El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado que la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha certificado hoy que el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 presentado por la Comisión Europea supondría un recorte del 16% en el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), con lo que ratifica plenamente la denuncia hecha en este sentido desde Andalucía. El documento coincide también en desglosar que esta cifra supondrá una disminución de más del 10% en ayudas directas (primer pilar, los fondos Feaga) y de más del 25% en ayudas al desarrollo rural (segundo pilar, los fondos Feader).
Sánchez Haro, que ha mantenido hoy en Bruselas reuniones con representantes de las direcciones generales de Comercio y de Agricultura y Desarrollo Rural, además de reunirse con una delegación de europarlamentarios encabezada por la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, ha destacado que esta previsión de reducir los fondos un 16% para la PAC puesta de manifiesto por la Comisión de Presupuestos coincide plenamente con el cálculo hecho por la Consejería de Agricultura. Esto contrasta con la insistencia desde otros frentes, incluido el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en que el recorte iba a ser mucho menor.
Por ello, el consejero ha insistido en que «no podemos perder recursos financieros en la PAC para el próximo marco», sentido en el que «seguiremos trabajando desde la Junta de Andalucía» y en el que ha animado a hacer lo mismo al resto de administraciones «si queremos mantener vivo nuestro mundo rural».
Así se lo ha transmitido también a la directora adjunta de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, María de los Ángeles Benítez Salas, con la que ha analizado las cuestiones clave para Andalucía con vistas a las propuestas de reglamento de la futura PAC que la Comisión Europea presentará en junio. Entre las cuestiones prioritarias, el representante del Gobierno andaluz ha destacado la necesidad de que la PAC «refuerce las ayudas directas a los pequeños agricultores para garantizar el futuro del medio rural».
El consejero ha explicado que, con el objetivo de conseguir un mayor respaldo para el pequeño agricultor, desde Andalucía se reclama que «el agricultor con multiactividad sea una figura reconocida en la PAC, ya que, aunque la agricultura suponga una pequeña parte de su renta, estos pagos directos son un apoyo indispensable». En este sentido, ha defendido que el papel del agricultor con multiactividad «es crucial ya que mantiene la población en el mundo rural y contribuye a evitar el despoblamiento, además de mantener en el territorio la actividad agraria y de contribuir así a la lucha contra la desertificación y el cambio climático», por lo que ha reclamado que esta figura «se recoja también en los reglamentos y no se deje a los Estados miembro la opción de excluir o minimizar el papel de los agricultores de pequeñas explotaciones».
Capping obligatorio
Asimismo, ha añadido que «queremos que el capping [limitación máxima a las ayudas por beneficiario] sea obligatorio», pero que el importe detraído «se reparta entre las pequeñas y medianas explotaciones de la misma región». Y otra de las cuestiones fundamentales, ha recordado, «es que se incluyan apoyos adicionales para jóvenes y mujeres, con el objetivo de seguir facilitando su incorporación a la actividad».
Asimismo, se ha abordado también el planteamiento que hace la Comisión de que la PAC se aplique a través de planes estratégicos en cada estado miembro en el que se incluyan los dos pilares (ayudas directas y mercado y desarrollo rural). Para Andalucía, ha subrayado Sánchez Haro, «es fundamental que estos planes sean diseñados por cada región, con una financiación asociada al mismo en forma de cheque, ya que permitiría una aplicación mucho más ajustada a las características económicas, sociales y ambientales de cada territorio».
Además de exponer estas cuestiones concretas, el consejero ha aprovechado para volver a poner de manifiesto el rechazo de Andalucía al recorte del 16% en términos reales en el presupuesto de la PAC que plantea la Comisión. Para Sánchez Haro, esta merma «erosiona el apoyo a la renta, al no tener en cuenta el efecto de la inflación, incrementando la brecha entre el sector agrario y el resto de sectores, una cuestión que no va en la línea del objetivo expresado por la propia Comisión».
Con este recorte, ha resaltado, «la UE viene a señalar a la PAC como una política europea en regresión, cuando en realidad debe ser lo contrario, pues ha demostrado su eficiencia y valor añadido».
Pesca en el Mediterráneo
Estas cuestiones han sido también analizadas en el encuentro que Sánchez Haro ha mantenido con una delegación de europarlamentarios encabezada por los vicepresidentes de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo Clara Aguilera y Paolo De Castro, ante los que ha defendido, además, el plan de gestión del Mediterráneo diseñado por la Consejería en consenso con el sector pesquero andaluz. El consejero ha reivindicado, «porque es lo justo con una comunidad que ha cumplido con creces con España y la UE en sus obligaciones en este caladero», una limitación de las posibilidades de pesca para 2018 de 210 días para las 92 embarcaciones de arrastre afectadas, un tope que, como ha continuado, no debe situarse nunca por debajo de una media de 190 días al aplicar el descenso del 10% en los años siguientes, puesto que «por debajo de esa cifra se comprometería muy seriamente el futuro de la flota».
El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha añadido que han de tenerse en cuenta los días no utilizados en el año anterior, «para que computen y bonifiquen en el siguiente», de modo que si no se hace uso, por ejemplo, del 8% de las posibilidades en 2018, éstas sólo sufran una disminución del 2%, y no del 10%, en 2019. Rodrigo Sánchez alega, en este sentido, que Andalucía es la comunidad autónoma que más ha contribuido a que España alcanzara los objetivos comunitarios de reducir el esfuerzo pesquero en un 30% en el Mediterráneo. «Este sacrifico ha de reconocerse», ha apostillado.
Para el responsable del Gobierno andaluz, que no comprende la razón por la que se opta por esa reducción anual generalizada, es más adecuada una gestión según las zonas geográficas marcadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Mediterráneo y por días globales de pesca por modalidad, no por segmentos de flota. Algo a lo que suma que «es lamentable» que el Gobierno central acepte “sin más” la propuesta de Bruselas de imponer, a partir de 2020 y por actos delegados, un sistema de Totales Admisibles de Capturas (TAC), zonas de veda y modificaciones sobre las artes de pesca si no se alcanza la meta del rendimiento máximo sostenible, porque «está en juego el futuro de 655 barcos y 7.500 empleos (3.000 directos y 4.500 indirectos) en el Mediterráneo andaluz».
