El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado un nuevo Proyecto de Ley destinado a reducir el llamado «déficit tarifario» que sobre el papel acarrea el sector de las industrias eléctricas en España. El texto contempla la creación de siete nuevas figuras fiscales entre impuestos, tasas y cánones de lo más diverso. Soria declaró el viernes que estas medidas no afectarán al precio de la energía eléctrica, aunque la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos sostiene lo contrario, que esos gravámenes «se van a trasladar íntegramente a los consumidores finales».
La organización ha defendido que una reforma «equitativa» sería la que repercutiera sobre los beneficios de las eléctricas y no sobre sus ingresos, ya que de ese modo estas empresas podrán repercutir dichos impuestos sobre el precio final. UPA cree que «estos nuevos impuestos a la generación se van a trasladar íntegramente al pool y por tanto seremos los agricultores y ganaderos, entre otros, los que asumiremos estas nuevas subidas».
En el sistema español, el precio de los diferentes tipos de energía se fija a partir de la tecnología más cara, que marca después el precio del resto. UPA apuesta por modificar este sistema hacia otro que pondere los costes reales de generación de cada tecnología.
UPA se ha referido al canon a la generación de energía hidroeléctrica que establece el nuevo Proyecto de Ley. Este impuesto será recaudado por los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas e impondrá un tipo del 22% sobre el valor de la energía producida en estas instalaciones. El Gobierno espera recaudar con él más de 300 millones hasta 2015.
La organización ha planteado que en lugar de destinar este canon a reducir el déficit tarifario, sirva para asegurar la supervivencia de los regadíos modernizados españoles, que ahorran agua y energía, pero requieren fuertes inversiones por parte de los agricultores.
Las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros por usar el agua para producir electricidad, un impuesto a juicio de UPA «irrisorio», teniendo en cuenta que obtienen después más de 1.000 millones de euros de beneficio.
En opinión de UPA, «llueve sobre mojado, ya que la orden del Ministerio de Industria publicada en abril ya elevó los peajes de acceso notablemente. El encarecimiento fue desde un 4,47% para la alta tensión hasta un 13,48% para la baja tensión. Además, la reciente subida del IVA ha incrementado el recibo un 3%. Para los agricultores de regadío, que son los más afectados por estas reformas, el coste medio del kilovatio/hora ha subido un 70% en los últimos cinco años. En las instalaciones que está sujetas a la Tarifa de Último Recurso (TUR) la subida es de un 13% del término de potencia y de un 66% del término de energía en el último lustro.
