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Coag pide al Gobierno un órgano de control independiente que sancione las prácticas comerciales abusivas en la cadena agroalimentaria

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Gobierno celeridad a la hora de tramitar la futura Ley de mejora de la cadena agroalimentaria para acabar con la indefensión de los agricultores y ganaderos ante las prácticas comerciales abusivas de las grandes cadenas de distribución. La posición de dominio de los cincos grandes grupos, que controlan cerca del 70% de la distribución de alimentos en nuestro país, hace que los diferenciales entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor se mantengan de media por encima del 500%.

 

Ante esta situación, COAG ha pedido al Ministro Cañete que la nueva Ley refuerce la capacidad de negociación de los productores, hoy marginados como el eslabón más débil de la cadena. En este sentido, se han reclamado mayores competencias para las organizaciones interprofesionales para que en el seno de las mismas se puedan negociar contratos de compra-venta, elaborar índices de tendencia de costes y precios y se pueda gestionar la oferta. Asimismo, se ha exigido la prohibición de las prácticas comerciales abusivas, tales como venta a pérdidas, subastas a ciegas, modificación unilateral de contratos, etc… . Además, y para garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa, será imprescindible la creación de una órgano de control independiente y estatal que controle, vigile y sancione las prácticas comerciales abusivas. «En ningún caso podemos aceptar simples códigos de buenas prácticas de carácter voluntario, toda vez que se han demostrado ineficaces ante el incumplimiento unilateral de la gran distribución», ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

La reforma de la PAC será otro de los temas más importantes que se han abordado durante el encuentro con el Ministro. En este sentido, COAG ha planteado la defensa de las medidas de regulación y control de los mercados, la preferencia comunitaria y el mantenimiento de las cuotas de producción en remolacha y leche y los derechos de plantación de viñedo como las líneas rojas en las que no debe cederse en la negociación en Bruselas. «Son cuestiones básicas para evitar la volatilidad de los precios y en consecuencia la caída de las rentas agrarias y sangría de activos en el sector», ha apostillado Blanco.

En el capítulo de ayudas será necesario establecer una priorización frente a los recortes que se avecinan a favor de los hombres y mujeres, profesionales del campo, y modificar la propuesta de agricultor activo defendida por la Comisión Europea. Se ha pedido a Arias Cañete que defienda criterios de creación empleo en las explotaciones frente a la propuesta de ayudas indiscriminadas por hectáreas. Asimismo, será necesario aumentar al máximo el porcentaje de ayudas vinculadas a la actividad para sectores en crisis frente al desacoplamiento generalizado que sólo favorece el absentismo y la especulación. En el apartado de desarrollo rural, los representantes de COAG han defendido el mantenimiento de líneas básicas de ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones, la incorporación de jóvenes y mujeres, regadíos, uso eficiente del agua, medidas agroambientales y para zonas desfavorecidas.

En lo referente a los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, COAG ha reclamado al titular de Agricultura un estricto control del acuerdo suscrito con Marruecos para evitar los flagrantes incumplimientos tanto en volumen como en precios que han sido la tónica habitual de los últimos años. Además, se pide que España se oponga en Bruselas a la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur (entre los que se encuentra Argentina). De lo contrario, sectores como la frutas y hortalizas, carne de vacuno y pollos, azúcar y remolacha y aceite de oliva, resultarían seriamente perjudicados.

El análisis de los PGE 2012 del Ministerio, medidas para mitigar el impacto de la sequía y la mejora del marco de interlocución con los representantes del sector, (se ha planteado la necesidad de convocar el Comité Asesor Agrario, tal y como obliga la Ley de representatividad Agraria aprobada en 2009), han sido otros de los temas que se expusieron durante el encuentro.

María José Martínez Pardo

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