Una vez entre en vigor la Ley de Agricultura andaluza –aún debe pasar el trámite parlamentario y ser publicada oficialmente, una vez ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno- todos los operadores de la cadena agroalimentaria deberán velar por la normativa vigente en cuanto a prácticas en las que se pueda cometer algún tipo de abuso. La nueva Ley promueve los controles para que se lleve a cabo un cumplimiento de las buenas prácticas mercantiles.. En ello, persigue la venta a pérdidas de los productos surgidos de la actividad agrícola y ganadera. Pero además, hace cómplices de ello al resto de operadores (productores, comercializadoras y transformadoras), y por tanto haciendo extensiva la responsabilidad.
Y es que, como ha informado la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, «la responsabilidad recaerá solidariamente no sólo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios que no denuncien estos productos sospechosos».
La infracción, considerada grave, será sancionada con multas de entre 3.001 y 50.000 euros. Esta calificación tendrá también la negativa o resistencia a suministrar datos a los servicios de inspección, que por primera vez tendrán consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
El régimen disciplinario incluido en el proyecto de ley también abre la posibilidad de que, siempre que concurran circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector agroalimentario, se dé publicidad de las sanciones junto al nombre de las empresas y de las personas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas y de la marca comercial del producto en el caso de venta por debajo del precio de mercado.
Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas. Con ello se facilitará su seguimiento y control, además de evitar robos y fraudes. Los operadores estarán legalmente obligados a denunciar todas aquella falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.
En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación, autorregulación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de la cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena, de promover códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y de la búsqueda conjunta de soluciones ante desajustes que se puedan producir.
En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley será pionera en España al sentar las bases de los reglamentos que obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios
