Miles de personas han acudido a un reparto gratuito de alimentos en la plaza de Isabel II de Madrid, a pocos metros del Senado. UPA ha entregado más de 10 toneladas de alimentos a los asistentes, entre tomates, sandías, melones, pimientos, berenjenas y calabacines, además de aceite de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Sierra Mágina y leche proveniente de Galicia. El resto de alimentos donados por los agricultores se han depositado en las instalaciones que el Banco de Alimentos tiene en Mercamadrid.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha explicado que este acto reivindicativo ha tenido lugar cerca del Senado porque esta semana se cumple el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de la Cadena Alimentaria demandada durante años por el sector. En declaraciones a los medios, Lorenzo Ramos ha explicado que «tenemos la oportunidad de que haya una ley que pueda regular el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, pero debe de ser una Ley que sirva de verdad y que resuelva los problemas que tenemos».
Ramos ha asegurado que la Ley es «un buen documento», pero que «necesita mejoras a las que el PP se ha cerrado en banda» durante su trámite en el Congreso de los Diputados. UPA apoya que se establezcan contratos obligatorios por escrito para todos los eslabones, pero pide que incluyan precios de referencia, es decir, lo que debería cobrar como mínimo el agricultor «para llegar a los costes de producción».
«Reivindicamos una Ley que necesita una serie de mejoras para que sea una normativa que sirva para algo. Necesitamos que haya un organismo de mediación, un mediador para que cuando alguien quiera imponer su ley le diga que no es así porque los códigos de buenas prácticas no funcionan, además de tener un régimen sancionador duro», ha asegurado Lorenzo Ramos.
Entre las medidas que también solicitan que cambien en este proyecto de Ley exigen que las ventas a pérdidas y las campañas de productos reclamo sean «prohibidas» y consideradas como «una práctica abusiva comercial». «Cadenas como Carrefour, con lo que está haciendo con la leche, se están cargando el sector ganadero español. Estas prácticas están acabando con la ganadería española y luego vamos a tener que traerla de fuera y pagaremos todo más caro. Si todo esto no se recoge, la Ley se quedará coja y no servirá de nada», ha avisado.
La organización agraria ha exigido que se implante la figura del mediador en caso de conflicto o incumplimientos de contrato, e incluso con potestad para denunciar prácticas abusivas -como han hecho Francia y Reino Unido porque «los códigos de buenas prácticas no funcionan»-, además de un régimen sancionar con multas más duras.
Según Ramos, el campo quiere «una ley que resuelva los problemas que tenemos» para lo que pide la complicidad del consumidor, porque «puede haber beneficio para todos los eslabones de la cadena».
Tras el reparto, una delegación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha acudido al Senado a entregar de forma simbólica sus enmiendas a la Ley de Cadena Alimentaria, donde han sido recibidos por senadores del PP y del PSOE, a los que han trasladado sus demandas.
