El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado hoy en Bruselas que «España, desde el primer momento, ha apoyado la concepción de la reforma de la Política Pesquera Común como una oportunidad para mejorar la gestión y el rendimiento de nuestras pesquerías» y ha añadido que «España, que se juega mucho en esta reforma, siempre ha estado a la cabeza de la misma».
Durante su intervención en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete se ha referido a la iniciativa para la prohibición de los descartes que, según el ministro, surge como reacción al «escandaloso fenómeno» de pesquerías como la del bacalao, en las que hasta un 90% de la mortalidad se debe a los descartes, mientras que el plan de recuperación no han podido sacar al stock de la situación de colapso. «España se ha opuesto a situaciones como ésta y desea una profunda revisión de las reglas vigentes», ha recalcado.
Así, Arias Cañete ha apuntado que, a pesar de que en el Consejo de junio pasado no se llegó a un acuerdo sobre los detalles prácticos de aplicación de las nuevas reglas sobre descartes, España apoyó el compromiso confiando en la declaración de la Comisión de que la eliminación de descartes no suponía la reducción de las oportunidades de pesca.
En este sentido, el ministro ha recordado que España posee cuota cero o mínima de muchas especies en aguas comunitarias, por lo que, de no hallarse una solución técnicamente apropiada, «mi país sería el gran perdedor en esta reforma», ha subrayado.
En concreto, el titular de Pesca ha mencionado que España tiene cuota cero de eglefino, carbonero, bacalao, limanda u ochavo; y muy pequeña de especies como la solla, el merlán, la caballa y el lenguado. Todas ellas son, junto a la merluza, el gallo y el rape, especies tradicionales de la flota española.
Por este motivo, Arias Cañete ha explicado que España defendió un sistema que tuviera en cuenta la composición natural de las capturas (cuotas de by catch o capturas accesorias), para así resolver los desajustes entre cuotas y desembarcos. Esta propuesta, ha añadido, figuraba en el compromiso de la Presidencia danesa y era apoyada por la Comisión.
Sin embargo, el ministro español ha lamentado que, desde junio, no se haya realizado ningún trabajo técnico de la Comisión con los Estados miembros para hallar soluciones prácticas. Según ha detallado, «no se han difundido los datos sobre cuotas y descartes, y la desaparición de las cuotas de by catch del nuevo texto de compromiso amenaza con reducir de manera real las posibilidades de pesca de la flota española».
POSICION ESPAÑOLA
Ante esta situación, Arias Cañete ha puntualizado que la posición española es «conocida perfectamente por la Presidencia». Así, ha añadido, «queremos un calendario de implantación de la prohibición de descartes que se inicie en 2016 para la merluza, y culmine en 2018 para las demás especies demersales» (especies de aguas profundas).
Asimismo, el ministro ha señalado que España entiende que el nivel apropiado para una exención de mínimis (que se permita un porcentaje de descartes) es del 10%. «También proponemos una flexibilidad entre especies del 10% y que los Totales Admisibles de Capturas (TAC) se eleven y fijen en función de las capturas, en vez de los desembarques, como hasta ahora».
Por otro lado, y como ha venido defendiendo Alemania para el ochavo en las pesquerías pelágicas, España considera imposible aplicar la obligación de desembarque en las pesquerías demersales de aquellas especies pelágicas (aquellas que habitan en aguas cercanas a la superficie) cuya captura es inevitable y que no pueden conservarse a bordo en fresco más de 2 días sin que se deterioren gravemente, como el ochavo, la bacaladilla y el jurel.
No obstante, el ministro se ha mostrado dispuesto a examinar con otros Estados miembros redacciones alternativas al texto de la Presidencia, que limiten explícitamente el alcance de esta propuesta, por ejemplo requiriendo informes científicos y técnicos previos.
A este respecto, Arias Cañete ha avisado de que «sin una solución a los problemas planteados por España en los grupos de trabajo y en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes), España no podrá capturar las cuotas a las que tiene derecho, y verá alterada su estabilidad relativa, algo que ningún otro Estado miembro aceptaría en esta reforma, y que la Comisión no se ha atrevido a proponer».
Por último, Arias Cañete ha asegurado que, sin una solución a los problemas de España, «esta será una reforma fallida, por no haber incorporado a todos los actores principales de la pesca comunitaria». El ministro cree que la postura que hoy defiende España «es la mejor para el futuro de nuestra pesca, basada en la reflexión y no en el voluntarismo», ha concluido.
