El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado este miércoles que la reforma de la PAC «debe incorporar los recursos financieros, las medidas y los elementos de flexibilidad necesarios que permitan su aplicación integrada y coherente, dentro de una política agraria española que tiene como propósito hacer de nuestro sistema agroalimentario un referente dentro y fuera de Europa».
Para ello, el ministro ha manifestado que la posición a defender por España se cerrará de manera consensuada con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial que tendrá lugar el próximo viernes día 15. Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, Arias Cañete ha explicado los 15 puntos que conforman las líneas maestras de la posición española en la reforma de la PAC. (Ver documento adjunto)
Acuerdo UE-Marruecos
Con respecto a las preguntas sobre la influencia del acuerdo agrícola UE-Marruecos en España, Arias Cañete ha explicado que el Acuerdo es «equilibrado» y «favorable para ambas partes». «El posible efecto es muy limitado para las producciones europeas y españolas», ha concluido.
A juicio del ministro, la mejor defensa para España consiste en que los «mecanismos de protección de los mercados comunitarios, que se mantienen en vigor, funcionen adecuadamente». El ministro ha certificado la intención del Gobierno de llevar a cabo «un seguimiento preciso de las corrientes de importación y exportación, para conocer su evolución y adelantarse a posibles perturbaciones de los mercados comunitarios que pudieran perjudicar los intereses de sus agricultores y de los agricultores españoles. Es prioridad del Gobierno mejorar la regulación del control del precio de entrada. En esta dirección se trabaja de manera conjunta con Francia e Italia».
Por otro lado, el ministro ha resaltado que, en el caso de productos especialmente sensibles, como es el caso del tomate, Agricultura ha adoptado «la decisión de llevar a cabo una aplicación más exigente de las normas en materia de inspección y control fitosanitario, por lo que, aunque de carácter facultativo, según la norma comunitaria, el código arancelario de los frutos frescos de tomate se encuentra sometido a control fitosanitario obligatorio y sistemático en nuestros puntos de inspección fronteriza».
En relación con el tomate canario, Arias Cañete ha señalado que el tomate fresco, en el que hay que incluir el tomate canario, «es el producto sobre el que se han realizado todos los esfuerzos posibles para incorporar las mayores restricciones a su importación procedente de Marruecos». «Aquí es donde el Acuerdo presenta su lado más restrictivo; más protector de nuestras producciones; menos liberalizador del comercio. En este caso, las producciones comunitarias y las de Canarias en particular, se ven protegidas por diferentes mecanismos: el sistema de contingentes; el régimen de precios de entrada y el sistema de vigilancia y protección sanitaria», ha finalizado.
Almacenamiento privado
Por lo que se refiere a las preguntas sobre el sector del aceite de oliva, el ministro ha destacado su «carácter estratégico», aunque el incremento en la producción en la campaña 11/12, con una cifra que ha sobrepasado las 1.600.000 toneladas, un 16% más que en la campaña anterior, ha supuesto un desequilibrio y dificultades en la comercialización. Arias Cañete ha explicado que la crisis económica «repercute en el consumo interior y en los mercados habituales de exportación; y la creciente debilidad del sector productor en la cadena de valor, lo que lleva a una tendencia decreciente de los precios en esta campaña, hasta los 1,7 euros /Kg».
«Para paliar esta situación, el Gobierno consiguió la aprobación por la CE de dos operaciones de almacenamiento privado que permitirán retirar del mercado 200.000 toneladas de aceite. Hay que destacar que este cultivo recibe ayudas directas por valor de 1.035 millones de euros anuales», ha explicado. A su juicio, las Administraciones Públicas y el sector deben trabajar para «mejorar la competitividad, impulsar la internacionalización, fomentar la promoción en mercados exteriores y continuar la modernización para reducir costes de producción y transformación, y mantener la senda de la calidad y la diferenciación».
En el marco de la PAC, Arias Cañete ha explicado que el sector del olivar es objetivo prioritario, «tanto en la regulación de las ayudas directas como en la potenciación de mecanismos de regulación que permitan amortiguar las alternancias típicas de las producciones». Con estos fines se han mantenido contactos con la CE para encontrar soluciones al sector. El Comisario Ciolos se ha comprometido a presentar antes de fin de mes un plan de acción para mejorar la situación del sector del aceite. «Plan cuyas propuestas debatirá, según ha declarado, con los ministros de los países productores de la UE en el próximo Consejo de Agricultura del 18 de junio», ha dicho.
El Ejecutivo confía en que la Comisión adopte medidas que permitan la concentración de la oferta, a efectos de negociar conjuntamente el precio del aceite de oliva por las organizaciones de productores que se asocien. Asimismo, se persigue conseguir acciones que mejoren el funcionamiento del sistema de almacenamiento privado cuyos precios de referencia, a efectos de su desencadenamiento, hay que actualizar porque datan de 1998.
Nuevo Decreto Paquete Lácteo
En cuanto a las cuestiones sobre los contratos homologados en el sector lácteo, el ministro ha explicado que «el paquete lácteo incluye un grupo de medidas relativas a las relaciones contractuales, el poder de negociación de los productores y la transparencia de mercado, que han sido objeto de un intenso debate a nivel comunitario y nacional en los dos últimos años, y que se plasmaron en marzo en un reglamento que aborda la posibilidad de establecer la obligatoriedad de los contratos».
Arias Cañete ha avanzado que el Gobierno «está convencido de que los contratos obligatorios son un elemento clave para la estabilidad, el equilibrio y sostenibilidad del sector productor», motivo por el que se ha decidido establecer la obligatoriedad del contrato en España. «No se trata de extender la obligatoriedad del contrato homologado, modelo de carácter voluntario, sino de establecer la exigencia de un contrato obligatorio escrito y por adelantado, sea el modelo que sea», ha aclarado.
A su juicio, «la obligatoriedad del contrato implica que todas las transacciones de leche cruda que se realicen en España entre el productor y el transformador, y en las etapas intermedias de la comercialización, deberán estar cubiertas por un contrato que se deberá realizar por adelantado y por escrito, y con una serie de elementos mínimos, entre ellos, el precio establecido». Adicionalmente, ha proseguido, «los contratos que tengan como suministrador a un productor, es decir la primera etapa de la cadena, deberán tener una duración mínima de un año, salvo que el productor rechace esta duración mínima por escrito».
Para poner estos cambios en marcha, el Gobierno derogará el Real Decreto 460/2011 y, en aras de la clarificación y con el objetivo de adaptar la normativa española al reglamento comunitario e incluir los aspectos recogidos en los reglamentos de la Comisión, se ha decidido elaborar un nuevo Real Decreto para regular el paquete lácteo en nuestro país. «La primera versión ya ha sido revisada con los representantes de las Comunidades Autónomas. También hemos analizado con los representantes sectoriales algunos detalles prácticos de la aplicación del paquete lácteo y, de manera inmediata, vamos a iniciar la tramitación oficial del proyecto de Real Decreto mediante el trámite de audiencia a las CCAA y sectores afectado
s», ha avanzado, para concluir que, paralelamente, se desarrollará un sistema de control oficial para comprobar su cumplimiento, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
El ministro ha explicado que se desarrollará el convenio entre el Ministerio y la Interprofesional láctea de 2011, para avanzar en la gestión de la base de datos de los contratos. Se creará un Comité de seguimiento de la implantación del contrato obligatorio para solucionar los problemas que surjan. Ha resaltado la necesidad de constituir Organizaciones de Productores «potentes» para afrontar la negociación colectiva de los contratos. «Asimismo, el sector lácteo se verá fortalecido en su conjunto con la aplicación de las modificaciones que queremos introducir en la Ley Reguladora de las Organizaciones Profesionales agroalimentarias», ha completado.
Desarrollo sostenible
En relación con las previsiones del Gobierno sobre la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Arias Cañete ha explicado que el Gobierno apuesta por la aplicación de una política de desarrollo que permita seguir actuando en aquellas zonas rurales más desfavorecidas, en las que es necesario hacer mayores esfuerzos para evitar su abandono y despoblamiento. En este sentido, y ya desde los primeros análisis, el ministro ha manifestado que se constataron «las dificultades que planteaba la actual Ley derivadas de su planteamiento, máxime en un momento de crisis económica».
Para el ministro, estas dificultades se han hecho «patentes» en la amplitud del ámbito de aplicación de la norma, que pretendía coordinar la actuación de las instituciones que trabajan en y para el medio rural, sin que existiera la necesaria correlación entre los limitados recursos existentes y los ambiciosos objetivos perseguidos. «Esto ha ocasionado que, tras cuatro años, sólo seis comunidades autónomas se encuentran en una situación avanzada tras haber elaborado los Planes de Zona y haber concertado su contenido con la Administración General del Estado», ha descrito.
Además, Arias Cañete se ha referido al complejo sistema de gobernanza que estableció la ley, con la creación de tres órganos consultivos que, a pesar de demostrar su voluntad e interés, no han cumplido con las expectativas creadas, quedándose en «una participación más teórica que efectiva y real». Por esto, el ministro ha avanzado que el Ministerio «prevé la modificación de la Ley para hacerla más operativa y eficaz, orientando el desarrollo del medio rural mediante acciones que potencien su desarrollo socio-económico, centradas en los sectores agrario, forestal, alimentario y pesquero».
Nueva legislación de órganos consultivos
En respuesta al grupo socialista sobre el nuevo Consejo Coordinador Agroalimentario y del proceso electoral de ámbito estatal que permita fijar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, Miguel Arias Cañete ha explicado que se va a modificar la Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario en lo que respecta a los criterios de representatividad en los dos órganos consultivos existentes, ya que sólo establece criterios respecto de las OPA, pero no para el resto de organizaciones, «a pesar de que la exigencia de ser más representativas afecta a todas».
El ministro ha explicado que la ley actual establece dos órganos consultivos: el Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité Asesor Agrario, cuyas funciones son informar, formular sugerencias, recomendaciones y proponer medidas. Sin embargo, ha indicado, a pesar de su carácter consultivo, «carecen de autonomía, tanto por la composición paritaria entre la parte privada y la pública, como por el carácter no vinculante de sus deliberaciones». Además, ha puntualizado, el diseño de la representatividad de las OPA presenta «insuficiencias notables», como la falta de trasparencia en el reconocimiento por 10 CCAA, «ya que los criterios utilizados en la medida de la representatividad pueden ser distintos en cada una de ellas».
Respecto a la consideración de electores, la ley considera que podrán serlo las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia, como consecuencia de sus actividades agrarias, y las personas jurídicas que ejerzan la actividad agraria. Sin embargo, ha explicado, esta previsión puede dejar fuera del censo electoral a personas que ejerzan la actividad agraria sin ajustarse a ninguna de las situaciones anteriores, como otros colectivos complementarios que, en su caso, se integrarían en este censo.
Reforma de la Política Pesquera Común
En contestación a las preguntas sobre Pesca, el ministro ha explicado que el Gobierno concede «la mayor importancia a la pesca, a la actividad pesquera y al sector pesquero». Ha destacado que «lograr una pesca sostenible y de futuro» figura en su programa electoral y ha recordado que el presidente Rajoy se comprometió a actualizar la normativa para adaptarla a la nueva Política Pesquera Común (PPC). Ha recordado que se ha recuperado la mención a la Pesca; se ha creado una Secretaría General para defender los intereses españoles y una Subdirección General del Caladero Nacional y Acuicultura para la ordenación definitiva del Caladero Nacional, diferenciado en: Cantábrico Noroeste, Golfo de Cádiz, Mediterráneo y Canarias.
Arias Cañete ha explicado que en estos meses se ha reunido con sus homólogos de Holanda, Portugal, Italia o Mauritania, entre otros, y ha anunciado que el Gobierno prorrogará las ayudas a los afectados por la suspensión del acuerdo de Pesca UE-Marruecos durante 6 meses. «Ahora se lleva a cabo una política pesquera seria y rigurosa que defiende nuestros intereses en la UE», ha asegurado.
Durante los Consejos de Pesca de la UE de marzo, abril y mayo, el ministro ha explicado que se analizaron aspectos de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) importantes, incluida su dimensión socioeconómica y medioambiental. Sobre este aspecto, considera «prioritario que la dimensión social y económica aborde las necesidades de empleo y bienestar de los trabajadores a corto plazo y que así aparezca en el futuro reglamento».
En cuanto a la propuesta del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), Arias Cañete ha anunciado que «se ha incluido a las mariscadoras dentro de los colectivos que se pueden beneficiar de las ayudas» y que «el Gobierno defiende también la inclusión entre los beneficiarios del Fondo del colectivo de rederas y empacadoras». Sobre las exigencias medioambientales, «el desafío es encontrar el equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de la actividad pesquera».
El ministro ha asegurado, sobre la pesca artesanal, que defiende la inclusión de los pesqueros menores de 15 metros o que hagan mareas menores a 24 horas: «Esta flota debe disponer de ayudas a paralizaciones definitivas y temporales durante todo el periodo de programación del FEMP». «El Gobierno solicita una revisión de la consideración de pesca artesanal para protegerla del Sistema de Concesiones de Pesca Transferibles (ITQs), más apropiado para pesquerías de altura y gran altura. Su aplicación en la pesca artesanal provocaría que zonas altamente dependientes vieran privadas sus posibilidades de supervivencia», ha añadido. Con respecto a las ITQs, el ministro cree que el nuevo reglamento tiene que «permitir la libre transferencia de concesiones de pesca y su aplicación, únicamente, en la gestión de las pesquerías para las que estén establecidos TACs y cuotas y que, salvo para el atún rojo, el mar Mediterráneo quede, por ahora, excluido del sistema».
Por otro lado, el Gobierno considera «clave» la regionalización para asegurar la coherencia de las medidas de gestión con las especificidades de las diferentes zonas geográficas y pesquerías de la UE. «El modelo de decisión basado en los planes plurianuales propuestos y aplicados por los Estados Miembros implicados en una región refuerz
a la participación de los actores verdaderamente interesados en cada pesquería», ha explicado. Así, España defiende que los planes deberían adoptarse por codecisión y no por los EEMM. «Es conveniente reforzar el papel de los Consejos Consultivos Regionales para que formulen medidas técnicas, como la gestión del esfuerzo o la eliminación y reducción de los descartes», ha descrito.
El ministro ha explicado que el Gobierno comparte el objetivo de la Comisión sobre la política de descartes, siempre y cuando su aplicación esté adaptada a la realidad pesquera de la UE. «La reducción de los descartes debe ser gradual, apoyarse en los fondos europeos para mejorar la selectividad y permitir aprovechar la menor mortalidad mediante el aumento de los TACs, en un enfoque pesquería por pesquería con especial atención a las pesquerías mixtas. Las especies a incluir serían todas las comerciales de las que se dispone o haya fijada una cuota de capturas; y en el Mediterráneo, a las especies objetivo que constituyen la mayor parte de las capturas», ha desgranado.
Para Arias Cañete, estos aspectos no serían posibles si no mejoramos la situación de las poblaciones pesqueras. Para ello, el reglamento se marca el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de las pesquerías en 2015. «El Gobierno comparte el objetivo de alcanzar el RMS como mecanismo para asegurar la explotación sostenible de los recursos y garantizar un nivel de ingresos suficiente y estable, aunque la fecha no es realista. Se debería alcanzar en esa fecha siempre que fuera posible y, de no ser así, fijar como fecha objetivo el año 2020».
Pacto Nacional del Agua
En referencia a las diferentes cuestiones sobre Medio Ambiente, y dentro de las referidas al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Arias Cañete ha destacado el compromiso de España con el PNUMA y la dimensión ambiental, y ha recordado que el Gobierno ha asumido la continuidad de la Presidencia del PNUMA, hasta febrero del año 2013.
El ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general «La agenda ambiental en un mundo en transformación: de Estocolmo a Río,» y el debate se articuló en torno a tres grandes áreas: las perspectivas del medio ambiente mundial; la economía verde; y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
En este sentido, Arias Cañete ha puntualizado que España viene apoyando la llamada Hoja de Ruta para la Economía Verde dentro de la posición comunitaria. En relación al llamado Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible y sobre la posibilidad de reforzar el PNUMA, España no se opondrá ni romperá el consenso europeo donde se reitera el apoyo a que el PNUMA se transforme en un organismo especializado de la ONU para el medio ambiente. En este sentido, y con respecto a la gobernanza medioambiental, ha explicado que el Gobierno es consciente de la necesidad de contar con la visión de la Sociedad Civil.
Por lo que respecta al Pacto Nacional del Agua, Arias Cañete ha recordado cómo en su primera comparecencia anunció que «con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el apoyo solidario de todas las Comunidades, abordaremos la puesta en marcha de un Pacto Nacional del Agua. Será de larga duración y tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que contemple los acuerdos y materialice sus objetivos».
El ministro ha explicado que este Pacto Nacional del Agua «obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas» que se desarrollan en España y cumplir con nuestras obligaciones en la UE. «Se pretende recuperar el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, que se puso en el Consejo Nacional del Agua y que fue aprobado prácticamente por todas las CCAA, incluyendo Cataluña y Castilla-La Mancha. La ruptura de ese consenso y la modificación del PHN dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar «obras faraónicas para trasvasar agua», a planificar e iniciar, que no finalizar, «obras faraónicas para desalar agua», ha dicho.
El ministro ha explicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas en el PHN, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución. Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura.
Arias Cañete ha recordado que se debe dar cumplimiento a lo que establece la Directiva 91/271 del Consejo sobre aguas residuales. Ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas-Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la CE ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.
En cuanto a la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009. «Para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y 9 intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio. En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, solo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España», ha dicho.
«La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo.», ha añadido.
«Este importante reto ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos lo antes posible», ha explicado el ministro, para añadir que el avance más significativo en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
«El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia – Costa, Tinto – Odiel – Piedras, Guadalete – Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño – Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros», ha finalizado.
