El secretario general de ASAJA-Andalucía, Cristobal Cantos, el director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, y el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, han mantenido hoy, día de San Isidro Labrador, su primer encuentro formal con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, a quién le han expuesto los principales problemas del sector agrario andaluz (crisis de precios, robos, heladas y sequía, reforma de la PAC…) y le han trasladado la necesidad imperiosa de reducir la fiscalidad agraria para los olivareros andaluces, un sector que, pese a llevar cuatro ejercicios en pérdidas, ha quedado excluido de la de reciente orden de reducción de los módulos fiscales publicada por el Ministerio de Hacienda en el BOE, al igual que ha sucedido con los cítricos en la provincia de Almería.
La Orden que rebaja los índices de rendimiento neto en los módulos fiscales por los que tributan los agricultores y ganaderos ha dejado fuera a sectores como el olivar andaluz, que lleva cuatro años en pérdidas y sufrió una agudización de su crisis de precios en el ejercicio de 2011, lo que provoca una situación a todas luces injusta, dado que no se puede tributar por unos beneficios que no se han obtenido. Junto al olivar, otro de los sectores olvidados en la provincia de Almería han sido los cítricos, para los que también se ha solicitado una modificación de la Orden.
Y es que en el método de estimación objetiva el contribuyente tributa ante Hacienda según los ingresos obtenidos y sin tener en cuenta los gastos en que se ha incurrido, y por tanto tampoco se tiene en cuenta el beneficio o la pérdida real de la explotación, por ello, puede ocurrir, como de hecho ha ocurrido en el ejercicio 2011, que la inmensa mayoría de explotaciones tengan pérdidas reales y, sin embargo, deban pagar impuestos por los «teóricos beneficios» obtenidos. Para evitar esta situación a todas luces injusta, cada año el Ministerio de Hacienda, tras consultar a las CC.AA., rebaja los módulos en aquellos sectores que hayan sufrido una merma notable de renta.
ASAJA mantuvo el pasado viernes una reunión con los responsables de la Secretaria General de Hacienda, a quienes les trasladó esta misma demanda y les entregó los datos que esta organización ha enviado también al Ministerio de Agricultura, unos datos que reflejan bien a las claras que el sector del olivar no obtuvo beneficios en el ejercicio de 2011, dado que los ingresos obtenidos por la venta de la producción no permitieron siquiera cubrir los costes de la explotación.
A la vista de informes como el del Estudio de Caracterización del Sector de la Aceituna de Mesa y del Aceite de Oliva de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, el Estudio de la Cadena de Valor y Formación de Precios del Aceite de Oliva del MAGRAMA, los datos del Observatorio de Precios y los informes estadísticos de EUROSTAT resulta aún más sorprendente que esta reducción de módulos no haya contemplado al olivar andaluz.
ASAJA-Andalucía ha entregado hoy todos estos informes a la delegada de Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quién se ha comprometido a trasladar esta petición al Gobierno.
Además de este asunto, en la reunión que han mantenido hoy los responsables de ASAJA-Andalucía con la delegada de Gobierno le han informado de la marcha de las negociaciones para la reforma de la PAC, una política que aporta a Andalucía 1.500 millones de euros anuales, de las graves pérdidas sufridas por el sector agropecuario a causa de las heladas y la sequía y cuyas consecuencias sufren ya miles de agricultores y ganaderos, que aún no cuentan con medidas que contribuyan a paliarlas, y por último se ha tratado también el grave problema de los robos en el campo, un asunto con el que la delegada se ha mostrado especialmente receptiva y ha anunciado que, tal y como veníamos demandando desde ASAJA, se va a incrementar la coordinación con los agricultores y ganaderos, para ello la Delegación va a promover la celebración de reuniones específicas, en cada una de las ocho provincias, con los representantes del sector agrario, para conocer los problemas concretos de cada una de ellas y coordinar el incremento de la vigilancia y de las medidas de disuasión de manera planificada y teniendo en cuenta las fechas de recolección y los momentos de máximo riesgo para las explotaciones.
