La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se ha mostrado rotundamente en contra de la reforma del sistema de pensiones que plantea el Gobierno. UPA cree que agricultores y ganaderos ya cobran en la actualidad las pensiones más bajas del sistema, y la actual reforma agravará la brecha económica y social entre los ciudadanos rurales y los urbanos.
En la actualidad, más del 50% de los jubilados del RETA cobran menos de 645 euros, y la práctica totalidad está por debajo de los 1.000 euros. Según UPA, la reforma actual destruye las modificaciones legislativas introducidas en 2007 respecto a los trabajadores agrarios por cuenta propia y 2011 para los cuenta ajena, que iban encaminadas a aumentar la cotización durante la vida laboral para mejorar la cuantía de la pensión.
UPA afirma que la introducción del llamado «factor de sostenibilidad» supondría un grave perjuicio para los perceptores de las pensiones más bajas. A juicio de la organización no se puede ignorar «el carácter duro y penoso del trabajo en el campo». En su opinión, la jubilación a los 67 que se propuso «aumenta la siniestralidad en el campo, además de ser una injusticia social», si aparte, se penaliza en base a la esperanza de vida futura, «se castigará doblemente a los jubilados del sector agrario».
Según la organización agraria, la desvinculación del IPC para la revalorización de las pensiones «hará a todos los jubilados un poco más pobres cada año», ya que, las pérdidas de poder adquisitivo se van acumulando; a título de ejemplo, en un año en que el IPC fuera del 2%, por cada año de recesión se podría llegar a perder un 1,75%, mientras que en los años «buenos» sólo se recuperaría un 0,25%, es decir, por cada año de recesión necesitaríamos siete años para recuperar el poder adquisitivo perdido, algo «injusto y absurdo» para UPA.
Los agricultores piden que se tengan en cuenta las valoraciones del Comité Económico y Social (CES) y que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo elabore un estudio detallado sobre el factor de sostenibilidad, que aclare y dé transparencia a la reforma y estudie vías alternativas de financiación del sistema.
