Miguel Martínez Martínez es ya formalmente nuevo presidente del Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla, cuyo consejo territorial se constituyó ayer en Tabernas en un acto al que asistió el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz. Antes del inicio de la reunión, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Rogelio Hidalgo, que falleció a finales de octubre, un día antes de tomar po-sesión del cargo de presidente del GDR.
José Manuel Ortiz, en su intervención, expresó su pesar «por la muerte del amigo Rogelio Hidalgo, que no pudo tomar posesión de su cargo como presidente del Grupo, un reto que por su carácter emprendedor le hubiera gustado asumir, y estoy convencido de que hubiera acogido con el cariño y dedicación con los que asumió todos sus proyectos y empresas a lo largo de su vida».
Miguel Martínez, veterinario de profesión, es jefe del servicio de Inspección Sanitaria en la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, y ocupó el puesto de secretario del GDR en el anterior consejo territorial. El puesto de vicepresidenta lo ocupa Mari Nieves Jaén, alcaldesa de Tabernas; y Fernando magaña, de la sociedad cooperativa Los Filabres, desempeñará las tareas de secretario.
El delegado de la Junta, que felicitó al consejo territorial saliente por el trabajo que ha desarrollado en los últimos años, ofreció al nuevo equipo la colaboración de la Consejería para conseguir sacar adelante los proyectos e iniciativas que presenten los empresarios y emprendedores de la comarca, «proyectos e iniciativas que siempre han contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, a través del GDR, pero que ahora, en estos tiempos de dificultades económicas y financieras, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque son fundamentales para la articulación social, la diversificación económica y el desarrollo de unas zonas en riesgo de despoblamiento».
Más de setenta proyectos en marcha
El GDR Filabres-Alhamilla, dentro del actual plan de desarrollo rural –el LiderA-, ha han aprobado y puesto en marcha 76 proyectos de empresarios y emprendedores, que con una inversión subvencionable de 4,2 millones de euros y una ayuda pública de 2,4 millones, ha permitido la generación de casi 80 empleos. De alguna manera, según destacó Ortiz, estas iniciativas privadas, con el apoyo público, han contribuido a que si bien la comarca no ha incrementado su población –tiene unos 14.000 habitantes-, al menos ha conseguido mantenerse gracias, sobre todo, a la llegada de personas procedentes de otros países, como Reino Unido, países de Sudamérica y de Rumanía.
Son proyectos puestos impulsados por empresas del sector agroalimentario y ganadero –del aceite de oliva, la almendra o los quesos-, en los que empresarios de la comarca han apostado por diferenciarse para exportar sus productos o que han invertido para llevar a cabo mejoras ambientales o incluso para introducir energías renovables en sus instalaciones. También se han aprobado proyectos relacionados con el turismo y la restauración, con la apertura de alojamientos de gama alta de calidad, así como proyectos de pequeñas empresas y de autoempleo, en buena medida impulsados por jóvenes, que de este modo no se han visto abocados a tener que dejar sus pueblos. E iniciativas impulsadas por los propios ayuntamientos, para mejorar la dotación de infraestructuras de sus pueblos y mejorar así la calidad de vida de los vecinos, así como iniciativas promovidas por el propio Grupo de Desarrollo, un instrumento vertebrador del territorio, que pone en marcha proyectos que buscan poner en valor el patrimonio de los pueblos de la comarca y la dinamización de la población.
Preocupación por los recortes
Pese a este balance, Ortiz admitió que las dificultades generales también tienen su reflejo en las políticas de desarrollo rural, pero dijo que «lejos de dar un paso atrás, de lo que se trata es de apostar aún más por estos programas que ayuden a mejorar la competitividad de nuestro medio rural y a fijar la población al territorio». Por eso expresó su preocupación por los recortes de las partidas presupuestarias destinadas a las políticas agrarias, pesqueras y medioambientales, «que pueden poner en riesgo el desarrollo y por tanto la vida misma de muchos pequeños pueblos de nuestras zonas rurales».
