A finales de 2012, entró en vigor en toda Europa el llamado «Paquete Lácteo». Esta normativa, que en España comenzó a aplicarse incluso unos meses antes, buscaba mejorar la posición de los ganaderos en la cadena de valor de los productos lácteos, uno de los sectores más afectados por los abusos de la gran distribución, que hunden el precio en origen del producto y que han provocado el cierre de casi 10.000 explotaciones en los últimos siete años.
Pese a contar en la actualidad con esta legislación orientada a la protección de los ganaderos, UPA ha denunciado que las malas prácticas de la industria –presionada a su vez por la gran distribución- están «desvirtuando» el objetivo de la normativa y limitándose a «cubrir el expediente», firmando contratos con cláusulas «abusivas e intolerables».
La organización agraria ha explicado que las industrias obligan a firmar contratos a los ganaderos «bajo amenazas y coacciones», fijando un precio muy por debajo de los costes de producción. Los índices de referencia de los precios de la leche realizados a través de la Interprofesional Láctea (INLAC) por expertos independientes no son utilizados por las industrias lácteas, lo cual resulta, en opinión de UPA «absolutamente vergonzoso».
«Se han dado casos de industrias que fuerzan al ganadero a firmar un contrato en el que figura un precio, mientras que luego le tranquilizan afirmando que le pagarán más, pero fuera de dicho contrato», explican desde UPA, «es una irregularidad que busca amedrentarnos».
Aunque ningún sector se salva de esta problemática, el ovino y el caprino están sufriendo los abusos «más flagrantes» por parte de algunas industrias, las cuales a juicio de UPA, están dando muestras de «mala voluntad». La organización ha denunciado que en algunos casos la industria ha propuesto al ganadero un contrato 0,12€/litro por debajo de lo que se le está pagando. En otros, los receptores instan a firmar contratos a posteriori, con la leche ya entregada y liquidada.
UPA ha pedido a la interprofesional INLAC y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que «vigilen el cumplimiento de una normativa obligatoria que es la única tabla de salvación a la que podemos agarrarnos los ganaderos para no desaparecer».
