El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el PNV han registrado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del proyecto de ley de Representatividad Agraria, alegando que sustituir un proceso electoral por una mera consulta priva al procedimiento de las garantías democráticas necesarias.
En su enmienda los socialistas afirman que el modelo actual de representatividad agraria (aprobado en 2009) «ha funcionado razonablemente bien» por lo que, a su juicio, «no se aprecia la necesidad de modificarlo» si no es para introducir una «verdadera mejora», cosa que el texto del Gobierno no hace. En primer lugar, porque «establece como mecanismo fundamental una consulta» sujeta a la normativa administrativa y no a la Ley Electoral, lo que limita las «garantías democráticas». Y, en segundo lugar, porque la decisión de celebrar esta votación de forma simultánea en todo el territorio puede provocar la «incoherencia» de tener «resultados diferentes» a nivel nacional y en las comunidades autónomas. PROBLEMAS CON EL CENSO
El principal partido de la oposición también advierte de los «problemas» que puede causar la forma de determinar el censo que plantea el Gobierno, que permitiría que «un amplísimo colectivo de sujetos» no vinculados directamente con la agricultura –«notarios, agentes inmobiliarios, la Iglesia Católica»– puedan votar y otros agricultores activos no. «Es necesario garantizar que sean los profesionales agrarios los que exclusiva y efectivamente tengan la condición de electores», reclama el PSOE. Finalmente, advierte de que si las organizaciones profesionales agrarias tienen que centrarse «incluso financieramente» en las labores electorales «no podrán hacer frente» a sus tareas de defensa y representación del interés general. Además, apunta a posibles choques competenciales con las comunidades autónomas y recuerda que con la actual normativa se garantizaba la instalación de mesas «en número y cercanía suficiente» para facilitar la participación.
En la misma línea, IU-ICV-CHA critica que el proyecto de ley sustituya las elecciones por una consulta que «en la práctica tendrá los efectos de un proceso electoral pero sin las garantías democráticas necesarias». «Es el colmo del despropósito», añade en su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press. También lamenta que no se regule «absolutamente nada» en relación con la campaña electoral –propaganda, actos de campaña, medios de comunicación, gastos y subvenciones, infracciones y sanciones, etc.– para «garantizar la igualdad de oportunidades», y que «no se garantice el voto por correo de forma personal, directa y presencial para impedir cualquier tipo de intermediación».
Junto a estas críticas, la Izquierda Plural añade la limitación a la participación que se consagra en el texto con la decisión de ubicar una mesa por cada 1.400 electores, lo que «dificultará la participación» sobre todo en las provincias donde más distancia existe entre la capital y los municipios agrarios. Con respecto al nuevo Consejo Agrario, IU-ICV-CHA cree que no se le dotan de las «competencias básicas» en materia de interlocución, como son la negociación y la concertación, como para poder ejercer su labor básica de representación del mundo agrario.
Las enmiendas serán debatidas el próximo jueves en el Pleno del Congreso, aunque previsiblemente resultarán rechazadas por la mayoría absoluta de los ‘populares’. Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el día 11 de marzo para presentar sus propuestas de modificaciones parciales.
