El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha aseverado en una jornada de la organización agraria COAG celebrada en Sevilla bajo el lema ‘Andalucía merece otra Política Agrícola Común (PAC)’ que “no puede volver a pasar lo que ocurrió en el anterior debate nacional”, cuya consecuencia fue que “nuestra comunidad perdió 1.052 millones de euros”. El responsable autonómico ha tratado así de crear conciencia ante la necesidad, en un momento “decisivo” como el actual, de rechazar de un modo “frontal” una nueva reforma para el marco 2021-2027 “con más objetivos, en especial de carácter ambiental y de lucha contra el cambio climático, y más controlados, pero con menos presupuesto”.
Sánchez Haro ha alertado de que el recorte del 16% a la asignación de la PAC que propone la Comisión Europea (un 12% menos en las ayudas directas y un 26% menos en los fondos de desarrollo rural) “sólo traerá consigo mayor precariedad de la renta y el empleo agrarios y abandono de la actividad y despoblación del medio rural”. La Política Agrícola Común “ha de revertir esta situación de peligro, no ahondar en ella”, ha sentenciado. El consejero se ha mostrado tajante: los agricultores, los ganaderos y profesionales andaluces deben contar con “un presupuesto justo, digno y a la altura de las necesidades y características de nuestra agricultura”. El peso, ha proseguido, “no puede recaer sobre los mismos hombros, cualquier nuevo requisito debe incentivarse adecuadamente y no añadir nuevos costes a unos productores que ya cumplen con grandes exigencias”, ha apostillado.
La estructura de la PAC, a juicio del consejero, debe seguir dividida en dos pilares y garantizar, “por encima de todo”, la renta de los agricultores y ganaderos y, con ello, la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y el futuro de la agroindustria. El primero, como ha afirmado, acompañado de un segundo orientado a la diversificación económica mediante el enfoque Leader, ha de mantenerse como el núcleo de la Política Agrícola Común, porque son unos pagos “indispensables” y, como tales, “tienen que ser financiados al 100% por la Unión Europea (UE)”.
Rodrigo Sánchez, en este punto, se opone a la renacionalización de las ayudas directas, “porque la cofinanciación pondría en peligro el mercado único”, y sostiene que, además de apoyar los fondos operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), han de destinarse a los agricultores que viven en exclusiva del campo, pero también a aquellas explotaciones familiares y pequeños agricultores pluriactivos que complementan sus rentas con otras actividades como el pequeño comercio o el turismo rural. Esto es, ha finalizado, “lo que les permite quedarse en el medio rural”.
Tope máximo de ayudas
El responsable del Gobierno andaluz, por otro lado, comparte el enfoque comunitario de distribuir las ayudas directas mediante un tope máximo por explotación (capping), en la medida en que es “absolutamente imperativo” aumentar lo que llega a la inmensa mayoría de agricultores. No es de recibo, ha dicho, que 171.000 personas, el 80% de los beneficiarios, solo reciban el 20% de las ayudas (274 millones de euros al año), mientras una minoría de 3.000 perceptores, el 1,25%, se embolsa el 27% de los fondos (370 millones de euros). “La futura PAC debe corregir esta desviación, por justicia social, para que responda mejor a la realidad del 99% de nuestro campo”.
En la misma línea, Sánchez Haro aboga por la reducción de la ayuda por hectárea a partir de una determinada superficie (degresividad), pero con una cláusula “vital”: que el ahorro de esta modulación se quede en Andalucía en forma de pagos complementarios a las primeras hectáreas (pago redistributivo) y para jóvenes y mujeres. Asimismo, ha apuntado el consejero, los sectores agrícolas y ganaderos más vulnerables y de importancia social, económica y ambiental “deben contar con pagos asociados que permitan el mantenimiento de la actividad”.
En cuanto al medio ambiente, la futura PAC, desde la óptica de Rodrigo Sánchez, debe fomentar la contribución de la agricultura a la mitigación y adaptación al cambio climático. “Ha de incluir entre sus principales objetivos uno de los problemas que afectan al sur de Europa”, en alusión a la desertificación y la erosión, y “reconocer el esfuerzo adicional de las regiones especialmente vulnerables como Andalucía. Todo ello, desde el fomento de sistemas y modelos que mejoran la gestión de los recursos naturales, como la dehesa y el olivar, la agricultura ecológica o la producción integrada.
Otro aspecto en el que ha incidido el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha sido el regadío y la necesidad de garantizar la seguridad hídrica en Andalucía. Apuesta por inversiones para ganar más eficiencia en el uso de los recursos (agua y energía), insistir en los trasvases mientras no haya otra alternativa, ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes y aprovechar fuentes no convencionales como las aguas desaladas y regeneradas.
Equilibrio en la cadena alimentaria
El equilibrio en la cadena alimentaria, con la mejora de la posición de los productores y la estabilización de sus ingresos frente a las cada vez más frecuentes perturbaciones del mercado, es otra de las metas que, en palabras de Rodrigo Sánchez, no puede aparcar la futura PAC. “Debe actualizar los mecanismos e instrumentos de gestión de crisis y regulación de mercados, para agilizarlos, sin coste para el presupuesto comunitario, y proporcionar seguridad jurídica y más transparencia”.
El Gobierno andaluz ya toma medidas, como la defensa del control de las prácticas comerciales desleales, caso de la venta a pérdidas. Este tipo de prácticas, ha subrayado el consejero, sólo pueden ser combatidas con una regulación comunitaria. “Así lo exigimos en todos los foros y con la presentación de alegaciones, ya incorporadas, al proyecto de informe sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo”. Entre ellas, la obligatoriedad del contrato por escrito o la inclusión de las organizaciones de agricultores y ganaderos entre los destinatarios de las ventajas de esta directiva, así como que se tenga en cuenta la mayor “dependencia económica” del vendedor respecto a un comprador “para luchar contra la impunidad”.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha dado, además, “un paso más para garantizar unas relaciones más justas”. La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, en trámite parlamentario, establece un mayor control en los productos con precios anormalmente bajos o a pérdidas y un sistema de sanciones más disuasorio.
Relevo generacional e innovación
Sánchez Haro no ha obviado las que deben ser otras prioridades de la Política Agrícola Común, como el relevo generacional y la innovación. “Es imprescindible atraer talento joven, con políticas para garantizar su incorporación al campo con un presupuesto específico”, así como “impulsar la innovación en el sector con un sistema eficiente de formación y asesoramiento, el apoyo a la inversión en la digitalización o la coordinación de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología”. Todo asentado, de forma transversal, en la “irrenunciable” igualdad de género, porque “la política agraria ha de combatir, y la comunicación de la Comisión lo olvida, la situación de desventaja de las mujeres en un sector tradicionalmente masculinizado”, ha sentenciado el consejero.
