Asaja muestra su preocupación por el retraso que está sufriendo la entrada en vigor y puesta en funcionamiento de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, una norma que nace bajo la premisa de intentar solucionar la falta de transparencia existente en la cadena que repercute y afecta negativamente a los productores, y en especial a su renta al estar desprotegidos frente a situaciones de dominio y abuso, viéndose obligados a vender en muchas ocasiones a pérdidas e incluso por debajo del coste de producción. Esta situación requiere y justifica la puesta en marcha de medidas que eviten el mercadeo con los productos agroalimentarios.
Preocupación que se ve aumentada al tener conocimiento de que la Comisión Nacional de la Competencia ha aprobado un informe sobre determinadas cuestiones relacionadas con el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Entre las cuestiones en las que encuentra reticencias está en la incorporación en el texto de la definición de «coste de producción primaria», en el papel que jugaría el Observatorio de la cadena alimentaria para fijar los costes de producción primaria en los casos en que se detecten indicios de abuso de posición dominante y la inclusión en los contratos de una referencia expresa al precio a fijar que según dice el texto «en todo caso, el precio no podrá ser inferior al coste de producción primaria vigente a la fecha de formalización del contrato en aquellos casos en que dicho coste se haya establecido».
En opinión de la CNC estos conceptos resultan «problemáticos» para el mantenimiento de la competencia, ya que el hecho de establecer que en esos contratos el precio no sea inferior al del coste de producción supone «introducir un suelo de precios o precio mínimo». Es más, en dicho informe se señala que estos «empeorarían el funcionamiento de la cadena alimentaria y tendrían inevitablemente un efecto negativo sobre los consumidores».
Nos llama la atención que para Competencia los posibles desequilibrios de poder negociador entre los productores y sus compradores «no constituyan un fallo de mercado que justifique una intervención pública de tal intensidad sobre la dinámica competitiva del mercado».
No es la primera vez que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la competencia en el mercado muestra su disconformidad con algunos aspectos de este Proyecto de Ley, en otra ocasión se refirió al régimen sancionador que se establece planteando suprimir «el catálogo de prácticas comerciales que se consideran abusivas en la Ley y, en consecuencia, el régimen sancionador previsto».
Por este motivo y ante las posibles modificaciones que pueda sufrir esta norma desde Asaja se insiste en la importancia de velar por el agricultor y el ganadero en las relaciones comerciales, y consideramos que además del cumplimiento de las normas relativas a la competencia y el libre mercado debe considerarse la protección del eslabón más débil, el que sostiene a todo el sistema comercial, valorando su aportación a las exportaciones y la balanza comercial y a la generación de puestos de trabajo. El agricultor y el ganadero son los principales perjudicados por la falta de transparencia, es más los consumidores no se están beneficiando de esta situación totalmente desequilibrada, en nuestra opinión clarificar lo que cobra cada miembro de la cadena es positivo y no debe perjudicar ni a la competencia ni a los consumidores finales.
