El Proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería deja fríos a los representantes de las organizaciones agrarias de Almería, ya que, en general, consideran que, aunque supone un avance normativo en cuanto a la actividad agraria y a la representación de la misma, lo cierto es que «se pierde una gran oportunidad para impulsar una verdadera Ley que mejore las condiciones de los productores».
Ninguna de las tres organizaciones agrarias -Asaja, Coag y UPA-coincide en una valoración exacta del proyecto que se tramitará en el Parlamento andaluz, en donde por parte de Asaja, como apuntó su presidente provincial, Francisco Vargas, «esperamos que se lleven a cabo, algunas modificaciones que ya comunicamos en nuestras alegaciones en su momento, pero que no se tuvieron en cuenta entonces». También Coag, señaló su secretario provincial, espera que se contemple en el trámite parlamentario algunos aspectos que favorezcan la transmisión patrimonial de las explotaciones agrarias con el fin de apoyar el relevo generacional en el campo.
Aún hay tiempo para incluir mejoras, a juicio de las tres organizaciones, y es lo que, al menos, van a intentar antes de que sea definitiva. Los representantes expresaron que hay modificaciones en la mayor parte de los apartados, tanto en puntos concretos, como el que trata de los controles para procurar un equilibrio de la cadena agroalimentario, como en lo que respecta al desarrollo posterior de la normativa.
La Unión de Pequeños Agricultores es la que hace una valoración más positiva, en términos generales, de la futura normativa, tal y como está planteada en el proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado martes. «Es necesario que en Andalucía se impulse una Ley que reconozca la actividad agraria, y que la normalice ya que hay aspectos en los que existe inseguridad jurídica», manifestó Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería. De esta manera, esta organización agraria valora que «se constituya ese marco normativo específico para la actividad agrícola y ganadera, que se regulen algunas prácticas como la venta a pérdidas, se discrimine positivamente a la mujer y los jóvenes, así como que se establezca jurídicamente la claridad que precisa la representatividad, algo que no quedaba claro hasta el momento», apuntó Iglesias.
Sin embargo tanto en Asaja como en Coag son más críticos con el texto aprobado por el Consejo de Ministros, aunque comparten que se avanza en materia de igualdad de género, por ejemplo, un apunte que valoran como «bueno», si posterior a la «ley se le da un recorrido». Entienden que «la actividad agrícola y ganadera andaluza en general, y almeriense, en particular, debía aspirar a algo más». En ambas organizaciones esperan que el desarrollo de la Ley, posterior a su entrada en vigor, se aclaren aspectos que «quedan muy difusos». Todo ello, con la esperanza de que finalmente, con el consenso de todos los grupos políticos, se establezcan algunos cambios y se introduzcan cuestiones que quedan al margen, según su entender.
En Asaja no entienden que no se haya tenido en cuenta un apartado específico dedicado a la horticultura intensiva andaluza. «Solicitamos que se tuviera en cuenta y la anterior consejera de Agricultura lo consideró importante. Sin embargo, nada de nada», dijo Francisco Vargas. Sobre ello, el dirigente de Asaja, hizo alusión a la Ley del Olivar, sobre la que no entiende que «se le de un trato diferente, considerando en una normativa como sector estratégico y reforzando su seguridad jurídica, frente al resto». En este sentido, Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, también manifestó su disconformidad con este trato que se da al olivar. «Esperamos todavía que la Ley sea transversal y que todas las actividades agrarias andaluzas cuenten con una misma regulación, con un trato equitativo», manifestó Góngora.
El responsable de Coag Almería lamenta que «no se la haya dado todo el protagonismo que debe tener la alimentación». Esta ligada a la actividad agraria, recalcó, «pero sin embargo no se aprovecha para llevar a cabo una regulación como demandamos». A Colación, Góngora explicó que «es necesario que se legisle en el tema del etiquetado, pero no solo para los productos con origen andaluz, sino también para los que vienen de fuera, de otros países, y llegan hasta los consumidores de esta región».
Para las organizaciones agrarias el proyecto de Ley de la Agricultura «deja muchas cosas relacionadas con la actividad agraria en el aire». Ni siquiera tienen claro como se va a desarrollar en función de las normativas que hay en este país y en la Unión Europea, con alguna vinculación de determinadas materias que se deben tener en cuenta. En definitiva, que «se aproveche el margen que hay para mejorarla y que su desarrollo genere la seguridad que demanda el campo».
