La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que el proyecto de modificación de la Ley de Montes se ha elaborado con el objetivo de «proteger la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático, así como el aprovechamiento económico de los recursos forestales, que puede contribuir a la creación de riqueza y empleo en el medio rural».
Para la ministra «un monte gestionado es un monte cuidado; y un monte cuidado tiene muchas menos posibilidades de ser incendiado». Además, la ministra considera que un monte en buen estado «contribuye a que todos tengamos un mejor medio ambiente y facilita el aprovechamiento de los recursos naturales». Ha asegurado que para lograr estos tres objetivos se debe mejorar la gestión de los montes, que se sustenta en tres elementos: una clarificación de la clasificación de los montes, la simplificación de los instrumentos de gestión y la incorporación de figuras que faciliten la gestión.
Respecto al primer elemento, García Tejerina ha destacado que el proyecto introduce una clasificación más clara y concreta de los montes que sólo podrán pertenecer a una categoría. Según ha explicado, estas categorías se definen atendiendo a los criterios de titularidad (público o privado) y si ese monte cumple una función de interés general.
También se van a simplificar los instrumentos de gestión. «Todo aquel monte que cumple una función de utilidad pública tiene que tener un instrumento de gestión», ha aclarado. En este ámbito, las Comunidades Autónomas podrán establecer modelos de gestión tipo, en función de las características de los distintos montes. Asimismo, se ha procedido a una legislación más detallada de los montes de socios que facilita su gestión; y se crea la figura de las sociedades forestales que facilita las agrupaciones para el aprovechamiento común de los terrenos forestales.
Por otra parte, García Tejerina ha explicado que el proyecto de ley incorpora medidas contra la tala ilegal de la madera y su comercialización. A este respecto, la ministra ha destacado la mejora de la tipificación de las sanciones, en función del daño causado, atendiendo tanto a la cuantía económica como al tiempo de recuperación.
