción entre los distintos integrantes de la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor y el ama de casa.

En este último aspecto, Georg Hausler le ha trasladado al presidente de ASAJA la firme determinación del Comisario Ciolos de promover una nueva legislación que impida los abusos de posición dominante en la cadena de valor, toda vez que las negociaciones en el seno de trabajo del Grupo de Alto Nivel de la Cadena Alimentaria, constituido en Bruselas, no han dado los frutos esperados.

Por último, Serra ha instado al Jefe de Gabinete de Ciolos a contemplar la posibilidad de prorrogar la PAC actual durante uno o dos años más, dado que es más que probable que el retraso acumulado en su tramitación suponga una dificultad insalvable para ponerla en marcha con todas las garantías a partir del 1 de enero de 2014. Una prórroga de la PAC actual de uno o dos años permitiría solventar, de manera ordenada, las dificultades administrativas y burocráticas y los múltiples cambios que conlleva la aplicación de una PAC tan compleja como la que se plantea.

María José Martínez Pardo

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