La propuesta de que las ayudas directas de la Política Agraria Común en el próximo marco estén cofinanciadas por los Estados miembros no es compartida por el titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, ya que esa modalidad, «crearía disfunciones en el mercado único, dando lugar a una Europa de distintas velocidades en función de las posibilidades de financiación de cada Estado. Generaría también distorsiones en los mercados según los sectores que apoye cada país», según manifestó el consejero de Agricultura, quien defiende que la PAC debe contar con un «presupuesto fuerte», y estar «debidamente financiada».
Para el consejero la cofinanciación conllevaría la «renacionalización» de la PAC, y ello derivaría en un «incremento de costes y consecuencias». A juicio de Sánchez, «debe estar financiada en su integridad con un presupuesto de la Unión Europea». En el caso de los pagos directos, destacó que «son parte esencial de la política agraria europea y constituyen una importante red de seguridad para la renta». Desde Andalucía, «entendemos que estas ayudas se deben diseñar teniendo en cuenta los diferentes tipos de agriculturas existentes con niveles diferentes, requisitos de condicionalidad y de actuaciones medioambientales y climáticas lo más simples y efectivas posibles».
El modelo de ayudas directas debería ser, a su juicio, compatible con la multifuncionalidad de los beneficiarios y no sólo para quienes viven únicamente de la agricultura, contribuyendo de este modo a un reparto equilibrado y justo de la ayuda en un medio rural vivo. De este manera, «se contribuiría al mantenimiento del tejido productivo y con ello al mantenimiento y fijación de la población en los territorios rurales», añadió Sánchez.
En cuanto a los pagos acoplados de la PAC, el consejero resaltó que se debería establecer un diseño que permita una aplicación simple y eficaz, de manera que responda a las necesidades de aquellos sectores que se vean más afectados por la aplicación de acuerdos comerciales o por implementación de los instrumentos necesarios para alcanzar los nuevos objetivos. Además, desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural destacaron que estas ayudas también «deberían contribuir al mantenimiento de ciertas producciones por diferentes razones medioambientales, sociales, de mantenimiento de la actividad transformadora, etcétera», como es el caso del olivar de secano en pendientes elevadas. «Se trata de un cultivo especialmente importante para Andalucía, por su contribución a fijar población al territorio, al mantenimiento de la industria local transformadora y por sus beneficios medioambientales y climáticos», subrayó Rodrigo Sánchez.
El titular del ramo, que hizo esta defensa durante su participación en el Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios, a través de videoconferencia, consideró, además, que es prioritario para el sector agrario andaluz que «se establezcan limitaciones a los importes de ayudas recibidas, determinando un máximo a percibir por explotación; y la degresividad de los importes en función del empleo que genere la instalación».
Estas reivindicaciones, según detalló la Junta de Andalucía, se recogen en el documento que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural trasladó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como respuesta al cuestionario sobre la PAC post 2020 mediante el que se está perfilando la posición española ante la comunicación de la Comisión Europea en relación al futuro de los alimentos y la agricultura en la Unión Europea.
