El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado hoy en Madrid que la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, “con la que queremos contar en el Parlamento antes de final de año”, es una importante medida para “alcanzar una sociedad más justa y equitativa”. Sánchez Haro ha explicado que esta normativa cuenta con un enfoque integral, desde los productores hasta los consumidores, y aborda cuestiones “cruciales para el agro andaluz” como la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria o la lucha contra el fraude en la venta a pérdidas.
Rodrigo Sánchez ha hecho estas declaraciones durante la presentación del Anuario 2017 de Agricultura Familiar en España de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), donde ha comentado que entre los principales retos de la sociedad europea se encuentran la vertebración del territorio, la distribución demográfica de la población y la lucha contra el despoblamiento, así como seguir avanzando en la sostenibilidad de la actividad agraria.
El titular de Agricultura ha puesto en valor que el andaluz es el “sector primario más importante de España”, ya que aporta el 25% de todo el valor de la producción agraria nacional y un 33% del valor añadido del país. Además, las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Autónoma llevan creciendo siete años consecutivos y han superado la barrera de los 10.000 millones de euros en 2016 que sitúan a Andalucía como la mayor región exportadora de estos productos.
Sánchez Haro ha resaltado que “el gran éxito de Andalucía radica en la importancia y el peso que tiene la agricultura familiar, ya que casi el 54% de la población reside en municipios rurales”, frente a la media nacional, que ronda el 20%. “Contamos con más de 270.000 familias vinculadas a nuestra agricultura que trabajan día a día esforzándose para competir en un mercado cada vez más globalizado y exigente”, ha apuntado el consejero, quien ha añadido que “estas explotaciones desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de unos pueblos vivos, del propio medio rural y de su biodiversidad”.
Por esta razón, Rodrigo Sánchez ha ratificado que “para el Gobierno andaluz es una prioridad seguir dándoles apoyo” y se han puesto en marcha diversas líneas de actuación para impulsar y proteger el modelo de agricultura familiar como, por ejemplo, un “potente Programa de Desarrollo Rural con cerca de 1.000 millones de euros de inversión pública puestos ya a disposición del sector”. Entre otras acciones, el consejero se ha referido a las ayudas para la creación de empresas agrarias por parte de jóvenes (120 millones de euros), incentivos para Producción Ecológica (236 millones de euros), regadíos (alrededor de 100 millones para el marco 2014-2020), modernización de explotaciones (129 millones de euros) e industrias (108 millones de euros) y Grupos Operativos de Innovación (más de 7,4 millones de euros).
Como contraste, el representante de la Junta de Andalucía ha lamentado el “impacto negativo de la disminución de las ayudas directas y la aplicación del recorte lineal para todos los beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) por parte del Gobierno central”. “Una medida que claramente ha perjudicado en mayor medida a los pequeños agricultores y ganaderos, por esta razón desde Andalucía vamos a seguir defendiendo las ayudas directas como complemento indispensable para la renta de cara al debate de la futura PAC a partir de 2020”, ha recalcado.
