La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras ha animado a los portavoces de los grupos políticos que forman parte del Parlamento andaluz a «expresar con claridad su apoyo a Andalucía» en las diversas cuestiones que se negocian actualmente en el marco de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya que ésta es la única vía para «blindar nuestro compromiso» con la región.
Víboras ha destacado la necesidad de «cerrar filas definitivamente dejando a un lado los enfrentamientos improductivos» para abordar la «última y más decisiva etapa» de las negociaciones con «el máximo apoyo de todas las fuerzas de este Parlamento para que lo que aún queda por definir se resuelva de la manera más justa para los andaluces» y, por ende, se logre que nuestro territorio «no pierda ni un euro» de lo que viene percibiendo en este contexto al «acorazar el sobre andaluz». «Tenemos que finalizar nuestro particular debate para que la Consejería pueda cerrar el debate nacional con el apoyo que Andalucía necesita», ha recalcado.
Durante su intervención en la Cámara, la consejera se ha referido a cuestiones «irrenunciables para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma» y asuntos susceptibles de causar una merma en el volumen de ayudas asignadas a la región para los próximos siete años.
Víboras ha recalcado la importancia del momento actual en el proceso de reforma de la PAC al encontrarse en el orden del día de las jornadas que esta semana desarrolla el Parlamento Europeo la ratificación de los acuerdos alcanzados anteriormente sobre el Marco Financiero 2014-2020 y esta política europea. Tras este nuevo paso sólo quedaría pendiente la aprobación formal por parte del Consejo el próximo mes de diciembre. «Está en juego el futuro de nuestras comarcas, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra agroindustria», ha apostillado la consejera.
Ficha presupuestaria y ayudas
Entre otros asuntos, Elena Víboras se ha referido al recorte presupuestario europeo y la aplicación del mecanismo de disciplina financiera; al montante que se destina a al primer Pilar de la PAC, donde el objetivo de la Junta es «mantener el volumen a nivel andaluz y minimizar el trasvase interno»; al umbral mínimo de 300 euros para acceder a las subvenciones y el techo máximo de ayudas directas; a la entrada de nuevas superficies con derecho a ayuda; y al modelo nacional de ayudas acopladas, también llamadas asociadas.
En cuanto a este último aspecto, la consejera ha recordado que en la Conferencia Sectorial celebrada en julio ya se acordó llegar al máximo presupuesto para financiar las ayudas asociadas, esto es, hasta el 15% de las directas. Al respecto, Víboras ha explicado a los parlamentarios que, dado que las ayudas directas son el resultado de la suma de las acopladas y desacopladas, «si el sobre nacional de las ayudas acopladas gana importancia, esto implica que las ayudas desacopladas pierden peso en el cómputo global».
Ante esta circunstancia, que podría conllevar una pérdida para Andalucía de hasta 120 millones anuales en el conjunto de las ayudas directas, la Junta plantea adaptar el diseño del futuro reparto de las ayudas acopladas de forma que nuestra Comunidad Autónoma pueda compensar este trasvase y así el cómputo global sume la misma cantidad que viene percibiendo el territorio. «Lo que por un lado se nos detraiga, por otro lado se nos debe retornar», ha recalcado la consejera para explicar a continuación que este objetivo se podría lograr si el sobre nacional de estas ayudas contemplara un conjunto de sectores en los que Andalucía tiene importancia respecto al total nacional. Un ejemplo de estos ámbitos serían el ovino y caprino de carne, la vaca nodriza, el vacuno y caprino de leche, los frutos de cáscara, el olivar de alta pendiente, la remolacha o la pasa, entre otros.
Desarrollo rural
Por último, Elena Víboras se ha referido también al segundo Pilar de la Política Agrícola Común al calificar la distribución de los fondos de desarrollo rural entre las Comunidades Autónomas como «uno de los caballos de batalla de esta negociación» porque para la elaboración de los simulacros de reparto se han empleado criterios y fuentes de datos que «perjudican claramente a Andalucía». «Nuestras áreas rurales pueden perder hasta 420 millones de euros en el futuro marco», ha subrayado.
Asimismo, la consejera ha cuestionado las simulaciones seleccionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para esta repartición al basarse en estudios de posibles escenarios de los que previamente ha prescindido la Comisión Europea, y ha pedido que se aclare en la Cámara la objetividad del actual reparto de estos fondos que, según sus palabras, «obedece a razones objetivas, asépticas, fuera de toda duda». Entre otros criterios, Víboras ha citado como ejemplo la creación de empleo en las áreas rurales o la procedencia de los fondos.
