En 2001 la Junta de Andalucía, recordaron en Asaja Granada, inició un vasto Plan de Recuperación de Vías Pecuarias que incluía, en el plazo de veinte años, hasta 2020, el deslinde de más de 24.000 kilómetros esta red de vías, de las 34.081,99 existentes, para su explotación turística y ecológica, además del uso original de tránsito de ganado, tal y como establece a este respecto la Ley Estatal de Vías Pecuarias 3/1995 y el Decreto de Vías Pecuarias de Andalucía 155/1998. Hasta hoy se han deslindado 9.000 kilómetros en toda la comunidad andaluza, de los cuales 1.252,47 kilómetros corresponden a Granada de los 2,622 previstos en el Plan para la provincia (con un total de 3.686,8 km), de hecho, donde más tramos se han recuperado, casi el 48%.
La hoja de ruta del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, tras un paréntesis de tres años sin hacer deslindes por políticas de contención del gasto público, fue iniciar en 2017 una revisión de la red de vías pecuarias con el pretendido fin de actualizar sus objetivos y mejorar sus funciones, y el resultado fue un Plan de Inspección Medioambiental en materia de vías pecuarias para 2018/2019 que lo único que hace en realidad es recaudar fondos sancionando a agricultores por ocupación de unos terrenos legítimamente adquiridos, en su mayoría transmisiones patrimoniales de más de treinta años, con exigencia de levantamiento de sus cultivos, olivar y almendros, fundamentalmente, para dejar expedita una vía que no se le puede dar ningún uso posible salvo el agrario, al no ser zona de tránsito de ganado, ni paraje para esparcimiento ciudadano o práctica de actividades de tiempo libre. A este respecto, recordamos que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia en 2008 y la jurisprudencia posterior, ya pusieron límites a la capacidad de maniobra de la Administración resolviendo que las vías pecuarias pueden prescribir y que los terrenos adquiridos e inscritos en el Registro de la propiedad no se pueden arrebatar a las bravas, porque entran en juego los principios de fe pública y legitimación registral.
Desde Asaja Granada «consideramos que, aunque hay una vía legal abierta para recurrir los deslindes y las actuaciones abusivas de la Administración, es posible llegar a acuerdos con los agricultores para que puedan seguir cultivando sus parcelas sin tener que acudir en su defensa a los tribunales de justicia, puesto que las leyes estatal y la andaluza en materia de vías pecuarias regulan su compatibilidad con los usos tradicionales de carácter agrícola. Solicitamos, por tanto, a la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible que cambie el criterio sancionador y recaudatorio del anterior Gobierno y posibilite estos acuerdos a cambio de un canon arrendaticio simbólico por ocupación, que no solo evitaría conflictos legales, sino que se quedaran en el más absoluto abandono terrenos en desuso, imposibles de mantener en un estado óptimo por la propia Administración autonómica».
