La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha firmado en Sevilla un protocolo de intenciones con el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, que supone una demostración más del compromiso del Gobierno andaluz con la caza sostenible. Crespo ha puesto en valor que en los primeros 100 días del Gobierno, que se cumplen a finales de abril, se ven reflejados con hechos “la defensa, el diálogo y el impulso” al sector cinegético.
La titular de Desarrollo Sostenible ha informado sobre el trabajo del Gobierno para “agilizar y finalizar” el expediente por el que se declaran la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural (BIC), una iniciativa en coordinación con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a la que “en breve se va a dar trámite de audiencia”. “Un paso importantísimo que toda la sociedad andaluza quería”, ha apuntado.
Entre las medidas concretas que se pondrán en marcha se encuentra la revisión y actualización del Plan Andaluz de la Caza, ya que la vigencia de la última planificación concluía en 2017. Al respecto, Crespo ha comentado que a finales de mes se celebrará una reunión del Comité de Caza de la Comunidad Autónoma a la que se llevará esta iniciativa con el fin de poder contar con el borrador definitivo en el último trimestre de 2019. El objetivo de esta actuación es adaptar el plan a la realidad cinegética andaluza. A la cita se llevarán las primeras actuaciones, resoluciones y propuestas de órdenes de desarrollo del Reglamento Andaluz de la Caza.
Entre otras medidas a desarrollar desde la Junta, la consejera se ha referido también al encargo de un informe científico que realizará una entidad de prestigio sobre el silvestrismo, “demostrándole así a Europa que la cría en cautividad no es una solución válida”; y al desarrollo de la normativa de caza con el fin, por ejemplo, de “homogeneizar los criterios” en todas las provincias andaluzas, cuestión que responde a otra demanda de los profesionales del sector. Además, se tramitará la orden que regule la cetrería como modalidad de caza adaptada a la actualidad en “cinco o seis meses” desde su visto bueno por parte del Comité de este sector. Del mismo modo, ya se aborda en otra Orden la simplificación de las solicitudes y comunicaciones relacionadas con los planes técnicos y la introducción de aspectos concretos como la práctica de la modalidad de perdiz con reclamo sin muerte permitida por el reglamento en 2017.
La Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos aprobará la resolución que detalle los periodos hábiles de caza, desarrollando la Orden general de veda. La resolución, que se pretende publicar la primera semana de mayo, incluirá la tabla de fechas de inicio y fin de cada periodo hábil por especies y modalidades para la temporada 2019-2020.
A estas actuaciones se suman tres resoluciones demandadas por el sector en relación a regulaciones especiales para poder cazar en situaciones específicas y fechas distintas a las establecidas por la Orden de Veda. Un ejemplo es el caso del cerdo asilvestrado y el jabalí, cuya resolución tiene base en los riesgos sanitarios y ambientales dado que si existe una alta densidad de estos animales, aumenta su susceptibilidad a las enfermedades e incluso podrían transmitirlas al ganado. El objetivo de la modificación es ampliar a toda Andalucía el permiso de caza, ya que hasta ahora no era posible en Almería y Granada.
La segunda resolución hace alusión al reajuste de los términos municipales con declaración de daños en la agricultura como consecuencia de la población excesiva de conejos; y la tercera resolución alude a la declaración de área de emergencia por sarna sarcópica en cabra montés, que permitirá el abatimiento de ejemplares enfermos en determinadas zonas como medida para prevenir la dispersión de la enfermedad a otros animales sanos. “Una medida que es al mismo tiempo de caza y de sanidad animal”, ha apuntado Crespo. Por último, la Consejería pretende iniciar una campaña divulgativa sobre la licencia de caza online, en vigor desde enero de 2019.
