El coordinador estatal de la Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, junto a Dani Forcadell y Rafael Verdiell de Unió de Pagesos de Catalunya y Josep Grau y Enric Bellido de la Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana; se han reunido hoy en el Ministerio de Agricultura con el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa de Lara y el subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, José María Cobos Suárez.
La Unión de Uniones ha trasladado al Ministerio la necesidad de poder seguir utilizando esta campaña arrocera las materias activas Triciclazol (BIM), Oxidazón (Ronstar), Propanilo y Quinclorac (Facet), con el objetivo de poder disponer de herramientas útiles y eficaces para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas en arroz.
El director general Valentín Almansa, se ha comprometido con el sector arrocero en particular y con todo el agrícola en general al asegurar que no se dejará desatendido el sector. No obstante, el MAGRAMA ha alertado de que si no existe interés por parte de las empresas productoras de fitosanitarios en registrar estos productos por la vía formal en España y si no hay un compromiso de las empresas en utilizar las herramientas disponibles para registrar estos productos fitosanitarios en España, llegará un día en que no se podrán utilizar.
La Unión de Uniones elevará estas peticiones a las diferentes Comunidades Autónomas, productoras de arroz, con el objetivo de que todos los responsables de Sanidad Vegetal de las diferentes regiones eleven al Ministerio la misma petición en la reunión que hay prevista entre el ambos para el próximo 8 de abril.
La organización, pide a las empresas productoras de fitosanitarios que utilicen los diferentes mecanismos habilitados por la normativa europea y ya disponibles en España, como son el reconocimiento mutuo de productos autorizados en otros estados miembros, el comercio paralelo, o las solicitudes de autorización de ampliación a usos menores, como sucede en el caso del arroz que se considera un cultivo con un uso menor de productos fitosanitarios en España. El objetivo es que estos productos lleguen a ser registrados en España y evitar, así, la incertidumbre que tienen los productores cada año ya que no saben si será posible utilizarlos o no.
Asimismo, la Unión de Uniones se compromete a mantener una reunión con los representantes de las empresas productoras de fitosanitarios con el objetivo de plantearles la necesidad de analizar cuáles son los productos que necesitan los agricultores, de los que las empresas deberían solicitar su registro en España. Además, la organización ha pedido al Ministerio que autorice también productos que se están utilizando en otros países, como Bélgica, Holanda o Alemania para el control del fuego bacteriano en la fruta de pepita.
Por otra parte, la Unión de Uniones ha propuesto al Ministerio que en la modificación del Real decreto que regula el uso sostenible de productos fitosanitarios permitan que sean los organismos gestores de las cuencas hidrográficas los que delimiten las distancias de seguridad a los cursos de agua que deben seguir las aplicaciones de estos productos y que se modifique el documento de asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas, obligatorio desde el 1 de enero de 2014, con el objetivo de simplificarlo, vaciarlo de información duplicada y garantizar un asesoramiento útil para el sector productor, en vez de tener un asesoramiento que cubra esta obligación documental pero que no aporta valor añadido a la actividad agrícola.
Finalmente, se ha pedido por parte de la organización, que se traslade al director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda Sotillos, la necesidad de que el Manual de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios, sea modificado con el objetivo de que se centre en inspeccionar solo lo estipulado por el Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de este tipo de productos, y que no vaya más allá, incluyendo nuevos requisitos que no están estipulados en el ordenamiento jurídico español, ni europeo y que solo suponen sobrecostes innecesarios que nos hacen perder competitividad frente el resto de productores europeos.
