El Gobierno cree que el nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos tendrá «efectos limitados» y que sus concesiones a productos marroquíes, como los hortofrutícolas, no perturbarán «significativamente» los mercados ni los precios, según varias respuestas parlamentarias difundidas hoy. El Ejecutivo estima que ese convenio no supone un expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.
El Gobierno ha dado respuesta escrita a varias preguntas de Izquierda Plural y de la diputada Ana Oramas (Coalición Canaria), que se interesaron por el impacto del convenio agrícola con Rabat, que aumenta la liberalización de las importaciones de ese país y las ventajas para productos como las frutas y hortalizas.
En España, ese pacto ha sido muy criticado por los agricultores, porque esos envíos compiten con los de zonas como Almería, la Comunidad Valenciana, Murcia o Canarias.
El Ejecutivo ha resaltado que la liberalización del comercio con el país magrebí no será total y que, además, se mantienen mecanismos de control de esos envíos, como contingentes y «precios de entrada» con los que son gravados, para garantizar que se venden a una cotización mínima en el mercado europeo. Aunque ha admitido que, para ello, hace falta que Marruecos cumpla «adecuadamente» los términos del acuerdo.
En cualquier caso, el Gobierno ha remarcado que -al igual que Francia e Italia- ha solicitado a la Comisión Europea (CE) la mejora de las normas, para que las autoridades aduaneras tengan instrumentos más eficaces que aseguren que se respeta el protocolo.
En el caso del tomate, ha detallado que aparte del cupo marroquí con un trato preferente -285.000 toneladas-, Marruecos puede seguir exportando a la Unión Europea, pero si para las cantidades que exceden ese contingente «se abonan los derechos arancelarios correspondientes».
En cuanto a otras importaciones, como las de naranjas, cerezas, melocotones, aceite de oliva o vinos, ha planteado que no habrá una repercusión significativa, porque los envíos de esos productos procedentes del país norteafricano ni siquiera cubren los contingentes establecidos en el acuerdo.
Según ha remarcado, en el nuevo protocolo se liberaliza el comercio de algunos productos que ya podían entrar sin límites a la UE en convenios anteriores, durante un calendario coincidente con el de los agricultores españoles.
Respecto a la relación del acuerdo con el Sáhara Occidental, el Gobierno se remite a la posición de la Comisión Europea, quien señala que una liberalización comercial también beneficiará a los territorios saharauis, «al contrario de lo que ocurriría si se produjera una eventual exclusión de dicha región».
A su juicio, el protocolo entraña una posibilidad de desarrollo y de crecimiento de la agricultura en terreno saharaui, donde la producción actual es escasa y se limita a 300 hectáreas.
