La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado durante su intervención en la apertura de la Jornada sobre la Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) celebrada en Málaga la necesidad de que la nueva normativa contemple las particularidades de la flota andaluza y sus necesidades.En este sentido, ha resaltado el consenso de los pescadores y la Administración sobre la relevancia de diferenciar la pesca industrial de la artesanal y que esta última se defina por conceptos como «la frescura de los productos y la cercanía de los caladeros», ya que el criterio de eslora propuesto por la Comisión no se ajusta a la realidad de la flota pesquera y marisquera andaluza. Por este motivo, Aguilera considera que sería más conveniente fijar este criterio entre los 20 y 24 metros, en lugar de los 12 que propone Bruselas.
Esta diferenciación, debe plasmarse también, a juicio de la consejera, ante el Fondo Europeo de Pesca, defendiendo que «haya una diferencia de financiación entre ambos sectores, ya que el industrial es más potente» y no precisa el mismo apoyo que la flota artesanal.
Asimismo, la consejera ha exigido que la futura PPC contemple ayudas para desguace de embarcaciones y paralizaciones temporales de pesca, ya que estas subvenciones «son necesarias para la adaptación del sector andaluz a las medidas que podría contemplar esta norma europea puesto que la flota de Andalucía precisa de instrumentos financieros que posibiliten la adaptación de su capacidad extractiva a una pesca sostenible que garantice el futuro de nuestros caladeros».
Esta reconversión «precisa de una financiación adecuada y debe realizarse de forma gradual porque debemos lograr que las poblaciones se mantengan por encima de niveles que produzcan el Rendimiento Máximo Sostenible pero no a costa de un alto impacto socioeconómico para el sector» ha declarado Aguilera.
Por otro lado, la consejera ha aprovechado también para recordar que es necesario crear «un nuevo mapa de Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP) que abarque todo el litoral andaluz y que, de esta forma, las políticas de diversificación que desarrollan estas entidades lleguen a todas las provincias de la Comunidad».
Al margen de la labor que desarrollan los GDP en la revitalización de los municipios costeros cuya economía depende en gran medida de la actividad pesquera, Aguilera ha querido resaltar también el papel de las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP). La consejera ha puesto de manifiesto que la opinión de estas organizaciones «debería tener una mayor presencia en las negociaciones de acuerdos con terceros países en materia pesquera», ya que representan a los productores, que son los principales afectados por los convenios comerciales.
A estas demandas se suma la petición de la Consejería y el sector de una mayor especificación de la normativa en cuanto a la acuicultura y su preocupación por la introducción de concesiones comerciables (ITQ) y las consecuencias que podría traer consigo.
Por último, la consejera ha recordado a los asistentes a esta jornada que el Gobierno andaluz entregó la pasada semana a uno de los ponentes de la reforma de la PPC en el Parlamento Europeo un documento que recoge la posición de Andalucía ante la futura normativa con el fin de luchar hasta el final por lograr que esta política europea contemple los intereses de nuestra Comunidad.
