En Asaja mantienen que el sector agrario en Andalucía vive uno de los peores años de los que se tienen memoria. «La falta de liquidez está provocando el cierre de miles de explotaciones que carecen de recursos para hacer frente al abono de todos sus costes. Esta situación que se ha generado por el hundimiento de los precios agrarios y la pérdida de cosechas a causa de las heladas y la sequía, se ve agravada por el retraso en los pagos de la Consejería de Agricultura, que adeuda buena parte de las ayudas al Desarrollo Rural de 2008, 2009, 2010 y 2011».
Los recortes y «la pésima gestión» están provocando que los agricultores y ganaderos andaluces y los empresarios del mundo rural se queden sin el apoyo que brinda el denominado segundo pilar de la PAC. Estas ayudas, financiadas en un 77% con fondos europeos, no terminan de llegar a los más de 85.000 agricultores y ganaderos que han solicitado ayudas y que, en muchos casos, ya han desarrollado las actuaciones comprometidas, adelantando el abono del coste de las medidas.
El Plan del Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 2007-2013 presentado en Bruselas y anunciado «a bombo y platillo» por la Junta de Andalucía recogía el compromiso de la Consejería de Agricultura de aportar una cofinanciación adicional de 1.199 millones de euros que, tras sucesivos recortes, se ha quedado en tan solo 187 millones, un 85% menos. Tras los recortes, el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía quedó con una financiación pública de 2.939 millones de euros para el periodo 2007-2013, aportados en un 77% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), un 8,4% por el Ministerio de Agricultura y un 14,6% por la Junta de Andalucía.
Sin embargo, siendo grave el recorte brutal que experimentan estas ayudas y que deja a líneas como la incorporación de jóvenes con un presupuesto muy escaso, es aún mucho más grave el retraso en la gestión de los expedientes y en el pago de las ayudas comprometidas, que lleva a que miles de agricultores estén aún pendientes de recibir el pago de alguna o de varias de las anualidades de las ayudas estructurales y agroambientales desde el 2008, cuando se inició el nuevo marco de programación.
La Consejería de Agricultura mantiene sin ejecutar 503 millones de euros que afectan directamente a más de 85.000 explotaciones, lo que está provocando la paralización del sector agrario ante la falta de liquidez de los agricultores andaluces.
Es especialmente bajo el nivel de ejecución del Eje 1 de Competitividad (sólo un 28,1% ejecutado) que incluye medidas tan importantes como la instalación de jóvenes agricultores o la modernización de explotaciones. El retraso en esta línea conlleva que 38,51 millones de euros estén pendientes de la aprobación de los expedientes presentados por jóvenes agricultores, mientras que en modernización de explotaciones el retraso en la gestión de los fondos por importe de 22,4 millones de euros afecta a inversiones por valor de unos 48 millones de euros, cuya financiación está siendo soportada exclusivamente por los agricultores.
La agroindustria se ve también afectada por estos retrasos. Cooperativas y pymes dedicadas a la actividad agroalimentaria han dejado de recibir 87 millones de euros. En inversión en el desarrollo sostenible de las explotaciones agrícolas y forestales el retraso acumulado en los pagos asciende a un volumen de 20,3 millones de euros.
Aunque sin duda, el retraso más perjudicial para agricultores y ganaderos es el que se produce en el pago de las denominadas ayudas agroambientales, ayudas compensatorias para realizar determinadas prácticas agronómicas en las explotaciones (producción integrada en algodón y en arroz, olivar en cuencas vertientes, ganadería y agricultura ecológica, apicultura, etc.) Este retraso provoca un coste añadido para miles de agricultores que realizan gastos adicionales en su explotación y que tienen que financiar ellos mismos mientras llegan los fondos europeos gestionados por la Consejería de Agricultura. En este caso, el retraso en las transferencias de los fondos supera los 115 millones de euros de gasto público.
Esta excesiva e injustificada demora en el abono está poniendo al límite a miles de explotaciones, que contaban con los ingresos provenientes de estas ayudas para satisfacer sus pagos. Por ello, desde ASAJA reiteramos la denuncia que ya hicimos el pasado mes de marzo y exigimos a la Consejería de Agricultura a que ya en el compromiso de pago que tiene para las próximas semanas abone la mayor parte de los expedientes atrasados, de lo contrario, miles de agricultores y ganaderos se sumarán a la lista de morosos que se manifiestan cada día ante las puertas del palacio de San Telmo.
