La Titularidad Compartida en Andalucía continúa en entredicho en el seno de las principales asociaciones que representan a las mujeres rurales. Este derecho, legislado desde hace más de seis años y que era una reivindicación histórica de las féminas del campo, sigue sin convencer a sus representantes dado que existe desigualdad a la hora de llevar a efecto la normativa, y por tanto, hay gran distancia entre unas comunidades y otras, como vienen criticando desde la Asociación de Mujeres y Familias Rurales (Amfar)
Su presidenta, Lola Merino, en un acto que tuvo lugar ayer en la provincia de Málaga, volvió a hablar de este asunto y recordó que «Andalucía sigue privando a las mujeres rurales de su derecho a darse de alta en la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias». Una denuncia que ha manifestado durante su ponencia ‘Retos de las mujeres rurales españolas’. La dirigente de Amfar transmitió su «incomprensión» por esta situación que se viene produciendo desde que la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias entrara en vigor en enero de 2012.
«Ya han pasado más de seis años de la aprobación de la norma, y las mujeres andaluzas siguen sufriendo una discriminación con respecto a las agricultoras de otras comunidades autónomas, que el día de mañana si verán reconocido su trabajo, tendrán derecho a una pensión de jubilación y a sus prestaciones sociales con la Titularidad Compartida», manifestó la presidenta nacional de Amfar.
Según Merino, es incomprensible que el Gobierno regional esté castigando a las mujeres que trabajan en el campo andaluz, cuando Andalucía es la que más fondos europeos recibe para las ayudas directas de la Política Agraria Común y para el Desarrollo Rural, es ilógico», concluyó Merino.
La presidenta de Amfar puso en valor la importancia que tiene para el territorio andaluz y sus mujeres rurales encontrar el apoyo de las acciones políticas para seguir dando pasos hacia la igualdad. En este sentido, recordó que más del 90% del territorio andaluz es rural, y que en él viven dos millones de mujeres. Merino incidió en «la importancia de facilitar su acceso al mercado laboral y al emprendimiento, y frenar esas cifras que hablan de que el desempleo femenino supera el 50% en municipios pequeños».
«Es necesario convertir a las mujeres en el centro de las políticas de desarrollo rural, ya que son la clave para frenar la despoblación y el emprendimiento y son ellas las que pueden liderar la diversificación económica que permite crear empleo y fijar la población», aseveró.
