La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha explicado durante su intervención en Comisión parlamentaria que la suspensión de pagos a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) responde a una «medida cautelar obligada por la normativa europea debido a que se han detectado algunas incidencias relacionadas con errores administrativos en la forma de justificación». Se trata, por tanto, de una actuación temporal que afecta solamente a dos medidas de las cinco en las que intervienen estas entidades, concretamente las que se refieren a gastos de funcionamiento y aplicación de estrategias de desarrollo.
Los GDR, en el actual periodo de programación, están llevando a cabo sus estrategias de desarrollo rural en el marco del Programa Lidera. Según ha referido la titular de la Consejería, durante la marcha de este programa y dentro de los procedimientos habituales de supervisión de los fondos públicos, los órganos de control de la Junta detectaron «incidencias en los procedimientos de controles de determinados gastos en algunos de los 52 GDR, que al gestionar fondos públicos están sujetos a los mimos sistemas de control y de justificación que deben cumplir el resto de entidades gestoras de fondos públicos».
Tras comprobarse que había errores, ha añadido Víboras, «se aplica el protocolo establecido por la normativa europea de obligado cumplimiento, en el marco de la cual el Consejo de Gobierno acordó las siguientes actuaciones: culminar la ejecución del Plan de Contingencia para revisar los expedientes; implementar medidas correctoras para subsanar las incidencias detectadas; y aplicar una cautela temporal sobre dichas medidas».
Esta suspensión temporal se levantará cuando el órgano de certificación verifique el cumplimiento de las dos anteriores actuaciones. Así, tras la adopción de las medidas correctoras el pasado 1 de julio y la finalización del Plan de Contingencia en octubre, «estamos a la espera», ha subrayado la consejera, «de que el órgano de certificación culmine la valoración y emita el informe preceptivo que verifique el cumplimiento de los requisitos para que el Consejo de Gobierno inicie el procedimiento que ponga fin a la medida cautelar que proceda». La consejera ha anunciado en el Parlamento que es «inminente» la emisión de este informe.
Víboras ha destacado que además de todas estas medidas, el Gobierno andaluz «ha dado un paso más para reforzar los instrumentos de control» de los fondos públicos que gestionan los GDR con la creación de una Oficina Técnica de Apoyo para dar soporte y apoyo a la autoridad competente en las funciones de supervisión de los fondos europeos.
El papel de los GDR
La consejera ha recalcado que el Gobierno andaluz siempre ha apostado por el «desarrollo de nuestros pueblos, promoviendo y apoyando a los Grupos de Desarrollo Rural, que llevan más de 20 años trabajando por el dinamismo económico, el bienestar social y la calidad de vida de las comarcas andaluzas». Y así seguirá haciéndolo en el marco 2014-2020 que comienza ahora, «porque seguimos creyendo que los grupos son una forma de actuación útil, cercana a los territorios, en contacto directo con las personas que allí viven», ha asegurado Elena Víboras.
La actuación de estas entidades, en estas dos décadas, ha posibilitado la puesta en marcha de 30.000 proyectos de emprendedores en toda Andalucía. Estas iniciativas han contribuido a diversificar la economía tradicional, a generar empleo, a cohesionar las zonas rurales y, como resultado de todo ello, a proporcionar mejores modos de vida de sus habitantes.
