«La cadena agroalimentaria está tan desequilibrada que no es sostenible, ni en España ni en Europa». Así de rotundo se mostró el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras el encuentro que mantuvo ayer en Bruselas con el comisario europeo de Mercado Interior y vicepresidente del Partido Popular Europeo, Michel Barnier.
Tras la presentación hace unas semanas de un libro verde sobre prácticas comerciales desleales en la UE, Ramos ha instado al comisario Barnier a dar «pasos claros» que conduzcan a una legislación europea que establezca una regulación que ayude a evitar las prácticas abusivas constatadas en la cadena de suministro alimentario en la Unión.
El debate a nivel europeo se ha dividido entre dos posturas: por un lado, los que apuestan por establecer mecanismos de autorregulación entre los actores del mercado y, por otro, los que defienden la imposición de contratos obligatorios entre las partes que protejan al eslabón más débil: el sector productor.
«La magnitud y el poder de algunos agentes –sobre todo, la distribución- hace que sea imposible confiar en mecanismos voluntarios. Los códigos de autorregulación han demostrado no funcionar. Por eso pedimos transparencia y contratos obligatorios entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, tanto en España como en Europa», han explicado desde UPA.
El líder de UPA defendió ante Barnier y el resto de organizaciones europeas presentes en el COPA-Cogeca la creación de la figura de un mediador que arbitre en casos de conflicto entre las partes. «Las prácticas abusivas, como la que se da en España con el uso de productos reclamo como la leche o el aceite de oliva, deben prohibirse de forma inmediata en todo el continente», recalcó.
UPA cree que la negociación reforma de la PAC, que en estos momentos llega a su fase final, está siendo una «oportunidad perdida», al dejar de lado la introducción de medidas de gestión de mercado orientadas a mejorar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena.
Ramos ha trasladado al comisario Barnier la convicción de que una cadena agroalimentaria justa y equitativa es una garantía de soberanía alimentaria y creación de puestos de trabajo, beneficiando tanto a los agricultores y ganaderos, como a las industrias y distribuidores y, principalmente, a los consumidores.
