El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado en Jaén que la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, remitida al Parlamento para su aprobación, “apuesta de forma decidida por medidas que permiten hacer frente a las necesidades del sector del aceite de oliva”. Sánchez Haro ha inaugurado las jornadas ‘Calidad y valor en el aceite de oliva’, organizadas por UPA Jaén y la empresa Deoleo, en las que también ha participado en la mesa redonda ‘Mercados, Política Agrícola Común y Ley de Agricultura y Ganadería’, donde ha puesto de manifiesto que esta norma “permitirá que en Andalucía los actores de la cadena en el sector del aceite de oliva vean reconocida su posición y defendidos sus derechos”.
En este sentido, el consejero ha subrayado que la Ley de Agricultura ayuda a abordar los principales retos del sector del aceite de oliva, entre los que ha destacado unas relaciones justas en la cadena de valor, la transparencia, la regulación de mercados, el aumento de competitividad y rentabilidad y la estabilidad de precios. Para afrontar estas cuestiones, la nueva norma incluye medidas como mejoras en la transparencia, con un Observatorio de Precios que proporciona información relevante de toda la cadena, un órgano que ya está funcionando y que ahora se refuerza.
Igualmente, la ley establece sistemas de autorregulación como los contratos o el arbitraje, además de abordar la venta directa o las cadenas de distribución cortas para fomentar la cercanía entre el agricultor y el consumidor. Asimismo, establece un Foro de la Cadena Agroalimentaria que funcionará como lugar de encuentro en el que “todos los operadores compartirán los problemas pero sobre todo las soluciones ante los desajustes que se puedan producir”.
De otro lado, el titular andaluz de Agricultura ha señalado que su Consejería “es consciente de que la figura de los agricultores y sus sistemas productivos, que están en la base de la cadena, necesitan de una especial protección”, por lo que también se pone el foco en la agricultura familiar, de pequeño tamaño, “esa que tiene especial presencia en el sector del olivar y de una gran importancia ambiental y social”. Al mismo tiempo, y en paralelo, “se da respuesta a un sector profesional, dinámico y competitivo, volcado en los mercados internacionales”.
Respecto de la comercialización, el consejero ha señalado que la Ley de Agricultura tiene en cuenta a todos los actores de la cadena, para lo que las cadenas de distribución van a tener presencia en las organizaciones profesionales. “Una iniciativa en la que la interprofesional del aceite de oliva se podría ver reflejada si el Ministerio modificara la norma en este mismo sentido”, ha apostillado.
“Luchar contra la banalización del valor”
En cuanto a los desafíos del sector del aceite de oliva, Sánchez Haro ha apostado por la integración de los productores en cooperativas u otras organizaciones empresariales similares, además de incidir en que “es necesario el establecimiento de reglas de juego claras y homogéneas”. A esto le ha sumado la necesidad de aumentar el poder negociador del agricultor dentro de la cadena de valor y luchar contra “la banalización” del producto, “no se puede permitir que se vendan nuestras producciones de calidad por debajo de los precios a los que se producen”.
“Es fundamental garantizar una estabilidad en precios”, ha señalado en esta línea, ya que así “conseguimos unas condiciones de producción óptimas, pudiendo remunerar de manera justa el trabajo de todos los actores dentro de la cadena”. Esta es la única manera, ha incidido, de “conseguir que las fluctuaciones en los precios no dependan de agentes externos que únicamente se benefician de actividades especulativas”.
Asimismo, Sánchez Haro se ha referido a la Política Agrícola Común (PAC), de la que ha dicho que sus cifras son “tremendamente reveladoras en la provincia de Jaén: más de 360 millones de ayudas directas cada campaña, cerca del 24% del total de Andalucía, y más de 92.000 beneficiarios”. A esto se une que las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 asignadas a Jaén hasta la fecha superan los 90 millones de euros.
Ante la enorme importancia que la PAC tiene para la actividad agraria jiennense y andaluza, el consejero ha mostrado su preocupación por el “atropello a los intereses del sector y de toda Andalucía” que supone la propuesta de Marco Financiero para el período 2021-2027 presentada por la Comisión Europea, ya que “propone una reducción del 16% para la Política Agraria Común”. Esto, a su juicio, implica “desarmar las políticas de apoyo a los agricultores y al medio rural, pues pone en serio riesgo el apoyo a la renta de los agricultores e incrementa las diferencias de renta del sector agrario respecto al resto de sectores económicos, carga en la agricultura y la ganadería la responsabilidad de la lucha contra el cambio climático, plantea más objetivos con menos presupuesto y profundiza en la Europa de dos velocidades, exigiendo mayor cofinanciación a los Estados y regiones”. Además, se reducen las partidas para inversiones en el medio rural y para fijar la población al mismo.
