La comunidad de regantes Tierras de Almería es, definitivamente, la propietaria legal de todos los pozos y sondeos que adquirió a la mercantil Quash en 1995 como patrimonio inicial para proceder a su constitución. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Almería en un Auto con fecha 5 de junio, que ha sido notificado ayer al presidente de la Comunidad de Regantes Tierras de Almería, en El Ejido. Con dicho Auto se pone fin a una batalla legal que se ha mantenido viva durante los últimos 20 años, desde el momento en que el contrato de compraventa suscrito entre Quash y los regantes fue impugnado por una tercera parte, la mercantil Malce SL, que aseguraba tener la propiedad legítima de esos pozos.
El pronunciamiento de la Audiencia Provincial, en este caso, viene a ratificar la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2011 por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, que ya daba la razón a los regantes de Tierras de Almería reconociendo que eran los legítimos propietarios «de todos los pozos, maquinaria accesoria, red de distribución primaria, instalaciones eléctricas y cuantos elementos son necesarios para la actividad agrícola». Dicha sentencia de los juzgados ejidenses fue recurrida por la mercantil Malce SL, por lo que el Auto de la Audiencia Provincial es la respuesta inapelable a aquel recurso.
Durante dos décadas, los regantes de Tierras de Almería han defendido sus derechos para no perder la propiedad de los pozos, con los que actualmente se riegan 2.300 hectáreas pertenecientes a 800 agricultores que, a su vez, generan más de 5.000 empleos directos. «Hoy es un gran día para todos los regantes de Almería, porque esta sentencia no sólo nos da la razón, sino que reconoce el derecho de los regantes y agricultores a gestionar por ellos mismos los recursos que necesitan», explica el presidente de Tierras de Almería, José Antonio Fernández, quien recuerda que «el origen de nuestra comunidad de regantes fue la unión de un grupo de agricultores para gestionar por nosotros mismos el agua, lejos del modelo empresarial y especulativo que otros nos quisieron imponer».
Antecedentes
La historia de esta larga y costosa batalla judicial que durante dos décadas ha enfrentado a los regantes de Tierras de Almería contra un grupo de empresarios tiene su origen en las operaciones de compraventa de terrenos que en los años 90 realizaba la mercantil Malce SL a Quash (Banesto), la sociedad propietaria de una gran superficie de terreno en el paraje Tierras de Almería y que decidió comenzar a vender lotes de fincas cuando su modelo agrícola de gestión empresarial implantado en la zona durante los años ochenta fracasó.
A partir de 1994, la relación comercial entre Malce SL y Quash se deteriora. A consecuencia de ello, Quash decide seguir vendiendo terrenos a Malce SL, pero sin incluir los pozos en la operación de venta. En 1995, un grupo de agricultores de la zona llega a un acuerdo con Quash y compra por 500 millones de pesetas una serie de pozos, sondeos e instalaciones que se convierten en el patrimonio inicial para constituir la comunidad de regantes Tierras de Almería. Cuando Malce SL conoce que un grupo de agricultores han comprado los pozos de la zona, decide denunciar a Quash por estafa, asegurando que en sus operaciones de compraventa no sólo se incluyen terrenos sino también los pozos.
La batalla judicial entre Malce SL y Quash deja al margen, en un principio, a los agricultores de Tierras de Almería, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2006 obliga a los regantes a entregar todos los pozos e instalaciones adquiridas en su día. Sin embargo, los asesores legales de Tierras de Almería perciben que la sentencia del Tribunal Supremo tenía errores, ya que el fallo del juez no se correspondía con los fundamentos de derecho esgrimidos en el cuerpo de la sentencia.
Es entonces cuando la comunidad de regantes toma parte activa en todo el procedimiento para defender sus derechos y consigue, tras muchos esfuerzos, que el Tribunal Supremo rectifique su sentencia el 2 de abril de 2008, 15 días antes de la fecha tope dispuesta para que los regantes hicieran entrega de sus pozos en presencia de la Guardia Civil. En 2011, los juzgados de El Ejido dictan la ejecución de la sentencia a favor de los regantes, en línea con la rectificación del Tribunal Supremo, sentencia que fue recurrida por la parte contraria y cuyo trámite culmina ahora con el Auto de la Audiencia Provincial.
