El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado esta madrugada del miércoles su «satisfacción» porque España ha conseguido «la práctica totalidad de sus reivindicaciones en la reforma de la Política Agrícola Común y mejora sensiblemente el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado mes de marzo». En definitiva, ha añadido Arias Cañete, «supone haber dado la vuelta por completo a una propuesta inicial muy lesiva para los intereses españoles».
Tras tres días de intensas negociaciones, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha alcanzado un acuerdo político la pasada madrugada que va a permitir concluir el proceso de negociación de la Política Agraria Común (PAC). Dicho acuerdo incluye un mandato a la Presidencia irlandesa para cerrar los temas pendientes con el Parlamento Europeo en el último trílogo, que se va a celebrar este miércoles por la mañana, con anterioridad a la votación de la Comisión de Agricultura y ulterior ratificación en el Pleno del Parlamento.
«Con esta Reforma no sólo se ha conseguido corregir los defectos de la propuesta de la Comisión Europea para adaptarlos a la realidad de la agricultura española, si no que nos permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar así los pagos directas hacia una agricultura realmente activa, que nos permita mantener la actividad económica de nuestro sector agrario, generando con ello crecimiento y empleo», ha manifestado Arias Cañete en una rueda de prensa celebrada en Luxemburgo esta madrugada.
Pagos directos
En síntesis, este es el resumen que el ministro Arias Cañete ha realizado al finalizar el Consejo de Ministros esta madrugada:
España tenía tres objetivos fundamentales al comenzar las negociaciones de esta reforma:
1.- Conseguir mantener para el periodo 2014 a 2020 un apoyo presupuestario para el sector agrario español similar al del periodo actual, que le permita mantener su competitividad y la viabilidad de todas los sectores productivos.
Este objetivo se ha conseguido plenamente. España dispondrá de 35.705 millones de € para ayudas directas, 8.291 millones de € para desarrollo rural y más de 3.000 millones de € para medidas de mercado. En total, 47.000 millones de € de fondos comunitarios a los que se sumará la cofinanciación nacional para las medidas de desarrollo rural, elevando con ello la cifra superior a 50.000 millones de €
Ningún sector de la economía española va a recibir unos apoyos similares, que suponen una media de casi el 30 por ciento de la renta agraria, estando garantizado durante los próximos siete años, hasta el año 2020.
2.- Nuestro segundo objetivo era evitar una reducción muy significativa de la ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles, que podrían alcanzar 38.000.000 hectáreas, 16.000.000 de hectáreas más de las hectáreas actualmente declaradas. De no haber conseguido la limitación de la superficie elegible se hubiera producido una reducción de la ayuda media por hectárea de 229 € a 126, es decir, en un 42 por ciento. El acuerdo alcanzado en el Consejo nos permite limitar la superficie potencialmente elegible a 22,4 millones de Ha, que es la superficie declarada en 2011.
3.- El tercer gran objetivo era impedir que España se viera obligada a aplicar una tasa plana, es decir una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado miembro o región en un proceso de convergencia interna plena.
«Ello hubiera llevado a que todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus producciones específicas y sus costos de producción, recibieran ayudas idénticas, lo que hubiera conducido a que sectores que necesitaban ayudas las perdieran y otros que no precisaban incrementos de ayudas para ser rentables vieran incrementados sus apoyos comunitarios», ha dicho Arias Cañete.
Este objetivo también se ha conseguido, por medio de actuaciones en diversos frentes:
a) Desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019.
b) Los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250 € anuales (407.000) no estarán sujetos a la convergencia interna. Es decir, un 46 por ciento del total de perceptores de ayudas comunitarias (881.000) no estarán sometidos a ningún proceso de convergencia.
c) Las ayudas acopladas percibidas por agricultores y ganaderos no están sujetas a convergencia interna, que suponen el 13 % del total, es decir, unos 637 millones de €.
d) El mínimo de convergencia interna se establece en el 60 por ciento de la media de cada región que se establezca.
e) Se ha conseguido gran flexibilidad para configurar un sistema muy detallado de comarcalización, adaptado a la realidad productiva de España, que va a permitir definir comarcas con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie, de manera que la convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca sea muy limitada.
De acuerdo con las estimaciones iniciales de que dispone el Gobierno, basadas en el sistema de comarcalización en el que se está trabajando, con más de 40 regiones diferenciadas, los movimientos de ayudas entre agricultores no serán significativos y se realizarán en 5 años.
f) Se ha conseguido además que el 30 por ciento del pago por greening se calcule a nivel de explotación, lo que evita una convergencia automática del 30 por ciento, que se hubiera producido de haberse calculado el greening a nivel nacional.
g) Además, como cláusula de salvaguarda para las situaciones más excepcionales, que suponen menos del 1 % de los beneficiarios, se ha establecido una limitación del 30 % en la reducción del importe de ayuda que puede sufrir un beneficiario.
La suma de los elementos que acabo de mencionar garantizan la viabilidad de todos los sectores productivos en todas las regiones españolas, como ha sido siempre nuestro objetivo, sin transferencias significativas de recursos entre productores y territorios.
Greening
En este apartado son también muchas las mejoras que se han logrado sobre la propuesta inicial de la Comisión.
Hay que destacar, porque era, además, la principal preocupación de España, que los cultivos permanentes califican per se como componente verde, es decir, no se les exigen condiciones de greening. Ello es muy importante para las casi 5 millones de hectáreas de estos cultivos en España: 2,5 millones de olivar, viñedo un millón, frutos secos 0,7 millones; cítricos 0,32 millones y frutales 0,25.
Los cultivos permanentes son los únicos cultivos considerados como sumideros de carbono por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas.
También los cultivos bajo agua como el arroz cumplen per se el componente verde.
Con respecto a la rotación de cultivos, el ministro ha explicado que empieza a aplicarse a partir de 10 hectáreas, en lugar de las 3 que proponía la Comisión, y se exigen tan solo 2 cultivos para las explotaciones de menos de 30 hectáreas, frente a los tres que proponía la Comisión.
La exigencia de mantener un 7% de la explotación dedicada a zonas de especial interés ecológico se reduce a un 5%, y se amplía la lista de zonas consideradas como tal.
Modulación
Se reduce sustancialmente la modulación de las ayudas a la que estaban sujetos todos los productores por los importes recibidos por encima de 5.000 €, que suponía un descuento del 10 % hasta 300.000 € y del 14 % por encima de esta cifra. En lo sucesivo sólo estarán sujetos a modulación los productores de más de 150.000 € y, además, a tipos más reducidos, pendiente de la negociación del Parlamento.
Con estas modificaciones en las propuestas iniciales han quedado resueltos todos los problemas que afectaban a los pagos direct
os para España.
OCM
El ministro Arias Cañete ha detallado que «no sólo se han resuelto los grandes problemas horizontales de los pagos directos, sino que en la regulación de la Organización Común de Mercado Única se han introducido grandes mejoras respecto de la regulación actual».
Así, en el reglamento de la OCM se han conseguido mejoras en los sectores y en los instrumentos de regulación de mercados:
En primer lugar, ha mencionado las mejoras específicas para distintos sectores productivos:
-Azúcar
Frente a una propuesta de la Comisión que mantenía 2015 como el año de finalización del régimen de cuotas, éste se ha prorrogado hasta 2017, permitiendo que el sector remolachero y el sector azucarero, en su conjunto, dispongan de un período suficiente para poder acometer de una manera suave la transición hacia la futura liberalización del sector.
-Vino
En el sector del vino, en el que estaba prevista la liberalización absoluta de plantaciones a partir de 2015, se establece un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones, que estará vigente hasta el año 2030. Y además, se establece que los derechos de plantación actuales mantendrán su validez y efectividad durante un periodo transitorio de 5 años, hasta 2020. Además, se ha conseguido que la medida de promoción, hasta ahora limitada a terceros países, se pueda realizar en el mercado comunitario, que es el principal destino de nuestras exportaciones.
-Trigo duro
Se ha logrado reintroducir este producto dentro de los que son objeto de intervención pública.
-Carne de vacuno
Se ha incrementado el precio que desencadena la apertura de intervención pública en un 21 %.
-Aceite de oliva y aceituna de mesa
Se han reintroducido los precios de desencadenamiento de almacenamiento privado para este sector, con la posibilidad de que la Comisión pueda revisarlos cuando sea necesario, en función de la evolución de la producción y del mercado, y por primera vez, teniendo en cuenta los costes reales de producción.
Igualmente se establece que a la hora de desencadenar el almacenamiento privado, la Comisión deberá tener en cuenta la necesidad de responder a situaciones de mercado difíciles, que tengan un impacto negativo en los márgenes del productor.
Por otra parte, se ha conseguido que la Comisión elabore un informe antes de finales de 2014 sobre la posible ampliación de los programas escolares al aceite de oliva y a la aceituna de mesa.
Para todos los sectores, pero con especial transcendencia para este sector, en caso de perturbación del mercado, la Comisión podrá permitir retiradas de mercado, almacenamiento privado y distribución gratuita, entre otras medidas, a las organizaciones de productores, para las cuales se permite, además, la negociación colectiva de los contratos, siempre que no superen un 15 % de la producción nacional.
-Frutas y hortalizas
Se ha mejorado el régimen de precios de entrada de frutas y hortalizas, recuperando la referencia al «valor de importación a tanto alzado», que es el importe fundamental que calcula a diario la Comisión Europea, y que en el caso de España nos permite saber si las importaciones de terceros países respetan el precio de entrada.
Además, en este sector se mantiene el etiquetado obligatorio del país de origen.
Igualmente se recuperan la gran mayoría de los requisitos específicos para las organizaciones de productores, en particular, la obligación de comercialización conjunta. Las asociaciones de organizaciones de productores podrán presentar programas operativos.
-Tabaco y algodón
Con la propuesta de la Comisión estos cultivos perdían los importes de ayuda acoplados. Con el acuerdo alcanzado, los agricultores podrán incorporar estas cantidades en el cálculo de los derechos de pago básico.
-Sector lácteo
La Reforma ha dado la oportunidad para abrir un debate sobre el futuro del sector lácteo en un escenario sin cuotas. A tal efecto, la Comisión, en el mes de septiembre convocará una conferencia extraordinaria para analizar las actuaciones que habría que realizar a nivel comunitario en caso de desequilibrios y crisis en el sector.
-Apicultura
Se ha conseguido mantener la cofinanciación al 50 % ayudas, porcentaje que no quedaba garantizado en la propuesta inicial de la Comisión.
-Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria
El ministro ha explicado que en la reforma «se abre la posibilidad de reconocimiento por parte de los Estados miembros a las organizaciones de productores de todos los sectores, bajo unas condiciones y con un amplio abanico de posibilidades que van desde la adaptación de la oferta a la demanda, pasando por la comercialización en común, incluyendo la optimización de los costes de producción y acciones medioambientales».
Igualmente, se abre la posibilidad de reconocimiento por parte de los Estados miembros a las organizaciones interprofesionales en todos los sectores, que permitirán mejorar la transparencia de la producción y del mercado, mejorar las exportaciones, promoción y acciones de mejora de la calidad, entre otras medidas.
Los Estados miembros podrán establecer la obligatoriedad de los contratos en los sectores y etapas de comercialización que decidan, estableciendo unos elementos mínimos de contenido en los contratos, ha explicado.
Se ha incluido una nueva disposición que permite a la Comisión actuar en situaciones de graves desequilibrios de mercado y exceptuar de la aplicación de la normativa de la competencia a las organizaciones de productores, sus asociaciones e interprofesionales, permitiendo retiradas de mercado, distribución gratuita de los productos, transformación y procesado de los mismos, medidas promoción, etcétera.
Desarrollo rural
En desarrollo rural, uno de los objetivos más importantes era conseguir la coexistencia de programas nacionales y regionales, para permitir en España una ejecución más eficaz de determinadas medidas y submedidas (la cooperación, los programas de conservación de recursos fitogenéticos y de lucha contra determinadas plagas y enfermedades, la prevención de los incendios forestales y la restauración de zonas afectadas, la innovación, la integración cooperativa…), como así ha sido.
Entre las medidas más potentes de desarrollo rural, se encuentran las inversiones en regadío para las que se ha conseguido un resultado altamente satisfactorio. El acuerdo alcanzado contempla la financiación de las inversiones que garanticen un ahorro de, al menos, el 5%, así como otros aspectos importantes para España, como son las balsas de regulación, la mejora de la eficiencia energética, la utilización de aguas regeneradas y los nuevos regadíos en determinadas condiciones.
En cuanto al gasto mínimo dedicado a medidas que tengan que ver con agroambiente y clima, se ha conseguido incluir, además de las medidas previstas en la propuesta de la Comisión, otras actuaciones que persiguen estos mismos efectos. A este conjunto de medidas se destinará un 30% del presupuesto asignado. Entre estas medidas están las forestales, la directiva marco de agua, zonas Natura 2000, biodiversidad y las zonas con limitaciones naturales.
Otro aspecto esencial de la negociación ha sido el relativo a las tasas de cofinanciación, de manera que las regiones menos desarrolladas (Extremadura) y las regiones en transición (Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia) dispongan de una tasa del 85% (el 63% para Murcia), que pueden incrementarse en el caso de determinadas medidas (agroambientales, LEADER, agrupaciones de productores, cooperación, medidas financiadas con transferencias del primer pilar)
También se ha logrado incluir la diversificación hacia actividades no agrarias de las pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el medio rural, que inicialmente estaban excluidas de la fina
nciación.
Reglamento horizontal
En lo que respecta al Reglamento Horizontal, en el que se recogen los aspectos financieros y de control de la PAC, las principales mejoras conseguidas con el acuerdo alcanzado son:
Las ayudas directas se podrán comenzar a pagar, en forma de anticipos, a partir del 16 de octubre de cada año. De esta forma, ya no será necesario contar con la aprobación previa de la Comisión para poder realizar este anticipo, lo que permitirán todos los años adelantar los pagos que reciben los agricultores y ganaderos.
En la aplicación del nuevo «componente verde» o greening, se simplifica la aplicación de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento y se ha reducido el porcentaje máximo de las sanciones al 25 %, tras un período transitorio de dos años en los que las sanciones máximas serán del 15 y del 20 %. Con ello se permite que «el componente verde», al tratarse de un nuevo pago, sea exceptuado del régimen sancionador general, con un porcentaje de sanciones más reducido y con un período transitorio, con el objeto de que los agricultores y ganaderos puedan adaptarse más fácilmente.
Se ha logrado un período transitorio para que los Estados miembros puedan incorporar en sus registros de parcelas agrícolas (el SIGPAC en España) las superficies de interés ecológico, dada la enorme cantidad de recursos que serán necesarios para digitalizar estas informaciones en los sistemas informáticos.
Se ha logrado una simplificación real de la condicionalidad, eliminando requisitos y normas de difícil cumplimiento por parte de los agricultores, al no estar su cumplimiento directamente vinculado a la actividad agraria. Es destacable también que, en el ámbito de la Condicionalidad, con el objeto de lograr un trato equitativo, a todos los agricultores y de proporcionar la seguridad jurídica necesaria, se ha logrado posponer la introducción de los requisitos derivados de la Directiva Marco del Agua y del uso sostenible de los fitosanitarios, hasta que estas normas estén plenamente aplicadas en todos los Estados miembros.
Se ha logrado introducir la posibilidad de que los Estados miembros puedan reducir el porcentaje de controles sobre el terreno que realizan sobre los beneficiarios, cuando sus sistemas de control demuestren que reúnen los requisitos necesarios para garantizar que los pagos se realizan correctamente. Esta posibilidad, permitirá reducir costes administrativos a las administraciones y, sobre todo, reducirá la carga inspectora y los costes a los agricultores y ganaderos.
Se ha ampliado de 2 a 3 años, el período adicional de que dispondrán los Estados miembros para ejecutar los fondos de Desarrollo Rural procedentes del FEADER. De esta forma, los Estados miembros dispondrán de más flexibilidad para ejecutar los fondos que tienen asignados y, con ello, evitar el riesgo de pérdida de financiación.
Igualmente se han modificado numerosas disposiciones relativas a la gestión financiera y el control de los fondos agrícolas, que redundarán en una mayor eficacia y agilidad en la gestión de los fondos comunitarios.
