El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que con el Proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria «impulsamos una reforma estructural del sector agroalimentario español, con el fin de dotarlo de mayor capacidad para competir en el mercado global en las mejores condiciones».
Según ha destacado el ministro, con estas medidas, «pioneras en la Unión Europea, se va a contribuir a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, garantizando la integridad del conjunto del sistema y mejorando sensiblemente la consideración económica y social de la actividad».
Arias Cañete ha participado hoy en Toledo en el Almuerzo-coloquio sobre la Mejora de la Cadena Alimentaria, Competitividad y Eficacia del Sector Agroalimentario, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). En el acto han estado presentes el presidente de esta asociación, Rafael Miranda; el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado; el delegado del Gobierno en esta comunidad, Jesús Labrador; la Consejera de Agricultura María Luisa Soriano y otras autoridades.
En su intervención, el ministro se ha referido al Proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria que, junto al Proyecto de Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras Entidades Asociativas de Carácter Agroalimentario, «introduce reformas estructurales dirigidas a modernizar y mejorar la competitividad del sector agroalimentario, en beneficio de productores, industria, distribución y, por supuesto, consumidores».
Según ha resaltado el ministro, el sector agroalimentario es de «vital importancia» para impulsar la recuperación económica, ya que se trata de un sector estratégico que proporciona 1,2 millones de puestos de trabajo y contribuye, junto con el transporte y la distribución, al 7,6% del PIB de España. El ministro también ha resaltado su gran aportación a los resultados de la balanza comercial española.
No obstante, Arias Cañete ha señalado que este sector adolece de una importante debilidad estructural, derivada de su escasa dimensión empresarial y falta de concentración. Así, frente al cerca del millón de productores y algo menos de 30.000 empresas industriales, los cinco primeros operadores de la distribución alcanzan el 40,3%, en valor, del mercado nacional de alimentación.
Arias Cañete ha explicado que estas asimetrías de la cadena alimentaria han dado origen a poderes de negociación muy diferentes, «con claro perjuicio para los eslabones más débiles». Según ha subrayado, «a pesar de contar con un alto potencial de desarrollo, la atomización del sector limita su capacidad negociadora, exportadora y de innovación».
PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LA CADENA ALIMENTARIA
Para corregir estos desequilibrios en las relaciones comerciales y establecer un marco de competencia justa, el Ministerio de Agricultura ha impulsado el Proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, «donde abordamos esta problemática desde una perspectiva de conjunto, con el fin de garantizar la unidad de mercado y reforzar la competitividad del conjunto del sector», ha recalcado el ministro, quien ha asegurado que estas actuaciones se están haciendo «con absoluto respeto tanto al derecho comunitario como al marco jurídico de nuestra Constitución».
Asimismo, el titular de Agricultura ha afirmado que para la elaboración del Anteproyecto de Ley se mantuvieron reuniones con representantes de la industria, sector agrario, organizaciones profesionales, Ministerio de Economía y Competitividad y con la Comisión Nacional de la Competencia, entre otros.
Tras someterse el borrador a informe del Consejo de Ministros, se consultó a las Comunidades Autónomas y a los sectores implicados, y se solicitaron informes preceptivos al Consejo Económico y Social, y a la Comisión Nacional de la Competencia. Posteriormente, ha añadido el ministro, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo texto, que fue remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, trámite en el que se encuentra actualmente.
OBJETIVOS
Además de incrementar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario, el Proyecto de Ley busca favorecer la introducción de la innovación y las tecnologías de la información, así como el desarrollo de nuevos canales de distribución.
Al mismo tiempo, Arias Cañete ha detallado que se persigue un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales, fortalecer el sector productor a través de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y mejorar la eficiencia y capacidad de innovación de la industria y la transformación alimentaria.
En cuanto a las empresas de la distribución, el proyecto busca favorecer el desarrollo de su actividad en un marco de respeto a las normas de competencia. «Y, por supuesto, contribuir a garantizar los derechos del consumidor», ha enfatizado. Para ello, el proyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, junto con los mecanismos necesarios para el control de lo establecido.
Así, Arias Cañete se ha referido al régimen de contratación, cuya novedad más significativa es la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. El proyecto también prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo realizadas por mutuo acuerdo, para evitar prácticas comerciales abusivas o desleales.
Por otro lado, la autorregulación de las prácticas comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, «un código impulsado por los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Economía y Competitividad, junto con las organizaciones del sector, y cuya adhesión será voluntaria», ha aclarado.
Por último, el ministro ha mencionado la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria para efectuar el control de lo establecido en el Proyecto de Ley, y el establecimiento de un control administrativo que se aplicará en caso de incumplimiento.
